SANTIAGO DE CHILE (AP) — Las serias y graves violaciones a los derechos humanos en Chile buscan castigar a los manifestantes, denunció el jueves una misión de Amnistía Internacional (AI) a 35 días de un estallido social en el que el presidente Sebastián Piñera admitió abusos y excesos policiales en la represión de las protestas. El gobierno y la policía rechazaron categóricamente el informe.Simultáneamente, diputados avanzan en la tramitación de proyectos sobre mejoras sociales prometidas por Piñera para frenar, hasta ahora sin éxito, las protestas que se reproducían en la tarde con menos manifestantes pero con mayor violencia que en otros días.
En Quilicura, a las afueras de Santiago, un centro comercial era quemado y saqueado. El alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, dijo que solicitó al autónomo Instituto de Derechos Humanos investigar denuncias de presuntas torturas a manifestantes en el interior del centro comercial incendiado.
En Valparaíso grupos de personas realizaban saqueos contra pequeños comercios de la zona aledaña al Congreso y se quemaba una automotora en el centro de la ciudad con llamaradas visibles desde varios puntos del puerto. En la vecina Viña del Mar también se registraban barricadas. También en Antofagasta (norte) y Concepción (sur de Santiago) se producían incidentes violentos.
AI denunció el jueves graves violaciones a los derechos humanos en un informe realizado tras 20 días de observación en terreno Destacó el uso de armamento militar en las represiones de las manifestaciones pacíficas, torturas, abusos sexuales, lesiones oculares por uso de armas antidisturbios y letales o por el mal uso de bombas lacrimógenas.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que durante la vigencia de un estado de emergencia en octubre, y luego la policía, “han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de la libertad de expresión y la asamblea pacífica”.
De su lado, el gobierno, a través de un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazó categóricamente el informe que “pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el Gobierno es la del resguardo y protección de los Derechos Humanos, que ha sido desde el primer día declarada y reiterada por todas las autoridades de gobierno”, señalaron.
La policía chilena manifestó por su parte que nuestra institución “rechaza categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de derechos humanos. Hemos puesto a disposición de la fiscalía todos los antecedentes de cada caso que ha sido objeto de querellas por parte del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y en numerosos casos hemos sido nosotros quienes hemos” denunciado los hechos, afirmó la coronel Karina Sosa Muñoz, de la dirección de DDHH humanos de Carabineros, señalando que ya hay 690 sumarios administrativos internos.
El informe de AI afirma que el Ejército uso al menos en cuatro ocasiones el uso de rifles GALIC ACE y FAMAE SG 540 semiautomático y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal. En algunos casos las policías de investigaciones y uniformada también utilizaron munición letal.
Pilar San Martín, especialista del equipo de crisis, indicó que en las decenas de casos documentados por la organización, “ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o ser matada”.
BOGOTÁ (AP) — Los colombianos molestos con el presidente Iván Duque y esperanzados en canalizar la ola de descontento que recorre Latinoamérica salieron a la calle el jueves en una de las mayores protestas en la historia reciente del país.Estudiantes, docentes y sindicalistas marcharon en diversas ciudades para protestar por diversos problemas, desde la desigualdad económica a la violencia contra líderes sociales, poniendo a prueba a un gobierno conservador impopular en una época en que la inestabilidad sacude la región.
Según la policía, 207.000 personas participaron en las distintas movilizaciones.
“Ya era hora”, dijo Julio Contreras, un estudiante de medicina de 23 años. “No más de lo mismo: mentiras, corrupción. Aquí estamos para dar la pelea”.
Las protestas fueron predominantemente pacíficas, pero al anochecer se tornaron violentas luego de que los manifestantes apedrearon a la policía antimotines, que respondió con gases lacrimógenos. En un momento dado, los inconformes intentaron ingresar al Congreso y desgarraron parte de una tela negra que protege un edificio histórico en la afamada Plaza de Bolívar.
Los analistas se mostraron escépticos de que las protestas pudieran generar una agitación prolongada, similar a la ocurrida recientemente en Bolivia, Chile y Ecuador, y destacaron la falta de factores que unifiquen a un país dividido que tiene uno de los mejores desempeños económicos de la región.
“No estamos en un clima preinsurreccional”, dijo Yann Basset, profesor en la Universidad del Rosario de Bogotá. “No sé si haya realmente un rechazo del sistema político en general”.
BOGOTÁ (AP) — Los colombianos molestos con el presidente conservador Iván Duque esperan canalizar la ola de descontento que recorre Latinoamérica cuando salgan a la calle el jueves con una larga lasta de reclamos que incluye desde la persistente desigualdad económica a la violencia contra activistas sociales.Se espera que sindicatos, grupos de estudiantes y ciudadanos de a pie se unan en lo que podría ser una de las mayores movilizaciones de los últimos años en el país, poniendo a prueba a un gobierno impopular en un momento en que la inestabilidad sacude la región.
Pero los analistas son escépticos con que la protesta pueda generar una agitación prolongada como ocurrió recientemente en Bolivia, Chile y Ecuador, destacando la falta de factores que unifiquen a un país dividido y con uno de los rendimientos económicos más sólidos de la zona.
“No estamos en un clima preinsurreccional”, dijo Yann Basset, profesor en la Universidad del Rosario de Bogotá. “No sé si haya realmente un rechazo del sistema político en general”.
Sin embargo, el gobierno de Duque está alerta y desplegó 170.000 agentes para reforzar la seguridad al tiempo que cerró los pasos fronterizos y deportó a 24 venezolanos acusados de ingresar al país para fomentar la agitación.
“Se está preparando como si esto fuera una guerra”, señaló Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “Es muy vago lo que han mostrado de una posible alteración de orden público”.
Duque, que tiene un discreto índice de aprobación del 26%, se ha embarcado en una ofensiva de seducción para intentar conectar con la población y contrarrestar las afirmaciones erróneas en redes sociales que apuntan que propuso elevar la edad de jubilación y reducir los salarios a los trabajadores jóvenes.
“Yo no vengo a hablar de jardín de rosas”, manifestó en una entrevista en una emisora de radio. “Estoy hablando de un país que está en recuperación, una economía que está mejorando, que se desempeña hoy en las mejores de Latinoamérica”.
Aun así, muchos colombianos dicen que tienen muchas razones para estar enojados.
A pesar del acuerdo de paz alcanzado por el anterior gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, gran parte del país sigue sumido en la violencia mientras grupos ilegales armados compiten por territorios en los que el estado no ha establecido aún su presencia. Docenas de indígenas y líderes sociales fueron asesinados en crímenes que siguen sin resolver. El ejecutivo de Duque ha hecho una pequeña mella en la reducción de los cultivos de coca, pero los campos con la planta que se emplea para elaborar la cocaína siguen cubriendo amplias zonas.
Mientras tanto, el gobierno de Duque ha sufrido una serie de embarazosos reveses.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció a principios de noviembre tras las revelaciones de que al menos ocho menores murieron en un ataque contra una pequeña banda de disidentes. El aliado clave de Duque, el expresidente Álvaro Uribe, está siendo investigado por presunta manipulación de testigos. Y el propio Duque fue criticado por mostrar unas fotografías en la Asamblea General de Naciones Unidas que, según dijo, eran la prueba de que el gobierno socialista de la vecina Venezuela da refugio a rebeldes izquierdistas colombianos, aunque después se supo que al menos una de esas imágenes había sido tomada en su país.
Aunque la economía colombiana creció a un ritmo más rápido este año, la nación sigue teniendo uno de los niveles de desigualdad más altos de Sudamérica. Casi el 11% de la población está desempleada, un dato que sube al 17,5% en adultos jóvenes.
“El país está en una profunda crisis”, apuntó Daniel Sánchez, un estudiante de arquitectura que tiene previsto manifestarse el jueves. “El gobierno no escucha a la gente”.
Al contrario que en otras protestas recientes, no hay un evento cristalizador que haya provocado la movilización, sino que existen una serie de quejas que varían ampliamente en función de a quien se pregunte.
Las declaraciones de ministros sobre posibles reformas financieras generaron preocupación entre los sindicalistas por las pensiones y la ley laboral, aunque el gobierno de Duque insiste en que esas propuestas no existen.
Los grupos de estudiantes acusan al ejecutivo de incumplir parcialmente un acuerdo para mejorar la financiación de la economía alcanzado tras una ola de protestas el año pasado. Duque incrementó el presupuesto educativo a lo que dijo que es su mayor nivel en la historia de Colombia, pero los activistas estudiantiles señalan que siguen faltando fondos para la ciencia.
Los manifestantes evaluarán a lo largo del jueves qué acciones podrían tomar en los próximos días para mantener el movimiento vivo, explicó el líder estudiantil José Cárdenas.
“Lo que pasa en Chile es un mensaje contundente”, señaló.
Los analistas dudan que las protestas en Colombia se acerquen a las masivas movilizaciones de Chile y otros países de la región, apuntando a una serie de diferencias clave, incluso aunque existan paralelismos en factores económicos subyacentes como la profunda desigualdad y el aumento del costo de la vida.
Por un lado, los votantes rechazaron ampliamente al partido gobernante en las recientes elecciones municipales, lo que sugiere que muchos siguen viendo una opción de cambio en los partidos de la oposición, dijo Basset.
“Esto habla más bien de un sistema que tiene alternativas”, apuntó. “Es bastante distinto”.
Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, señaló que la respuesta de las autoridades a las protestas tendrá mucha importancia.
“No es inapropiado dar una respuesta de seguridad a las amenazas de seguridad”, dijo. “El desafío real será asegurarse de que esté dirigida correctamente y que se mantiene dentro de los límites apropiados”.
EL ALTO, Bolivia (AP) — Jeanine Áñez, declarada presidenta interina de Bolivia, envió al Congreso un proyecto de ley convocando a nuevas elecciones en un intento por pacificar el país tras la violenta jornada de la víspera en La Paz, que derivó en ocho muertes y elevó a 30 las víctimas fatales por la convulsión tras las fallidas elecciones del 20 de octubre.En tanto, el partido del expresidente Evo Morales, que controla la mayoría legislativa, presentó su propio proyecto en el que reconoce la renuncia del exgobernante y la de su vicepresidente Álvaro García. Además señala que ambos dejaron el país para asilarse en México, lo cual allana el camino hacia un acuerdo político para encaminar los nuevos comicios.
El expresidente ha dicho desde México que la Asamblea Legislativa debería tratar su renuncia y rechazarla, lo cual lo habilitaría para volver al país y concluir su gestión hasta el 21 de enero de 2020.
Los dos proyectos de ley serán debatidos por las dos cámaras desde el jueves. “Estamos en buen camino hacia un acuerdo”, dijo el senador Oscar Ortiz, de la misma bancada a la que pertenece Añez.
En tanto, Añez, dijo en rueda de prensa que “este proyecto del Ejecutivo puede ser perfectible y sirve de base para el consenso”, en alusión a los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, que controla la mayoría parlamentaria.
“El fraude electoral provocó la convulsión que vive el país”, aseguró.
El Congreso no tiene un plazo definido para responder, pero se espera que sea pronto dada la urgencia del asunto.
LA PAZ (AP) — Al menos tres personas murieron y otras 30 resultaron heridas durante un operativo policial y militar para abastecer de combustible a la ciudad de La Paz, con lo que la cifra de fallecidos se eleva a 27 tras cuatro semanas de convulsión política y social en Bolivia.El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo informaron el martes sobre la muerte de tres personas. Nadia Cruz, Defensora del Pueblo dijo que los fallecidos fueron identificados como Deybi Posto Cusi, de 31 años, Edwin Jamachi Paniagua y un tercer fallecido aún no identificado.
En tanto, el fiscal Williams Alave explicó que se realizan las autopsias a los cuerpos.
La policía y las Fuerzas Armadas realizaron por la mañana un operativo con un convoy de autos cisternas para transportar combustible hasta La Paz desde la planta de gas en el barrio de Senkata, en la vecina ciudad de EL Alto, tras la escasez que dejó el bloqueo carretero hace cinco días por personas afines al expresidente Evo Morales.
Cruz explicó que en un informe preliminar los fallecidos habrían sido por impacto de arma de fuego. “Se desconoce las circunstancias en que ocurrió el hecho”, agregó.
La representante también pidió la desmovilización de las Fuerzas Armadas a fin de evitar que se produzcan más muertes.
“Es un operativo sorpresa. Nosotros lo que queremos es abastecer a la ciudad. Nosotros esperamos que no haya disturbios en exceso”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora a la televisora ATB.
Agregó que unas 23 cisternas lograron pasar para abastecer de combustibles la ciudad.
El ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que las Fuerzas Armadas no usaron armas de fuego en el operativo.