CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El fracaso de la operación para capturar a un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, seguido de días de explicaciones cambiantes por parte del gobierno, ha expuesto no tanto que México tiene una estrategia fallida de seguridad, sino en realidad ninguna, a decir de expertos.
Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad han definido su estrategia enfocándose en lo que no es _según los expertos_ diciendo que México ya no está librando una guerra contra las drogas ni busca capturar ni matar a capos del narcotráfico, como hicieron gobiernos anteriores.
Sin embargo, esas palabras aparentemente se contradicen con la fallida misión del 17 de octubre para capturar a Ovidio Guzmán, un personaje del cártel de Sinaloa, en Culiacán, una ciudad que controla esa organización, la cual parecía ese día una zona de guerra.
Cuando le preguntan que defina su estrategia para frenar la elevada tasa de homicidios y a los cárteles del narcotráfico responsables de numerosas muertes, López Obrador responde con ideas filosóficas más que con estrategias, y a menudo menciona una variedad de programas sociales.
El mandatario dijo el jueves que su gobierno no será forzado a declarar una guerra al narcotráfico, y afirmó que su estrategia tiene un enfoque diferente.
“Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, declaro el presidente, quien atribuyó a la corrupción la inseguridad, la violencia y el narcotráfico en el país.
López Obrador pareció culpar a todos de los sucesos en Culiacán salvo a los narcotraficantes, e incluso arremetió contra la prensa, de la que dijo ha incurrido en el “amarillismo”.
“Esto es pacificar al país convenciendo, persuadiendo, sin violencia, ofreciendo bienestar, opciones alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores”, apuntó
LA PAZ (AP) — El gobierno boliviano y la oposición se culpaban mutuamente de las dos muertes ocurridas el jueves, la jornada de protestas más violenta desde las cuestionadas elecciones presidenciales.
“Lamento mucho (las muertes), pero todo esto viene de la violencia (opositora) que busca un golpe de Estado”, dijo el presidente Evo Morales.
Poco después, en una declaración a la prensa, el mandatario bajó la intensidad de su discurso y pidió a los opositores dejar en suspenso las protestas hasta que concluya la auditoría electoral que comenzó el jueves una comisión de la Organización de los Estados Americanos.
Sin embargo, por la noche, jóvenes se enfrentaron con la policía cerca del palacio de gobierno durante varias horas tras asistir a una protesta multitudinaria en el centro de la ciudad de La Paz. La policía arrojó gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los manifestantes, y hubo dos heridos y tres detenidos, según medios locales.
Uno de los jóvenes relató a la televisora Red Uno que seguidores del mandatario los provocaron, y la policía no lo evitó.
Más temprano se decidió en la masiva concentración que las movilizaciones continúen hasta que el gobernante renuncie y se convoque a elecciones con nuevas autoridades electorales.
En paralelo, en la ciudad de Santa Cruz se efectuó otra reunión multitudinaria encabezada por Luis Fernando Camacho, el líder de las protestas en esa región del oeste, un bastión opositor, quien también exigió la renuncia inmediata de Morales por “provocar los enfrentamientos” que derivaron en la muerte de dos personas allí.
“Pedimos nuevas elecciones en las que no puede participar el tirano (Morales)”, afirmó ante miles de personas, que decidieron darle su apoyo y continuar con el paro en esa región.
Por su parte, el expresidente Carlos Mesa, segundo en los cómputos oficiales de los comicios del 20 de octubre, reclamó una “investigación imparcial” y llamó a sus seguidores a “continuar la movilización con acciones pacíficas”.
LA PAZ (AP) — La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará 30 expertos a Bolivia para auditar las elecciones del 20 de octubre, en las que el presidente Evo Morales pareciera haber evitado una segunda vuelta. Sin embargo, su rival, el expresidente Carlos Mesa, dijo que no aceptará una auditoria “en los términos pactados” por el gobierno.
El canciller Diego Pary informó a la prensa el miércoles que concluyó la negociación con la OEA para que el organismo envíe a los observadores. “Los expertos llegan entre hoy y mañana”, explicó. Indicó que también se invitó a participar a los gobiernos de España, México y Paraguay.
Poco después, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, escribió en Twitter que la auditoria durará entre 10 y 12 días y se centrará en la verificación de cómputos --actas y papeletas--, proceso informático, componente estadístico y proyecciones.
No obstante, Mesa --quien habría quedado en segundo lugar después de que concluyera el conteo oficinal-- declaró públicamente que las fuerzas opositoras “no aceptamos la auditoría en los actuales términos pactados unilateralmente” por el gobierno y agregó que las autoridades negociaron directamente con la OEA sin consultarlos.
Según la oposición, en los comicios del 20 de octubre se produjo un fraude para favorecer a Morales.
El canciller Pary explicó que “la auditoría se concentrará en la jornada electoral y las fases posteriores” y será integral y vinculante. Sin embargo, la oposición quiere que la investigación incluya la fase previa a la elección, cuando el Tribunal Supremo Electoral fue acusado de favorecer al oficialismo.
CARACAS (AP) — Sin abandonar las emergencias, entre otras áreas críticas de los hospitales, las enfermeras venezolanas realizaban el miércoles un paro de 24 horas. Demandaban aumentos salariales justos y mejoras en los servicios de salud.
El severo deterioro estructural y la deficiente dotación de insumos de las clínicas del país en muchos casos se traduce en la muerte de pacientes.
“Estamos en una situación de hambre y miseria”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, quien junto a un grupo de manifestantes se apostaron a las puertas del Hospital del Pediátrico J.M. de los Ríos de Caracas para protestar.
El paro se cumple en 20 estados de los 23 del país, informaron los gremios de enfermeras.
Las enfermeras ganan en promedio el equivalente a un dólar y medio como salario mínimo mensual.
Hace un par de semanas se aprobó que su salario mensual incremente. La medida aplicará de manera retroactiva y a partir del 1 octubre su salario mensual es de 240.000 bolívares (poco más de nueve dólares).
Venezuela está sumida en una severa crisis social y económica signada por bajos salarios, deteriorados servicios básicos, alta inflación, escasez y altos costos de alimentos y medicinas.
Según previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación cerrará el año en 200.000%.
“Nosotras tenemos la experiencia y las ganas de trabajar”, pese a “los sueldos de hambre, pero no podemos dar una buena atención cuando no hay luz, no hay agua, medicinas, no hay mantenimiento en los hospitales, los quirófanos están fuera de servicio, a veces ni siquiera hay comida para alimentar a los hospitalizados”, acotó Contreras.
LA PAZ (AP) — Choferes del transporte público se enfrentaron el martes con palos y piedras con manifestantes en un intento por romper los cortes callejeros que impiden el tráfico en la segunda semana de protestas en Bolivia contra el presidente Evo Morales, a quien la oposición acusa de fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.
“Nosotros vivimos de la renta del día. Si no trabajamos, no comemos”, dijo un chofer en medio de empujones y amagues de golpes con vecinos que mantenían cortada una avenida del centro de La Paz.
Los ánimos estaban exaltados y choques similares tenían lugar en otros barrios y otras ciudades. La policía dispersó con gases lacrimógenos a los bandos rivales.
La víspera otros enfrentamientos dejaron 40 heridos, varios de ellos de bala, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, que lleva seis días de huelga en “defensa del voto y contra el fraude electoral”.
La policía informó de una veintena de detenidos.
Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado “clamoroso y urgente a los actores políticos... para reducir tensiones y rechazar todo acto de violencia en estos difíciles momentos”.
Mediante un comunicado también pidió que se garantice el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo la libertad de expresión, opinión y el derecho de manifestarse pacíficamente.
Por su parte, Morales proclamó su triunfo la víspera con una gran concentración en la vecina ciudad de El Alto. “Qué demuestren dónde está al fraude”, dijo el gobernante y acusó a la derecha de buscar un golpe de Estado para derrocarlo.