WASHINGTON (AP) — Si los demócratas en la Cámara de Representantes prosiguen con el proceso de juicio político en contra del presidente Donald Trump, su caso se sustentará en gran medida en la acusación de que el mandatario buscó ayuda de un gobierno extranjero, con cientos de millones de dólares en ayuda de por medio, a fin de obtener información perjudicial de un oponente político para impulsar su campaña de reelección.Pero, de ser cierto, ¿sería un delito? La respuesta podría no importar. No se requiere de un acto criminal para destituir a un presidente.
El estándar establecido en la constitución de “delitos y faltas graves” para un juicio político es ambiguo y deja la puerta abierta para incluir los abusos de autoridad incluso si no son, en su término más estricto, ilegales, según los expertos.
La controversia gira en torno a una llamada telefónica efectuada en julio en la que Trump le pidió al presidente de Ucrania que investigara a su oponente político, el demócrata Joe Biden, según una transcripción difundida el miércoles por la Casa Blanca. Una denuncia de informante dada a conocer el jueves señala que hubo un esfuerzo coordinado por parte de la Casa Blanca para suprimir la transcripción de la llamada y describe una oscura campaña diplomática de parte del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani.
El Departamento de Justicia no cree que Trump haya violado alguna ley con su conversación telefónica del 25 de julio con su contraparte ucraniano Volodymyr Zelenskiy. “Creo que debemos repasar el proceso. A lo que voy, es que nadie me ha demostrado qué ley se violó”, dijo el senador republicano Rick Scott.
Pero el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, describió varios posibles delitos que pudieron haberse cometido en caso de que Trump haya retenido “fondos autorizados por el Congreso como herramienta de presión, si el presidente estuvo involucrado en un tipo de extorsión a un país extranjero para indagar o fabricar información perjudicial sobre su rival, si hubo un intento de encubrir estos actos”.
Tanto Schiff como la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, describieron los actos de Trump como un “chantaje”.
La Constitución establece un juicio político o destitución del presidente, y otros funcionarios civiles por “traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”. Las primeras dos ofensas son relativamente sencillas de entender, pero es difícil definir el apartado de “delitos y faltas graves”.
“Tiene el objetivo de englobar la idea de que una persona ha incumplido de manera grave los términos de su gobierno. Incluso si no cometió una ofensa penal, ¿sus acciones constituyen un abuso de autoridad?”, dijo Corey Brettschneider, profesor de ciencias políticas en la Universidad Brown.
En 1970, el entonces líder republicano de la cámara baja Gerald Ford, definió una ofensa meritoria de juicio político como “lo que sea por lo que la mayoría de la Cámara de Representantes” haya votado.
La descripción de Ford tal vez sea técnicamente precisa — se requiere de una votación por mayoría en la Cámara de Representantes para dar inicio a un juicio político —, pero muchos expertos legales aseguran que lo dicho por Ford encaja en términos políticos, pero no con la historia de Estados Unidos.
Por otro lado, las evidencias en un juicio político están por debajo del estándar de los casos penales, que va más allá de la duda razonable, a pesar del término “faltas graves”.
Los defensores del presidente en juicios políticos previos por lo general argumentan que la Cámara de Representantes no debería votar por un juicio político a menos que el mandatario haya cometido un crimen, dijo Frank Bowman III, profesor de derecho en la Universidad de Missouri y autor del libro: “A History of Impeachment for the Age of Trump” (Una historia de juicio político para la era de Trump).
“El argumento tiene mucho eco entre la gente. Parece ser de sentido común”, pero no lo ha sido en más de 600 años de historia legal británica y estadounidense, comentó Bowman.
Bowman dijo que las acciones de Trump ilustran su argumento.
“No llevas al tipo a un juicio político por violar un estatuto electoral sumamente técnico. Lo enjuicias porque extorsionó a un país extranjero para que le proporcionara ayuda política”, comentó.
Durante el juicio político al presidente Bill Clinton, los republicanos que controlaban la cámara baja iniciaron el proceso contra Clinton por cargos de obstruir la justicia y mentirle a un jurado investigador en relación a su amorío con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky. Pero cuando el Senado llevó a cabo el juicio por esos cargos, 10 de los republicanos se sumaron a los demócratas para absolver a Clinton en uno de los cargos, y cinco de los republicanos votaron a favor de Clinton en el otro.
Los republicanos nunca lograron convencer a la mayoría del país que su persecución de Clinton no tenía un trasfondo partidista ni que el mal comportamiento del que se le acusaba _básicamente mentir sobre su amorío_ era lo suficientemente grave para destituirlo.
En cambio, en 1974, el presidente Richard Nixon renunció después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes aprobó en votación tres argumentos de juicio político en su contra por obstrucción de la justicia, abuso de autoridad y desacato del Congreso. Los legisladores republicanos, que en su mayoría respaldaron a Nixon en los primeros días de la investigación Watergate, dejaron en claro que no lo defenderían una vez que se difundió una grabación secreta en la que se revelaba su participación en la intrusión a las instalaciones del Partido Demócrata, que había dado origen al escándalo.
En este momento, parece descabellado pensar que el juicio político de Trump en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, resulte en su destitución por una votación de una mayoría absoluta de dos terceras partes en el Senado, donde los republicanos son mayoría. Se requeriría que 20 senadores republicanos votaran en contra del mandatario — una situación poco probable — se haya o no cometido un delito.