COLLEGE PARK, Maryland (AP) .— La prohibición de Maryland de contratar empresas que boicotean a Israel pisotea los derechos de la Primera Enmienda de un ingeniero de software que aboga por los palestinos, un grupo de derechos civiles musulmanes afirma en una demanda presentada el miércoles.
La demanda federal del Council on American-Islamic Relations busca impedir que el estado haga cumplir una orden ejecutiva que el gobernador de Maryland, Larry Hogan, firmó en octubre de 2017.
La orden requiere que los contratistas certifiquen por escrito que no boicotean a Israel. La demanda del grupo afirma que la orden tiene un efecto paralizante inconstitucional en la defensa política protegida por la Primera Enmienda que apoya a los palestinos.
CAIR dice que otros 25 estados han promulgado medidas similares a las de Maryland, a través de la legislación u órdenes ejecutivas. El abogado de CAIR, Gadeir Abbas, dijo que otras demandas federales han cuestionado medidas en Arizona, Arkansas, Kansas y Texas.
CAIR demandó a Hogan y al fiscal general del estado, Brian Frosh, en nombre del ingeniero de software Syed Saqib Ali, ex legislador estatal. La demanda de Ali dice que la orden le prohíbe ofertar por contratos gubernamentales de programas de software porque apoya boicots a empresas y organizaciones que "contribuyen a la opresión de los palestinos".
"El discurso y la promoción relacionada con el conflicto entre Israel y Palestina es un discurso político central sobre un asunto de interés público que tiene derecho a los niveles más altos de protección constitucional", dice la demanda.
Raquel Coombs, una portavoz de la oficina del fiscal general, dijo que el fiscal general no había visto la demanda y no comenta sobre los litigios pendientes. Una portavoz de la oficina de Hogan dijo: "Estamos seguros de que nuestra orden ejecutiva es totalmente coherente con la Primera Enmienda y se mantendrá en los tribunales".
Ali, residente de Gaithersburg, se desempeñó como miembro de la Cámara de Delegados de Maryland de 2007 a 2011 y representó al Condado de Montgomery como demócrata. Acusó a Hogan, un republicano, de poner fin a la Legislatura al firmar la orden ejecutiva después de que los legisladores rechazaran repetidamente varios proyectos de ley "anti-BDS" dirigidos al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones dirigido por los palestinos.
"Esto es inaceptable, y Larry Hogan debería saber que nuestros derechos no serán afectados por él", dijo Ali en una conferencia de prensa en Baltimore.
La orden ejecutiva dice que un boicot basado en la religión, el origen nacional o el origen étnico es discriminatorio. Un boicot de negocios a Israel y sus territorios "no es una decisión comercial tomada por razones comerciales o económicas", dice.
"Los contratos con entidades comerciales que discriminan hacen que el Estado sea un participante pasivo en la discriminación comercial del sector privado", dice la orden.
En diciembre, el semanario Arkansas Times presentó una demanda para bloquear una medida similar. Esa ley estatal, que entró en vigencia en agosto de 2017, requiere que los contratistas reduzcan sus tarifas en un 20 por ciento si no firman un compromiso de no boicotear a Israel.
La oficina del fiscal general de Arkansas, Leslie Rutledge, argumentó que boicotear a Israel no es una actividad protegida por la Primera Enmienda.
"No es un discurso, ni es una conducta que es inherentemente expresiva, ni una actividad asociativa que ofrece protección constitucional", escribieron los abogados que representan a la oficina de Rutledge.