SEATTLE (AP) — Un juez federal en el estado de Washington bloqueó el jueves nuevas normas del gobierno de Donald Trump que proporcionarían obstáculos adicionales para las mujeres que intenten abortar, incluyendo el prohibirle a clínicas financiadas por los contribuyentes hacer recomendaciones sobre dónde acudir para este procedimiento.

El juez Stanley Bastian en Yakima concedió el interdicto preliminar en casos presentados por el estado y por grupos defensores del derecho a abortar, dijo Bob Ferguson, secretario de Justicia de Washington. Las nuevas normas iban a entrar en vigor el 3 de mayo.

“El fallo de hoy asegura que las clínicas en toda la nación puedan seguir abiertas y seguir proporcionando atención de calidad, imparcial, para la salud de las mujeres”, afirmó el demócrata Ferguson en un comunicado enviado por correo electrónico.

El fallo fue emitido dos días después de que un juez federal en Oregon, en una audiencia por una impugnación aparte presentada por 20 estados, dijo que pretendía bloquear las normas, al menos parcialmente. Ese juez, Michael McShane, insinuó que estaba renuente a emitir un interdicto a nivel nacional, pero dijo que la nueva política gubernamental estaba motivada por “una suposición arrogante de que el gobierno está mejor equipado para dirigir los cuidados de salud de las mujeres que los que los proveen”.

El Título X es una ley de 1970 diseñada para mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar, en especial para las mujeres de bajos ingresos y las que viven en áreas rurales, pero los opositores al aborto y los conservadores religiosos dicen que ha sido utilizada desde hace tiempo para subsidiar indirectamente a los que realizan estos procedimientos.

El aborto es un procedimiento médico legal, pero las leyes federales prohíben el uso del Título X u otros fondos de los contribuyentes para pagar abortos, excepto en casos de violación, incesto o para salvar la vida de la mujer.

Las clínicas que reciben dinero bajo el Título X proporcionan una amplia gama de servicios, incluyendo control de la natalidad y exámenes para detectar la diabetes, enfermedades de transmisión sexual y cáncer. El programa proporciona servicios a 4 millones de pacientes, de los cuales aproximadamente 1,6 millones obtienen servicios a través de la organización Planned Parenthood, especializada en servicios de salud reproductiva.

Además de prohibir que las clínicas financiadas con dinero de los contribuyentes recomienden opciones a las pacientes para realizarse un aborto, los cambios le prohibirían a las clínicas que reciben dinero federal el compartir espacio de oficinas con los que efectúan abortos, una norma que sus críticos dicen obligaría a muchos a encontrar un nuevo sitio para trabajar, efectuar remodelaciones caras o cerrar.

“En todo el país hay proveedores que operan bajo el Título X que están examinando los horarios de sus pacientes y preguntándose qué van a hacer”, dijo Clare Coleman, presidenta de la Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, que demandó. “Ahora sabemos que todo el mundo puede seguir proporcionando sus servicios de salud como lo han estado haciendo durante los últimos 50 años”.

El juez emitió su fallo desde su tribunal y más tarde el jueves dio a conocer una opinión por escrito.

“Los demandantes han demostrado que la Norma Final probablemente viola el propósito central del Título X, que es hacer igualitario el acceso a la planificación familiar amplia, fundamentada en evidencia y voluntaria”, escribió Bastian.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos declinó comentar al respecto, citando una política de no declarar en torno a litigios.

Aunque las nuevas reglas le permitirían al personal de las clínicas hablar sobre el aborto con los clientes, ya no estarían obligados a hacerlo. Si los pacientes solicitan una recomendación sobre un especialista para que les realice un aborto, el personal tendría que proporcionar una lista de proveedores de atención médica básica, sin ningún indicio sobre quiénes realizan abortos.

La lista tendría que incluir a proveedores que no ofrecen abortos, y no podría contener clínicas u organizaciones que no son proveedoras de atención médica básica, tales como Planned Parenthood.