LOS ÁNGELES (AP) — Durante 27 años, los tribunales federales han ejercido una supervisión especial sobre las condiciones de custodia de los niños migrantes. La administración Biden quiere que un juez levante parcialmente esos poderes.La jueza de distrito Dolly Gee considerará la solicitud en una audiencia en Los Ángeles el viernes, apenas una semana antes de que entren en vigor nuevas salvaguardias que, según la administración, cumplen, y en algunos aspectos superan, los estándares establecidos en un acuerdo histórico que lleva el nombre de Jenny Flores. un niño inmigrante de El Salvador.
La administración quiere rescindir el acuerdo Flores con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., que toma la custodia de niños no acompañados dentro de las 72 horas posteriores al arresto por parte de la Patrulla Fronteriza. Seguiría vigente en la Patrulla Fronteriza y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional.
Flores es una piedra angular de la política , que obliga a Estados Unidos a entregar rápidamente a los niños bajo custodia a sus familias en el país y a establecer normas en los refugios autorizados, que incluyen alimentos, agua potable, supervisión de adultos, servicios médicos de emergencia, baños, lavabos, control de temperatura y ventilación. Surgió de acusaciones generalizadas de malos tratos en la década de 1980.
La supervisión judicial otorga a los defensores que representan a niños migrantes amplia autoridad para visitar los centros de custodia y realizar entrevistas con el personal y otros migrantes. Pueden registrar quejas ante Gee, quien puede solicitar cambios.
Los abogados de niños migrantes se oponen enérgicamente a la medida para revertir la supervisión judicial, argumentando en parte que el gobierno federal no ha logrado desarrollar un marco regulatorio en los estados que revocaron licencias de instalaciones que atienden a niños migrantes o que podrían hacerlo en el futuro.
Texas y Florida, liderados por gobernadores republicanos que critican los flujos migratorios sin precedentes, revocaron licencias en 2021, dejando lo que sus defensores describen como un vacío en la supervisión que pone en peligro la seguridad infantil.
El Departamento de Justicia argumenta que las nuevas salvaguardias que entrarán en vigor el 1 de julio hacen que Flores sea innecesario en las instalaciones de Salud y Servicios Humanos. Dice que el HHS exigirá que los refugios obedezcan los estándares de licencias estatales, incluso si no tienen licencia, y aumentará las visitas a los sitios en esos estados para asegurarse de que cumplan.
Mantener la supervisión judicial del Departamento de Seguridad Nacional mantendría intactas partes críticas de Flores, incluido un límite de 20 días para retener a niños no acompañados y a padres que viajan con un niño. Las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza han experimentado un hacinamiento extremo en 2021.
Cuando Flores entró en vigor en 1997, el cuidado de los niños migrantes estaba dentro del dominio total del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, que se disolvió seis años después con la creación de Seguridad Nacional. Desde 2003, los Servicios Humanos y de Salud han tomado la custodia de niños no acompañados dentro de las 72 horas posteriores al arresto.
La división se convirtió en una pesadilla en 2018, cuando la administración Trump separó a miles de niños de sus padres en la frontera y las computadoras de los dos departamentos no estaban conectadas adecuadamente para reunirlos rápidamente.
En 2014, una oleada de niños no acompañados en la frontera provocó un mayor escrutinio del gobierno federal. Desde entonces, los arrestos de niños que viajan solos en la frontera con México han aumentado y el año pasado llegaron a 130.000. Los Servicios Humanos y de Salud entregan a la gran mayoría de los niños no acompañados a familiares cercanos mientras los jueces de inmigración sopesan su futuro.
(Foto AP/Wilfreso Lee.Archivo)