McALLEN, Texas (AP) — Yaakub Vijandre se disponía a ir a trabajar como mecánico cuando seis vehículos aparecieron frente a su casa en el área de Dallas. Agentes federales se bajaron, uno de ellos le apuntó con un arma y lo arrestaron.

Vijandre es beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) , el programa de la era Obama que ha protegido de la deportación a cientos de miles de personas desde 2012 si fueron traídas a Estados Unidos siendo niñas y, en general, se mantuvieron alejadas de los problemas. La administración Trump afirmó haber atacado a Vijandre a través de publicaciones en redes sociales. El videógrafo independiente y activista pro-palestino describió su arresto a principios de octubre a sus abogados, quienes transmitieron la información a la prensa.

Su arresto y varios otros este año indican un cambio en la gestión de los beneficiarios de DACA en Estados Unidos, a medida que la administración del presidente Donald Trump reestructura la política migratoria en general. Este cambio se produce cuando los inmigrantes se enfrentan a una mayor verificación de antecedentes, incluyendo sus redes sociales, al solicitar visas , tarjetas de residencia permanente (green card), ciudadanía o al solicitar la liberación de sus hijos de la custodia federal. La administración también ha intentado deportar a estudiantes extranjeros por participar en activismo pro palestino.

DACA se creó para proteger a los beneficiarios, comúnmente conocidos como "Dreamers", de arrestos migratorios y deportación. También les permite trabajar legalmente en EE. UU. Los beneficiarios vuelven a solicitar su estatus cada dos años. Anteriormente, si su estatus estaba en peligro, recibían una advertencia y aún tenían la oportunidad de impugnarlo antes de que los agentes de inmigración los detuvieran y comenzaran los trámites para deportarlos.

En respuesta a preguntas sobre los cambios, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado en el que afirma que quienes afirman ser beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no están automáticamente protegidos contra las deportaciones. DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país. Los beneficiarios de DACA pueden perder su estatus por diversas razones, incluso si han cometido un delito, explicó.

McLaughlin también afirmó en un comunicado que Vijandre hizo publicaciones en redes sociales que "glorificaban el terrorismo", incluyendo una que, según ella, celebraba a Abu Musab al-Zarqawi , el líder de Al Qaeda en Irak, quien murió en un ataque estadounidense en 2006

Un abogado de Vijandre, Chris Godshall-Bennett, afirmó que la actividad de Vijandre en redes sociales constituye una clara protección de la libertad de expresión. También indicó que el gobierno no ha proporcionado detalles sobre las publicaciones específicas en los documentos judiciales.

Vijandre se encuentra entre los aproximadamente 20 beneficiarios de DACA que han sido arrestados o detenidos por las autoridades migratorias desde que Trump asumió el cargo en enero, según Home is Here, una campaña creada por grupos de defensa de DACA. El gobierno busca cancelar su estatus de beneficiario de DACA, lo que podría resultar en su deportación a Filipinas, un país que no ha visitado desde que su familia llegó a Estados Unidos en 2001, cuando tenía 14 años.

DACA ha enfrentado desafíos legales

DACA sobrevivió al primer intento de la administración Trump de rescindir el programa cuando la Corte Suprema dictaminó en 2020 que la administración no tomó las medidas adecuadas para ponerle fin.

Ha habido otros intentos de terminar el programa o imponer restricciones a los beneficiarios.

Este año, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió un fallo que denegaría los permisos de trabajo a los beneficiarios de DACA que residen en Texas. La administración Trump presentó recientemente sus planes a un juez federal, quien está determinando su funcionamiento.

El gobierno también ha emitido nuevas restricciones a las licencias de conducir comerciales que impedirían que los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes las obtuvieran. El año pasado, 19 estados republicanos privaron a los beneficiarios de DACA del acceso al seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Y el número de estados donde los estudiantes inmigrantes pueden optar a la matrícula estatal ha disminuido desde que el Departamento de Justicia comenzó a demandar a los estados este año.

“Esta administración puede que no esté intentando terminar con DACA por completo como lo hizo la primera vez, pero lo está reduciendo”, dijo Juliana Macedo do Nascimento, portavoz de United We Dream, que es parte de Home is Here, la coalición que realiza un seguimiento de los casos públicos de beneficiarios de DACA que han sido detenidos.

Los beneficiarios de DACA detenidos cuestionan sus arrestos

Catalina “Xóchitl” Santiago Santiago, una activista de 28 años de El Paso, Texas, fue arrestada en agosto a pesar de mostrar a los oficiales de inmigración un permiso de trabajo válido obtenido a través de DACA.

Días después, agentes federales arrestaron a Paulo César Gámez Lira cuando el padre de 28 años llegaba a su casa en El Paso con sus hijos tras una cita médica. Los agentes le dislocaron el hombro, según sus abogados.

Tanto Santiago como Gamez Lira estuvieron detenidos durante más de un mes mientras sus abogados solicitaban su liberación.

Marisa Ong, abogada de Santiago y Gamez Lira, dijo que el gobierno no notificó a ninguno de sus clientes sobre ninguna intención de terminar su estatus DACA.

“Los beneficiarios de DACA tienen un interés constitucionalmente protegido en su libertad continua”, dijo Ong, y agregó que “el gobierno no puede quitarles esa libertad sin proporcionar una razón válida”.

Los beneficiarios de DACA pueden perder su estatus migratorio si son condenados por un delito grave, delitos menores significativos como causar daño a terceros, conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, o por tres o más delitos menores. También pueden perder su estatus migratorio si representan una amenaza para la seguridad nacional o pública.

El DHS afirmó en una declaración que Santiago fue acusado previamente de allanamiento, posesión de narcóticos y parafernalia de drogas y que Gamez Lira fue arrestado previamente por posesión de marihuana.

Ong dijo que cuando los abogados solicitaron su liberación “el gobierno no presentó evidencia de mala conducta pasada por parte de ninguno de los individuos”.

Vijandre, el hombre del área de Dallas que fue arrestado en octubre, permanece en un centro de detención de Georgia. Sus abogados afirman que dos semanas antes de su arresto recibió una notificación de que el gobierno planeaba cancelar su estatus de DACA, pero que no le dieron la oportunidad de oponerse.

“Creo que la administración ha trazado una línea muy clara, al menos por ahora, entre ciudadanos y no ciudadanos, y su objetivo es expulsar del país a tantos no ciudadanos como sea posible y hacer que sea lo más difícil posible para los no ciudadanos ingresar al país”, dijo Godshall-Bennett, abogado de Vijandre.

(Foto AP/Jack Brook, archivo)

Por  VALERIE GONZALEZ