JEFFERSON CITY, Mo. (AP) — El gran proyecto de ley del presidente Donald Trump para recortar los impuestos y reducir el gasto federal en algunos programas de red de seguridad social podría tener grandes implicaciones para los estados, pero para muchos es demasiado tarde para hacer mucho al respecto este año.

El martes comienza un nuevo año presupuestario en 46 estados. Si bien algunas legislaturas siguen trabajando, la mayoría ya ha suspendido sus sesiones y finalizado sus planes de gasto sin saber si se recortarán los fondos federales y, de ser así, en qué medida.

“El flujo y reflujo de rumores y la realidad han creado gran incertidumbre y cierta ansiedad en los gobiernos estatales”, dijo David Adkins, director ejecutivo del Consejo de Gobiernos Estatales.

Varios estados han tomado medidas preventivas, reservando fondos o encargando a comités la supervisión del impacto de las reducciones de fondos federales. Otros planean retomar sus sesiones extraordinarias este año para considerar posibles recortes de fondos a programas conjuntos federales-estatales como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Otros tendrán que esperar hasta que sus legislaturas vuelvan a sesionar el próximo año.

¿Qué está en juego para los estados?

"Si hay recortes significativos, los estados no podrán absorberlos completamente", dijo Brian Sigritz, director de estudios fiscales estatales en la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto Estatal.

A nivel nacional, el programa de atención médica Medicaid para residentes de bajos ingresos representa el 30% del gasto estatal total, según la organización de investigación de políticas sanitarias KFF. Esto lo convierte en el programa más costoso en muchos estados, incluso por encima de la educación primaria y secundaria. La mayor parte del dinero de Medicaid proviene del gobierno federal, lo que significa que cualquier cambio en la política federal puede tener un gran impacto en los estados.

La legislación pendiente en el Congreso afectaría a Medicaid de diversas maneras. Se prevé que los nuevos requisitos laborales reduzcan la afiliación de millones de personas, mientras que otros cambios propuestos también podrían reducir los pagos federales a los estados.

Hasta ahora, el gobierno federal también ha cubierto el costo total de los beneficios del SNAP y la mitad de los costos administrativos. El proyecto de ley de Trump trasladaría una mayor parte de esos costos a los estados, lo que les permitiría desviar fondos de otros fines o recortar sus programas de asistencia alimentaria.

Los cambios a Medicaid y SNAP son sólo los últimos de una serie de políticas de Trump que afectan las finanzas estatales, incluyendo la reducción de subvenciones para proyectos de transporte e Internet de alta velocidad y los intentos de retener fondos federales de las jurisdicciones santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Algunas legislaturas están acumulando ahorros

Un aumento repentino de la ayuda federal y de los ingresos fiscales estatales durante la pandemia del coronavirus generó presupuestos florecientes y superávits de efectivo históricos en muchos estados. A medida que los ingresos disminuyen y se gastan esos superávits, algunos estados intentan protegerse contra las reducciones de la financiación federal.

Nuevo México promulgó una ley este año que crea un fondo fiduciario de Medicaid que se llenará gradualmente con hasta 2 mil millones de dólares y que puede utilizarse para apuntalar el programa si los recortes de fondos federales causaran una reducción en la cobertura o los beneficios.

Al elaborar el presupuesto estatal, los legisladores hawaianos reservaron $200 millones adicionales en el fondo general como contingencia ante la incertidumbre sobre la financiación federal. Planean regresar para una sesión extraordinaria.

El presupuesto de Vermont reserva hasta $110 millones en caso de recortes en la financiación federal. Esto incluye $50 millones que pueden gastarse durante el receso legislativo y hasta $60 millones que podrían asignarse en el futuro para abordar la escasez de fondos federales.

Aunque no está necesariamente vinculada a recortes federales, los legisladores de Florida aprobaron una enmienda constitucional que reservaría $750 millones anuales —o una cantidad equivalente a hasta el 25% de los ingresos generales del estado, lo que sea menor— en un fondo de reserva que los legisladores podrían usar para emergencias. Esta medida aún debe ser votada.

Algunos gobernadores están recortando el gasto

Debido a los plazos legislativos, algunos legisladores estatales tuvieron que elaborar los presupuestos mucho antes de que se concretaran los detalles del proyecto de ley de Trump.

Los legisladores de Virginia aprobaron en febrero un presupuesto para su año fiscal, que comienza el martes. El gobernador republicano Glenn Youngkin anunció en mayo varias docenas de vetos a partidas presupuestarias con el objetivo de crear un colchón financiero de aproximadamente 900 millones de dólares.

“Existen algunos riesgos a corto plazo a medida que el presidente Trump reajusta tanto el gasto fiscal en Washington como las políticas comerciales que requieren que seamos prudentes y no gastemos todo el superávit proyectado antes de depositarlo”, dijo Youngkin en un comunicado.

Otros estados también han dejado dinero sin gastar, aunque no siempre se ha promocionado como un amortiguador contra los recortes federales.

“Los estados están promulgando presupuestos realmente cautelosos, sabiendo que podrían tener que revisarlos en sesiones especiales o abordar cambios en las sesiones del próximo año”, dijo Erica MacKellar, directora del programa de asuntos fiscales de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Algunos están adoptando una actitud de esperar y ver

Antes de levantar sus sesiones, algunas legislaturas estatales establecieron procedimientos para monitorear los recortes de fondos federales y recomendar cambios presupuestarios.

El presupuesto de Montana incluye $50,000 para un análisis de las implicaciones financieras de las acciones federales, pero ese gasto se activa solo en caso de cancelación de al menos $50 millones de fondos federales previamente aprobados o de la pérdida anticipada de al menos $100 millones de ingresos futuros.

Si la financiación federal a Maryland disminuye en al menos mil millones de dólares, una disposición aprobada por los legisladores requiere que la oficina de presupuesto del estado presente un informe a la Asamblea General con acciones propuestas y posibles reducciones de gastos.

El plan de gastos aprobado por los legisladores de Connecticut también requiere que la oficina de presupuesto del estado responda rápidamente a las reducciones federales identificando fondos estatales que podrían usarse para preservar programas, particularmente aquellos que brindan atención médica, asistencia alimentaria, educación y otras prioridades.

Los legisladores de Dakota del Norte dejaron margen para más trabajo. Aplazaron su sesión bienal seis días antes de cumplirse el límite de 80 días, lo que les dio tiempo para volver a reunirse si fuera necesario.

David A. Lieb cubre temas y tendencias en los gobiernos estatales de todo Estados Unidos. Ha informado sobre gobierno y política para The Associated Press durante 30 años.

(Foto AP/J. Scott Applewhite)