CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El 20 de mayo de 2006, Ana Concepción Ortiz salió de San Salvador hacia Nueva York, donde unas primas la esperaban con trabajo. Cruzó Guatemala y México con coyotes que le dieron credenciales falsas y al llegar a la frontera con Texas se le perdió la pista, explica su marido, Santos Pastor Paulino.

Su cuerpo fue encontrado cinco años y medio después. Su identidad pasados otros cuatro años. Su esposo y sus dos hijos no descansaron hasta octubre de 2017, cuando enterraron sus restos de vuelta en El Salvador. Hasta entonces hubo casi once años y medio de dolor, incertidumbre y desesperación.

“Ya casi habíamos perdido la esperanza”, dice Paulino en conversación telefónica con The Associated Press.

Reducir esta agonía, que a este hombre le costó incluso perder su casa por no poder acreditar si su esposa estaba viva o muerta, es lo quieren las más de 40 organizaciones sociales, oficiales y académicas latinoamericanas y estadounidenses que este viernes pedirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia en Colorado que Estados Unidos permita el cruce masivo de toda la información genética de la que dispone.

Este intercambio de perfiles de ADN a gran escala podría facilitar la identificación de miles de restos de migrantes encontrados en la frontera con México y que ahora se acumulan en fosas o morgues. Solo en el condado de Pima, en Arizona, cuyo servicio forense es ejemplo de buenas prácticas, hay 988 restos anónimos de personas que intentaron cruzar ilegalmente a Estados Unidos, según los datos de su informe de 2017.

El gobierno estadounidense se ha negado a permitir este cruce masivo de datos desde antes de la administración de Donald Trump, cuando algunos colectivos como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzaron a solicitarlo. Este viernes, sin embargo, será la primera vez que la CIDH aborde el asunto y aunque su pronunciamiento no será de obligado cumplimiento para Washington, los peticionarios sí esperan que las autoridades se muestren más receptivas y se sensibilice a la opinión pública para que haya más presión social con este tema.

“Hay soluciones”, garantizó Roxana Altholz, directora del departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, en California. “Lo que nos está impidiendo atajar la angustia y la preocupación de miles (de familias de migrantes desaparecidos) es la burocracia federal (...) y la falta voluntad política”.

Según explicó a la AP, Estados Unidos tiene los recursos y la tecnología necesarios para permitir ese intercambio, ya que el FBI cuenta con un banco federal de ADN y no existen bases legales que lo impidan. Sin embargo, las autoridades federales han esgrimido argumentos que, a su juicio, no se sostienen. Uno ha sido decir que está prohibido el uso de fondos federales para identificación de personas indocumentadas “y eso es totalmente falso”, apuntó la abogada. Otro, decir que no aceptan muestras que no hayan sido extraídas en presencia de autoridades policiales debidamente acreditadas “pero sí se ha hecho en el pasado”, aunque con esas comparaciones puntuales no se puede atender la actual “urgencia humanitaria”.

El FBI asegura estar participando activamente en distintos ámbitos para la identificación de migrantes y, al ser consultado por AP, indicó que emitiría un pronunciamiento más concreto con motivo de la audiencia de este viernes.

Altholz asiste legalmente al EAAF, uno los colectivos que solicitaron la sesión ante la CIDH y cofundador de una iniciativa transfronteriza, el Proyecto Frontera, que desde 2010 y en colaboración con diversas entidades gubernamentales y sociales de Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador y Guatemala, ha recopilado más de 3.000 perfiles genéticos y ha conseguido identificar a más de 180 migrantes, entre ellos, a Ana Concepción Ortiz.

El Comité Internacional de la Cruz Roja considera este esfuerzo como “la mayor centralización de información que existe en la región sobre personas migrantes desaparecidas de distintos contextos” y que ha llenado un vacío en palabras de Rafael Barrantes, de su delegación en México. Sin embargo, también cree que lo complicado es lograr un mayor y mejor intercambio de datos entre instituciones que son totalmente distintas, de al menos cinco países y dos de ellos federales.

Hoy en día, la falta de recursos, la mala gestión de los restos --que según las organizaciones se hace en muchos lugares de Texas-- y sobre todo la falta de un mecanismo formal transnacional que coordine a actores oficiales y no oficiales provoca que el proceso sea muy lento y tedioso para los familiares.

La familia de Ana Concepción es el mejor ejemplo.

“Desde el 2012 al 2016 estuvieron recopilando cada pieza del cuerpo de ella porque estaba entre 500 esqueletos humanos en esa morgue” del estado de Texas, explica su esposo. “Fueron años bien desesperantes en lo que lo único que queríamos era saber algo”, agrega este salvadoreño que se sabe afortunado porque otros ni siquiera llegan hasta ahí.

Altholz recordó que no cumplir con el deber de identificar, notificar y repatriar los restos de una persona viola las obligaciones legales que Estados Unidos tiene como miembro de la Organización de Estados Americanos, máxime cuando hay una situación de crisis como la actual.

“No veo qué amenaza presenta un resto para una política de seguridad nacional”, comentó la abogada en referencia a la actual tendencia antimigrante que existe en su gobierno. “Los derechos humanos no pueden suspenderse por el contexto político. Por lo menos en la muerte, estas personas tienen derecho a la dignidad y sus familiares a saber qué pasó”.

El jefe de la morgue de Pima, Gregory Hess, teme que nada cambie tras la audiencia. “No hay señales de que esta vez vaya a ser distinto”.

Santos Pastor Paulino tampoco es optimista y considera que el hecho de que Estados Unidos le haya negado la visa para contar su historia ante la CIDH “no habla bien” de ese país.

“Con todo lo que sufrimos nosotros, me ha dolido mucho que no me permitieran contar mi caso a las autoridades, frente a frente”.