
La respuesta de la calle fue una nueva jornada de movilizaciones en Lima que registró choques entre manifestantes y policías en el centro histórico de la capital peruana.
“Sentimos impotencia. La tregua de vida por la presidenta es mentira; sigue disparando tiros incluso en la cabeza y en el tórax”, dijo Fabián Vivián, un obrero de 30 años.
Los manifestantes respondieron el martes a las decena de bombas lacrimógenas lanzadas por la policía en la tarde con gritos de “asesinos”. Otros lanzaron piedras y algunos usaron luces verdes con las que hostigaban a los policías.
“Esa vieja maldita, ojalá se pudra en la cárcel junto a Alberto Fujimori”, comentó encendida Juana Quispe, una vendedora ambulante que comercia huevos sancochados y que se frotaba los ojos enrojecidos por el efecto de los gases.
La presidenta Boluarte dijo por la mañana en conferencia de prensa que la tregua propuesta busca entablar mesas de diálogo “y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar a los pueblos”.

Santa Cruz, la región considerada el motor económico del país y bastión opositor, se reveló contra el encarcelamiento por cargos de presunto terrorismo de Luis Fernando Camacho, gobernador de esa provincia y oponente a la gestión del presidente Luis Arce y a la de Evo Morales en el pasado.
La convocatoria al cabildo es a nivel nacional y se prevén reuniones en nueve ciudades. En unos casos, los movimientos cívicos buscan defender a Camacho, pero en otros se convocan contra el gobierno de Arce.
El cabildo de Santa Cruz es el que tiene visos de llegar a ser multitudinario. Cualquier ciudadano puede acudir a estas reuniones a plantear su postura para que la dirigencia cívica tome una decisión final sobre el curso de las movilizaciones o la estrategia de oposición a seguir.
“Queremos un cabildo de unidad, de lucha que puede llevarnos a medidas de largo plazo”, dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo. “Santa Cruz es el cimiento de la democracia... Porque no aceptamos el autoritarismo, no aceptamos que se quiera imponer una dictadura en Bolivia”, agregó.
Camacho, que está en prisión preventiva por cuatro meses, enfrenta cargos por su participación y liderazgo en el estallido social de 2019 que forzó al entonces presidente Morales a dimitir tras unas elecciones calificadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las que buscaba su cuarto mandato.
A continuación, AP explica el origen y desarrollo del conflicto en la nación andina.

La moneda sería inicialmente compartida entre Argentina y Brasil y utilizada para el comercio y las transacciones entre los dos países, explicó el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva a periodistas luego de reunirse el lunes con su colega Alberto Fernández.
“Queremos que cada ministro de Economía con su equipo puedan hacernos una propuesta”, señaló Lula, quien acotó que la consecución de esa moneda supondrá “mucho debate y reuniones”.
También indicó que el proyecto evitaría la dependencia del dólar y, en ese marco, instó a “crear” eventualmente una moneda común con otros países del Mercosur, el bloque comercial que Argentina y Brasil integran junto a Paraguay y Uruguay.
“Creo que eso va a suceder y es necesario que suceda porque hay países que a veces tienen dificultades en adquirir dólares”, dijo el presidente brasileño, quien realiza una visita a Argentina y el martes participará en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Durante su gestión, apoyó la lucha contra la corrupción de una comisión de Naciones Unidas que más tarde lo investigó y lo llevó a prisión.
“Lamento profundamente la muerte del expresidente Colom, hombre de profundas convicciones democráticas y gran sensibilidad social. Mis condolencias a su familia y amigos”, dijo el diputado Orlando Blanco, que fue miembro de su partido, Unidad Nacional de la Esperanza.
Colom era un ingeniero, empresario y político que ocupó el poder por un partido socialdemócrata.
Durante su presidencia, respaldó el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que combatió durante 12 años — de 2007 a 2019 — las estructuras del crimen y los aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el estado.
La CICIG y la fiscalía también procesaron y detuvieron a Colom por fraude y peculado por un presunto desfalco a un sistema de transporte público del que se habrían sustraído unos 34,5 millones de dólares, lo que lo mantuvo preso por varios meses. El expresidente negó los cargos. El casó aún está en apelaciones y no ha sido juzgado debido a los recursos legales interpuestos.

Es “el hecho de vivir en paz”, apuntó monseñor Alas en conferencia de prensa al final de la misa dominical al ser consultado sobre los resultados de una encuesta divulgada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad José Simeón Cañas, privada y dirigida por jesuitas. Este centro de estudios ha sido crítico al gobierno.
De acuerdo con ese estudio dado a conocer el 19 de enero, el 90% de la población reconoce que la situación de seguridad del país centroamericano ha mejorado, y que Bukele subió su nota de aprobación al pasar de 7.54 puntos que logró al cierre del 2021 a un 8.37 al final del 2022.
Los salvadoreños han “comenzado a vivir un momento de paz, con libertad para salir. Ya las cosas han cambiado y es por eso por lo que el pueblo se siente agradecido”, subrayó el prelado, aunque consideró que la violencia no ha sido erradicada del todo.