BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro no descartó el miércoles romper relaciones diplomáticas con Guatemala y aseguró que está en manos de ese país “hasta donde quieran llevar la situación”, en medio de la tensión política que atraviesan por la arremetida legal del país centroamericano contra un ministro colombiano.“Esas venganzas de politiqueros y corruptos nosotros no las vamos a aceptar, más cuando intentan vulnerar la soberanía nacional, así que ellos toman sus decisiones, nosotros las nuestras”, aseguró Petro a la prensa desde Suiza, donde asiste al Foro Económico Mundial de Davos.
El desacuerdo inició el lunes luego de que el Ministerio Público de Guatemala anunciara que emprenderá acciones legales contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa colombiano y quien lideró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CICIG, un organismo de las Naciones Unidas, cerró en 2019 y Velásquez tuvo que salir de Guatemala por tensiones con el presidente Jimmy Morales a raíz de sus investigaciones. La CICIG llevó a juicio a tres expresidentes, incluido el general Otto Pérez Molina y acusó a más de 1.500 personas por corrupción, entre ellas a funcionarios de gobierno, jueces y empresarios.
LIMA (AP) — La desértica capital de Perú congregaba a miles de personas llegadas desde zonas remotas de los Andes para protestar el jueves contra la presidenta, Dina Boluarte, y apoyar a su antecesor, Pedro Castillo, cuya destitución en diciembre desencadenó manifestaciones letales y sumió al país en el caos político.Los partidarios de Castillo, el primer presidente de origen rural en 200 años de república, esperan que la protesta abra un nuevo capítulo en las movilizaciones que comenzaron hace más de un mes y exigen la renuncia de Boluarte y un cambio estructural en el país. Castillo fue destituido tras un intento fallido de disolver el Congreso.
Hasta ahora, las protestas se habían registrado principalmente en el sur de los Andes. En total, 53 personas han muerto en los disturbios, la mayoría en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Al dirigir la protesta a Lima, los manifestantes esperan dar un nuevo impulso al movimiento que comenzó cuando Boluarte, que entonces era la vicepresidenta, juró el 7 de diciembre en sustitución de Castillo pese a haber prometido exactamente un año antes en una ceremonia pública en el sur del país que, si el mandatario era cesado, ella renunciaría al cargo porque su lealtad era “a prueba de balas”.
BROVARY, Ucrania (AP) — El ministro de Interior de Ucrania falleció el miércoles en un choque de helicóptero cerca de la capital que dejó al menos 14 muertos más, entre los que había otros funcionarios y tres menores, dijeron las autoridades.Denys Monastyrskyi, máximo responsable de la policía y otros servicios de emergencia del país, es el funcionario ucraniano de mayor rango que fallece desde la invasión rusa que comenzó hace casi 11 meses. Su deceso, junto al de otros dos altos cargos de su ministerio, es la segunda tragedia que azota a Ucrania en cuatro días, luego de un ataque ruso con misiles que dejó docenas de civiles muertos en un edificio de apartamentos.
Por el momento se desconocía si el siniestro, que ocurrió cerca de un jardín de infantes, fue un accidente o el resultado de la guerra. No se han reportado combates recientes en la zona de Kiev.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que el choque fue “una terrible tragedia” en una “mañana negra”.
“El dolor es indescriptible”, escribió en Telegram.
La secretaria británica de Interior, Suella Braverman, afirmó que Monastyrskyi era “un faro en el apoyo al pueblo ucraniano durante la invasión ilegal de Putin” y dijo estar “impresionada por su determinación, optimismo y patriotismo”.
Entre los fallecidos estaban también el viceministro, Yevhen Yenin, y el secretario de Estado del Ministerio de Interior, Yurii Lubkovych, indicó Ihor Klymenko, jefe de la Policía Nacional ucraniana. Desde que comenzó el conflicto, los altos funcionarios suelen desplazarse en helicóptero.
BRASILIA (AP) — La oficina del procurador general de Brasil ha presentado sus primeras acusaciones contra algunas de las miles de personas que, según las autoridades, irrumpieron en edificios de gobierno para tratar de revertir la derrota del expresidente Jair Bolsonaro en la elección de octubre.Los fiscales del grupo creado recientemente para combatir los actos antidemocráticos han pedido que los 39 acusados que saquearon el Congreso reciban la prisión preventiva y se congelen 40 millones de reales (7,7 millones de dólares) de sus bienes para ayudar a pagar los daños.
Las acusaciones son de asociación delictuosa armada, intento violento de subvertir el estado democrático de derecho, preparar un golpe de Estado y dañar la propiedad pública, dijo la oficina del procurador general en un comunicado escrito el lunes por la noche. No se ha difundido sus identidades.
Un millar de personas fueron arrestadas el día de los disturbios del 8 de enero, que tuvo grandes similitudes con el asalto al Congreso estadounidense el 6 de enero de 2021 por turbas que intentaban revertir la derrota electoral del presidente estadounidense, Donald Trump.
La turba que tomó por asalto el Congreso, el palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia, buscaba la intervención de las fuerzas armadas para revertir la derrota de Bolsonaro ante Luiz Inácio Lula da Silva, ahora presidente.
“Los implicados en los disturbios intentaron, por medio de la violencia y amenazas graves, abolir el estado democrático de derecho, impidiendo o restringiendo el ejercicio de poderes constitucionales”, según un extracto del acta de acusación incluido en un comunicado. “El objetivo último del ataque... fue la instauración de un régimen gubernamental alternativo”.
No se les acusó de terrorismo porque bajo la ley brasileña, tal acusación debe incluir xenofobia o prejuicios basados en la raza, etnicidad o religión.
La oficina de procurador general envió las acusaciones al Supremo Tribunal Federal después que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, presentó una lista de personas acusadas de asaltar el Congreso. Se prevé que habrá acusaciones contra más personas.
LIMA (AP) — Las protestas contra la presidenta peruana Dina Boluarte, que ya han dejado 50 muertos, parecían concentrarse de nuevo el lunes en la capital del país.Después de varios días en los que la región sureña de Puno, donde se encuentra el visitado lago Titicaca, fue el epicentro de las manifestaciones, comunidades aimaras de la región se alistaban a viajar a Lima el lunes. En la capital se esperaba que cerca de 50.000 aimaras avivaran las movilizaciones para reclamar la marcha de Boluarte.
“A más tardar salimos este lunes. (…) queremos es viajar en unidad entre todos los pueblos aimaras”, dijo Julio Vilca, de la localidad aimara de Ilave, al diario peruano La República.
En Cusco, otra región sureña donde se encuentra la ciudadela inca de Machu Picchu, otros grupos de campesinos quechuas se preparan para partir hacia la capital.
Algunas agrupaciones de ronderos, campesinos que patrullan sus pueblos como una forma de seguridad tradicional, ya empezaron a llegar a Lima desde la región de Cajamarca, en la sierra del norte peruano, de donde es originario el destituido antecesor de Boluarte, Pedro Castillo.
La convocatoria en la capital se anunció como una “Marcha de los cuatro suyos”, en referencia a la división política del imperio incaico en cuatro jurisdicciones llamadas suyos. El mismo nombre se usó en 2000 para una de las más nutridas protestas contra el expresidente Alberto Fujimori, que gobernaba entonces tras una cuestionada reelección y huyó del país ese año en medio de escándalos de corrupción.