
La abogada de 60 años asume el poder durante la época de mayor turbulencia política de las últimas dos décadas, bajo una potente sequía que azota los Andes, una quinta ola de infecciones por COVID y una gripe que ha matado a miles de aves en la costa del Pacífico.
“Habrá una incertidumbre continua”, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas. Para tener un gobierno que funcione, hay que lograr una coalición lo suficientemente grande como para impulsar políticas y legisladores que te respalden, añadió.
A diferencia de su antecesor, Pedro Castillo — detenido por la policía el miércoles por la tarde por el presunto delito de rebelión, tras intentar disolver de forma ilegal el Parlamento—, la nueva presidenta debe elegir ministros de amplia trayectoria, capacidad moral y conocimiento del Estado, dijo Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la universidad peruana Antonio Ruiz de Montoya.
Castillo nombró más de 70 cambios ministeriales en su gestión de casi 17 meses, incluyendo algunos secretarios sin ninguna experiencia política. “Los nuevos ministros deben manejar el aparato público con propiedad para afrontar los terribles problemas que tiene el país”, añadió Cárdenas.

La vicepresidenta dijo que la condena obedece a una “mafia judicial” en reacción a la decisión de un tribunal de tres jueces que consideró que cometió un fraude al Estado durante sus dos mandatos como presidenta entre 2007 y 2015. La sentencia también incluyó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Pero la exmandataria, de 69 años, dijo que no tiene pensado pelear por un cargo luego de dejar la vicepresidencia a fines de 2023.
“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa... No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa”, dijo Fernández con un fuerte tono a través de su canal de YouTube.
El fallo condenatorio puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría demorarse años. Políticos y analistas afirmaron que, hasta entonces, la vicepresidenta podría postularse para cualquier cargo de elección popular -desde una banca en el Congreso hasta la presidencia, según lo establece la ley- y así obtener fueros que impiden su arresto.
La exmandataria también afirmó que los jueces que ordenaron su inhabilitación perpetua para ejercer cargos electivos buscan sacarla de la escena política.

“No quería morirme sin saber leer y escribir”, dijo la mujer que desbordaba de energía y que llegó a su aldea con su mejor traje para recibir su diploma.
Como ella, cerca de un millar de indígenas se dieron cita el domingo en la plaza del pueblo de Pucarani para recibir su certificado de alfabetización. Antes de la ceremonia, los adultos mayores leyeron, hicieron sumas y exhibieron sus destrezas al jurado y compartieron una comida colectiva sentados en círculo en el suelo, una costumbre tradicional entre los aymaras.
Este año más de 20.000 adultos analfabetos en todo el país -en su mayoría mujeres del área rural- aprendieron a leer y escribir con el programa gubernamental “Bolivia lee” con el que el país, uno de los más pobres de Sudamérica, ha podido bajar sus niveles de analfabetismo que en 1995 llegaban al 23% de la población.
En la actualidad ese nivel está en 2,7%, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Eloy Poma es un agricultor de 62 años y manipula una laptop donada por el Ministerio de Educación. “Quiero aprender más, ahora ya puedo manejar la computadora y puedo guiar a mi comunidad”, dijo.

La posición aperturista de Uruguay, necesitado de inversiones y deseoso de aprovechar mercados pujantes, ha chocado con la negativa de Brasil, Argentina y Paraguay.
Uruguay reafirmó su intención de negociar un tratado de libre comercio con China e ingresar al Acuerdo Transpacífico y llamó a sus socios a explorar un acuerdo con China. “Somos una de las zonas más proteccionistas del mundo”, advirtió el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.
“Nadie se tomó un avión para buscar conflicto sino para buscarle la vuelta” al diferendo dijo Lacalle, que tildó al bloque como “una zona de libre comercio imperfecta” en la sede del Mercosur en Montevideo.
“Es cierto que llegamos con tensiones”, admitió el presidente uruguayo quien se mostró sereno pero firme en que Uruguay debe “abrirse al mundo”. “Por supuesto que si vamos en grupo es mucho mejor”, dijo, “pero no estamos dispuestos a quedarnos quietos”.
Uruguay ha cuestionado los perjuicios de las restricciones arancelarias y no arancelarias como la libre circulación de personas, bienes y el crecimiento de las asimetrías que muestra el Mercosur a 31 años de su creación.
El canciller uruguayo Francisco Bustillo denunció el lunes una escasa proactividad para concretar acuerdos comerciales, particularmente con la Unión Europea (UE). “No tenemos acuerdo con ninguna de las 10 potencias económicas del mundo”, se lamentó Bustillo.

Siete países europeos, incluyendo España, reportaron el viernes que paquetes similares habían llegado a las embajadas o consulados de Ucrania en sus territorios la semana pasada. El embajador de Ucrania ante el Vaticano también denunció que la entrada a su residencia en Roma fue manchada el jueves por la tarde con lo que él creía que eran excrementos de animales.
Un guardia de seguridad de la embajada de Ucrania en la capital de España resultó herido el 30 de noviembre cuando abría un paquete enviado al embajador. Cuatro cartas más que contenían artefactos explosivos fueron detectadas durante las siguientes 24 horas, entre ellas una enviada a la embajada de Estados Unidos en Madrid.
Una semana antes, se detectó un paquete similar dirigido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
La Audiencia Nacional de España investiga los paquetes explosivos como un acto de terrorismo. Según la pesquisa inicial, los paquetes fueron enviados desde España misma.