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El presidente, que ha perdido apoyos mientras el país sigue luchando con la pandemia y una creciente inflación, ha presentado el plan de infraestructuras como una demostración de que el gobierno puede volver a funcionar. Antes de la ceremonia de firma del lunes, dio instrucciones a su gobierno el viernes de que supervisara de forma exhaustiva las próximas inversiones en carreteras, puentes, sistemas de agua, banda ancha, puertos, vehículos eléctricos y red eléctrica, para asegurarse de que se amortizan.
“Es difícil, pero aún podemos ponernos de acuerdo para hacer algo grande para el pueblo estadounidense”, dijo Biden. “Creará millones de nuevos empleos. Hará crecer la economía. Y ganaremos la competición económica mundial en la que estamos inmersos en el segundo cuarto del siglo XXI con China y muchos otros países del mundo.
Desde su aprobación parlamentaria el 5 de noviembre, Biden retrasó la firma de la peleada iniciativa hasta que los legisladores volvieran de un receso en las sesiones y pudieran acudir a una celebración bipartidista. El festejo en el jardín de la Casa Blanca incluirá gobernadores y alcaldes de ambos partidos, así como a líderes sindicales y empresariales. El domingo por la noche, antes de la firma, la Casa Blanca anunció que el exalcalde de Nueva Orleans Mitch Landrieu supervisaría la implementación del presupuesto de infraestructuras.

Se tiene previsto que los líderes de los más de 570 pueblos indígenas de Estados Unidos se reúnan en el evento de dos días de duración, y que más de una treintena de ellos hablen durante éste. La cumbre se llevará a cabo de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19 que ha afectado a los indígenas y a las tribus de Alaska a un ritmo desproporcionado.
Biden y la primera dama Jill Biden participarán en la cumbre el lunes, y la vicepresidenta Kamala Harris lo hará el martes. Varios miembros del gabinete de Biden también intervendrán.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca Jen Psaki dijo que la cumbre coincide con el Mes Nacional de la Herencia Indígena y que es organizada por la Casa Blanca por primera ocasión. La cumbre no se llevó a cabo durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Conferencias anteriores fueron celebradas en el Departamento del Interior.
Biden aprovechará la cumbre para anunciar medidas para mejorar la seguridad pública y la justicia para los indígenas norteamericanos y para proteger los terrenos privados, los derechos derivados de tratados y los lugares sagrados, dijo Psaki.
Los indígenas estadounidenses y los pueblos originarios de Alaska tienen más del doble de probabilidades de ser víctimas de un delito violento, y al menos dos veces más probabilidades de ser violadas o agredidas sexualmente en comparación con otras razas, de acuerdo con la Asociación de Asuntos Indígenas de Estados Unidos.
Desde que asumió el cargo en enero, Biden ha emprendido varias medidas que, según la Casa Blanca, demuestran el compromiso del mandatario con los pueblos indígenas.
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Si bien las tendencias mejoran en Florida, Texas y otros estados del sur que sufrieron la peor parte del incremento de contagios en el verano, resulta evidente que la variante delta no ha terminado en Estados Unidos. Para el invierno, el virus parece dirigirse al norte y al oeste, a medida que la población opta por los espacios interiores, cierra sus ventanas y respira aire encerrado.
“Vamos a ver muchos brotes en personas no vacunadas que resultarán en enfermedades graves y eso será trágico”, informó el médico Donald Milton, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Maryland.
En años recientes, una universidad en Vermont suspendió las reuniones sociales luego de un incremento en contagios relacionado con las fiestas de Halloween. Las autoridades de Boston cerraron una escuela primaria para controlar un brote. Los hospitales en Nuevo México y Colorado se han visto rebasados de pacientes.
En Michigan, la zona metropolitana de Detroit de nuevo se ha convertido en un foco de contagios, con cerca de 400 pacientes de COVID-19 hospitalizados. El uso de mascarillas en Michigan ha disminuido aproximadamente a un 25% de la población, de acuerdo con varios sondeos seguidos por un influyente grupo de la Universidad de Washington que crea bases de datos.

Trump, que ha centrado sus esfuerzos políticos en castigar a sus rivales, respaldó al principal rival de Murkowski en junio. Kelly Tshibaka era comisionada del Departamento de Administración de Alaska antes de renunciar para postularse al Senado. En julio, el Comité Central Republicano del estado apoyó a Tshibaka tras el voto de Murkowski en el juicio político.
“Mi corazón está, y siempre ha estado, en Alaska, y por eso me enorgullece anunciar mi campaña para la reelección al Senado de Estados Unidos en 2022”, afirmó Murkowski en un comunicado en el que declaró que siempre ha hecho de la región, sus industrias y su gente, su principal prioridad.
La candidatura de Murkowski a la reelección será seguida de cerca a nivel nacional mientras Trump trata de derrocar a una senadora cuyo nombre tiene una rica historia política en el estado. Su padre, Frank Murkowski, fungió como gobernador y fue senador durante muchos años.
Murkowski ocupa un escaño en el Senado de Estados Unidos desde 2002, cuando fue elegida por su padre para completar su mandato al salir elegido gobernador. Alaska está representada por un Murkowski en la cámara alta federal desde 1981.
A menudo considerada una moderada de mentalidad independiente, Murkowski fue una de los siete senadores republicanos que votaron en contra de Trump, quien fue absuelto del cargo de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio del 6 de enero. Es la única de ese grupo que se enfrenta a la reelección en 2022.
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Al negarse a emitir una orden preliminar, la jueza federal Tanya Chutkan dijo el martes que el Congreso tiene un fuerte interés público en obtener registros que pudieran arrojar luz sobre la violenta insurrección que escenificaron simpatizantes del expresidente. Agregó que el mandatario Joe Biden tiene la autoridad para que no se aplique sobre los documentos el privilegio del poder ejecutivo de retener información en interés del público a pesar de que Trump dice lo contrario.
A menos que se emita una orden judicial al respecto, los Archivos Nacionales planean entregar el viernes los archivos de Trump a la comisión. Sin embargo, los abogados del exmandatario anunciaron rápidamente que apelarían ante la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. A la larga, probablemente el caso irá a parar a la Corte Suprema federal. Chutkan rechazó el miércoles en la noche otra solicitud de los abogados de Trump de que ordenara a los Archivos Nacionales no entregar los expedientes en lo que se resuelve una apelación.
“En el fondo, se trata de una disputa entre un exmandatario y un presidente en ejercicio”, declaró Chutkan en su orden del martes. “Y la Corte Suprema ya ha dejado claro que, en esas circunstancias, tiene mayor peso la postura del presidente en ejercicio”.
Trump “no reconoce la deferencia que se debe otorgar” al criterio de Biden como presidente actual, señaló Chutkan. La jueza destacó ejemplos de mandatarios anteriores que declinaron hacer valer el privilegio ejecutivo y rechazó lo que dijo era la aseveración de Trump de que ese privilegio “existe a perpetuidad”.
“Los presidentes no son reyes, y el demandante no es presidente”, agregó.
Según documentos que los Archivos Nacionales presentaron ante el tribunal, los expedientes incluyen registros de llamadas, borradores de declaraciones y discursos, y notas escritas a mano del entonces jefe de despacho de Trump, Mark Meadows. También hay copias sobre temas de discusión de la entonces secretaria de prensa Kayleigh McEnany y “un borrador de una orden ejecutiva en materia de integridad electoral”, informaron los Archivos Nacionales.
Los periodistas de The Associated Press Zeke Miller y Mary Clare Jalonick contribuyeron a este despacho.