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La cantidad de dosis representa un refuerzo sustancial e inmediato a las rezagadas labores de COVAX, programa que a la fecha ha compartido apenas 76 millones de dosis a países necesitados.
El anuncio fue efectuado apenas horas después de que funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en África hicieron un nuevo llamado para compartir vacunas debido a la situación alarmante en el continente, en donde los envíos se han detenido “casi por completo” mientras el número de casos de coronavirus ha ido en aumento en las últimas dos semanas.
En total, la Casa Blanca ha anunciado planes para compartir 80 millones de vacunas a nivel mundial para finales de junio, la mayoría a través de COVAX. Las autoridades afirman que el país conservará una cuarta parte de su excedente en reservas en caso de emergencias y para que Estados Unidos las comparta directamente con sus aliados y socios.
“Mientras esta pandemia persista en otras partes del mundo, el pueblo estadounidense seguirá siendo vulnerable”, dijo Biden en un comunicado. “Y Estados Unidos está comprometido a atender las labores internacionales de vacunación con la misma urgencia que lo hicimos en casa”.
El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos “conservará el poder de decisión” sobre el destino final de las vacunas a través de COVAX.

La Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés) multó a A360 Media, antes conocida como American Media, por pagarle a la modelo Karen McDougal 150.000 dólares en agosto de 2016, diciendo que el pago se hizo para evitar que hiciera pública su historia antes de las elecciones presidenciales.
La FEC dijo que el “pago de la editorial a Karen McDougal para comprar los derechos de una historia de vida, combinado con su decisión de no publicar el artículo en consulta con un agente de Donald J. Trump y con el propósito de influir en las elecciones, constituía una contribución corporativa en especie prohibida por ley”.
Las leyes de financiamiento de campañas en Estados Unidos prohíben que las corporaciones cooperen con una campaña para influir en una elección.
La empresa propietaria no ha comentado al respecto. Una declaración enviada por correo electrónico de un representante de David Pecker, quien renunció como director ejecutivo de la editorial en 2020, decía que él no fue parte del acuerdo y no había pagado multa alguna.
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Por dicha razón, estas instalaciones están siguiendo las recomendaciones federales y estatales de suspender las visitas, lo que ha causado desilusión y frustración entre los familiares que esperaban regresar a la normalidad una vez que los residentes estuviesen vacunados.
Tal es el caso de Jeannie Wells, quien esperaba que las visitas regulares se reanudaran en el asilo de Nueva York donde está su madre de 93 años.
Alrededor de la Semana Santa, su deseo se cumplió finalmente y pudo tomar de la mano a su madre, más de un año después de llevarla al lugar para rehabilitación por fracturas en una cadera y una rodilla.
Pero la reunión fue breve. Las visitas fueron suspendidas luego de seis semanas cuando un empleado dio positivo a coronavirus, y Wells dijo que las visitas aún no han vuelto a la normalidad pese a que no ha habido brotes.
Las vacunas contra el COVID-19 han permitido que los hogares de ancianos en Estados Unidos consigan grandes progresos desde los días aciagos de la pandemia, pero las instalaciones siguen sufriendo brotes aislados que en su mayoría son atribuidos a personal no vacunado. Los brotes y los consiguientes cierres han sacudido a familiares que estaban comenzando a disfrutar las visitas en persona por primera vez en un año.

En su primera visita a Centroamérica desde que asumió el cargo de secretario de Estado, Blinken se reunió con cancilleres y líderes de la región y de México. En su gira de dos días que concluye el miércoles, Blinken evitó criticar públicamente a algún gobierno en particular, y mejor se enfocó en los planes del gobierno de Biden para distribuir vacunas contra el COVID-19 y otras ayudas, como un plan de asistencia por 4.000 millones de dólares.
“Creemos que esa es la mejor manera de garantizar una mayor estabilidad y mejorar la vida de las personas en toda la región, lo cual también beneficia en última instancia a Estados Unidos”, declaró Blinken en conferencia de prensa conjunta con el mandatario costarricense Carlos Alvarado.
Dicho enfoque contrasta con el del gobierno del presidente Donald Trump, quien ante el aumento en la inmigración reaccionó expulsando a los solicitantes de asilo hacia México o Centroamérica e intensificando las tareas de construcción de un muro a lo largo de la frontera suroccidental de Estados Unidos, entre otras medidas.
Después de que disminuyeran al inicio de la pandemia, las detenciones en la frontera comenzaron a aumentar durante el gobierno de Trump y se dispararon durante los primeros meses del gobierno de Biden. La Patrulla Fronteriza tuvo más de 170.000 encuentros con migrantes, incluidas 50.000 personas que viajaban en familias, la cifra más alta desde marzo de 2001.

Un memorándum de siete páginas del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, representó el fin de los “Protocolos de Protección al Migrante”, con los cuales unos 70.000 solicitantes de asilo fueron enviados de regreso a México desde enero de 2019 hasta que la práctica fue suspendida por Biden en su primer día como presidente dos años después.
El anuncio parecía una conclusión inevitable después de que Biden prometió durante su campaña que iba a eliminar la política, conocida de manera informal como “Permanecer en México”, pero dejó abierta la posibilidad de mantenerla luego de que ordenó una revisión antes de ponerle fin permanentemente.
Mayorkas dijo que mantener la política intacta o modificarla “no sería compatible con la visión y los valores de este gobierno, y sería un mal uso de los recursos del departamento”. Afirmó que los costos superarían con creces los beneficios.
La implementación de la política coincidió con una fuerte disminución en las llegadas de solicitantes de asilo a la frontera, pero los críticos señalaron que la gente se vio afectada por las violentas condiciones en México, la falta de acceso a abogados y la dificultad para llegar a los tribunales. Mayorkas reconoció esas inquietudes, apuntando el alto índice de solicitudes rechazadas por no presentarse ante los tribunales y la falta de vivienda, ingresos y seguridad en México.