17 juecesWASHINGTON (AP) — Diecisiete jueces de tribunales de inmigración han sido despedidos en los últimos días, según el sindicato que los representa, mientras el gobierno de Trump avanza con sus deportaciones masivas de inmigrantes en el país.
La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, que representa a jueces de tribunales de inmigración, así como a otros profesionales, informó en un comunicado de prensa que 15 jueces fueron despedidos sin causa el viernes y otros dos el lunes. El sindicato indicó que trabajaban en tribunales de 10 estados del país: California, Illinois, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Ohio, Texas, Utah y Virginia.
“Es indignante y contrario al interés público que, al mismo tiempo que el Congreso ha autorizado a 800 jueces de inmigración, estemos despidiendo a un gran número de jueces de inmigración sin causa justificada”, declaró Matt Biggs, presidente del sindicato. “Esto es absurdo. La solución es dejar de despedir y empezar a contratar”.
Los despidos se producen con los tribunales en el centro de los esfuerzos de la administración
Los despidos ocurren mientras los tribunales han estado cada vez más en el centro de los esfuerzos de aplicación de la línea dura de la inmigración por parte de la administración Trump, con oficiales de Inmigración y Control de Aduanas arrestando a inmigrantes cuando se presentan ante el tribunal para los procedimientos.
Una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que es la parte del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales, dijo en un correo electrónico que la oficina no haría comentarios sobre los despidos.
Los arrestos a gran escala comenzaron en mayo y han sembrado el temor entre los solicitantes de asilo e inmigrantes que comparecen ante el tribunal. En lo que ya es una escena habitual , un juez concede la solicitud de un abogado del gobierno de desestimar el proceso de deportación contra un inmigrante. Mientras tanto, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. esperan en el pasillo para arrestar a la persona y acelerar su deportación en cuanto salga de la sala.
Los jueces de los tribunales de inmigración también lidian con una enorme acumulación de aproximadamente 3,5 millones de casos, que se ha disparado en los últimos años. Los casos pueden tardar años en llegar a una decisión final, y los jueces y abogados suelen programar audiencias finales sobre el fondo del caso con más de un año de anticipación. A diferencia de los tribunales penales, el gobierno no está obligado a proporcionar abogados a todos los que pasan por los tribunales de inmigración; los inmigrantes pueden contratar a su propio abogado, pero si no pueden costearlo, se representan a sí mismos, a menudo utilizando un intérprete para presentar su caso.
Senador alega que un despido es un castigo
El senador demócrata estadounidense Dick Durbin, de Illinois, afirmó que uno de los jueces despedidos estaba siendo esencialmente castigado por hablar con él durante una visita que el senador realizó hace unas semanas al Tribunal de Inmigración de Chicago.
En un comunicado de prensa emitido el martes, Durbin afirmó que la jueza "se tomó el tiempo de mostrarme el tribunal y explicarme sus funciones". Añadió que, tras la visita, la jueza recibió un correo electrónico del Departamento de Justicia en el que se le informaba que todas las comunicaciones con las oficinas del Congreso debían canalizarse a través de la sede central y que los jueces de inmigración no debían comunicarse directamente con los miembros del Congreso.
"Su despido abrupto es un abuso de poder por parte de la Administración para castigar a una jueza apolítica simplemente por hacer su trabajo", dijo Durbin, quien es el miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado.
Los tribunales están recibiendo una inyección de efectivo
Según la legislación recientemente aprobada, que destinará 170 000 millones de dólares a impulsar la aplicación de las leyes de inmigración, los tribunales recibirán una inyección de 3300 millones de dólares. Esta cantidad se destinará a aumentar el número de jueces a 800 y a contratar más personal para apoyarlos.
Sin embargo, el sindicato afirmó que, desde que la administración Trump asumió el cargo, más de 103 jueces han sido despedidos o han renunciado voluntariamente tras aceptar las llamadas ofertas de "bifurcación en el camino" al inicio de la administración. El sindicato señaló que, en lugar de acelerar el proceso judicial de inmigración, los despidos del Departamento de Justicia agravarían los retrasos. El sindicato indicó que reclutar, contratar y capacitar a nuevos jueces de tribunales de inmigración puede tardar hasta un año.
Actualmente hay unos 600 jueces, según cifras del sindicato. Los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia.
REBECCA SANTANA cubre el Departamento de Seguridad Nacional para The Associated Press. Tiene amplia experiencia reportando en lugares como Rusia, Irak, Afganistán y Pakistán.
(Foto AP/Eric Gay)
Despido educacionWASHINGTON (AP) — La Corte Suprema le permitió al presidente Donald Trump volver a poner en marcha su plan de desmantelar el Departamento de Educación y seguir adelante con el despido de casi 1.400 empleados.
Ante el voto disidente de los tres jueces liberales, el tribunal suspendió el lunes una orden del juez federal de distrito Myong Joun en Boston, quien emitió una orden preliminar que revoca los despidos y cuestiona el plan general. Los despidos "probablemente paralizarán al departamento", escribió Joun. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden mientras la administración apelaba.
La acción del tribunal superior permite a la administración reanudar el trabajo para liquidar el departamento, una de las mayores promesas de campaña de Trump.
En una publicación del lunes por la noche en sus redes sociales, Trump afirmó que el Tribunal Supremo "ha otorgado una gran victoria a padres y estudiantes de todo el país". Añadió que la decisión permitirá a su administración iniciar el "importantísimo proceso" de devolver muchas de las funciones del departamento a los Estados Unidos.
El tribunal no explicó su decisión a favor de Trump, como es habitual en las apelaciones de emergencia. Sin embargo, en su voto discrepante, la jueza Sonia Sotomayor se quejó de que sus colegas estaban permitiendo acciones legalmente cuestionables por parte de la administración.
“Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley y luego cumple esa promesa, es deber del Poder Judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla”, escribió Sotomayor para ella misma y los jueces Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan.
El secretario de Educación elogia la decisión
La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que es una "vergüenza" que haya sido necesaria la intervención de la Corte Suprema para permitir que el plan de Trump siga adelante.
“Hoy, la Corte Suprema confirmó nuevamente lo obvio: el Presidente de los Estados Unidos, como jefe del Poder Ejecutivo, tiene la máxima autoridad para tomar decisiones sobre los niveles de personal, la organización administrativa y las operaciones diarias de las agencias federales”, dijo McMahon en un comunicado.
Un abogado de las ciudades y grupos educativos de Massachusetts que demandaron por el plan dijo que la demanda continuará y agregó que ningún tribunal ha dictaminado aún que lo que la administración quiere hacer sea legal.
Sin explicar al pueblo estadounidense su razonamiento, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos han asestado un golpe devastador a la promesa de esta nación de brindar educación pública a todos los niños. En su expediente paralelo, la Corte ha decidido una vez más anular la decisión de dos tribunales inferiores sin argumentos, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.
La Corte Suprema le ha otorgado a Trump una victoria tras otra en su esfuerzo por reestructurar el gobierno federal, después de que tribunales inferiores determinaran que las acciones de la administración probablemente violan la ley federal. La semana pasada, los jueces allanaron el camino para el plan de Trump de reducir significativamente el tamaño de la fuerza laboral federal. En materia de educación, el alto tribunal ha permitido previamente que se sigan adelante los recortes en las becas para la formación docente.
Por otra parte, el lunes, más de 20 estados demandaron a la administración por miles de millones de dólares en fondos educativos congelados para cuidados después de la escuela, programas de verano y más.
Los empleados del Departamento de Educación están de licencia
Los empleados del Departamento de Educación que fueron objeto de despidos han estado en licencia paga desde marzo, según un sindicato que representa a parte del personal de la agencia.
La orden de Joun había impedido que el departamento los despidiera por completo, aunque a ninguno se le había permitido regresar a trabajar, según la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales Local 252. Sin la orden de Joun, los trabajadores habrían sido despedidos a principios de junio.
El Departamento de Educación había declarado a principios de junio que estaba evaluando activamente la reincorporación de los empleados. En un correo electrónico, el departamento les pidió que informaran si habían conseguido otro empleo, explicando que la solicitud tenía como objetivo facilitar una reincorporación al trabajo fluida e informada.
El caso actual involucra dos demandas consolidadas que dicen que el plan de Trump equivalía a un cierre ilegal del Departamento de Educación.
Una demanda fue interpuesta por los distritos escolares de Somerville y Easthampton en Massachusetts, junto con la Federación Americana de Maestros y otros grupos educativos. La otra acción legal fue interpuesta por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.
Las demandas argumentaron que los despidos dejaron al departamento incapaz de llevar a cabo las responsabilidades requeridas por el Congreso, incluidos los deberes de apoyar la educación especial , distribuir ayuda financiera y hacer cumplir las leyes de derechos civiles .
MARK SHERMAN ha cubierto la Corte Suprema para The Associated Press desde 2006. Su carrera periodística abarca cinco décadas. Reside en Washington, D. C., y anteriormente vivió en Nueva York, París y Atlanta.
(Foto AP/J. Scott Applewhite, archivo)
Muere redadaSAN FRANCISCO (AP) — Un trabajador agrícola que se cayó del techo de un invernadero durante una caótica redada de ICE esta semana en una instalación de cannabis de California murió el sábado a causa de sus heridas.
Jaime Alanis, de 57 años, es la primera persona conocida que muere durante una de las operaciones de control migratorio de la administración Trump . Yesenia Durán, sobrina de Alanis, confirmó su fallecimiento a The Associated Press.
Durán publicó en la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe que su tío era el único sostén de la familia y que enviaba sus ganancias a su esposa e hija en México. Alanis trabajó en la granja durante 10 años, según su familia.
La Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW) informó sobre la muerte prematura de Alanis la noche del viernes. El Centro Médico del Condado de Ventura emitió posteriormente un comunicado autorizado por la familia, indicando que seguía con soporte vital.
“Estas acciones federales violentas y crueles aterrorizan a las comunidades estadounidenses, interrumpen la cadena de suministro de alimentos estadounidense, amenazan vidas y separan familias”, dijo recientemente la UFW en un comunicado en la plataforma social X. El sindicato no representa a los trabajadores de la granja allanada.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que ejecutó el jueves órdenes de allanamiento en las instalaciones de Glass House Farms en Camarillo y Carpintería. Glass House es un productor autorizado de cannabis. La granja en Camarillo también cultiva tomates y pepinos.
Alanis llamó a su familia para decirles que estaba escondido y posiblemente estaba huyendo de los agentes antes de caer unos 30 pies (9 metros) del techo y romperse el cuello, según información de la familia, el hospital y fuentes gubernamentales.
Los agentes arrestaron a unas 200 personas sospechosas de estar en el país sin documentos e identificaron al menos a 10 menores inmigrantes en los sitios, según informó el DHS en un comunicado. Alanis no se encontraba entre ellos, indicó la agencia.
“Este hombre no estaba ni ha estado bajo custodia de la CBP ni del ICE”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS. “Aunque no lo perseguían las fuerzas del orden, trepó al techo de un invernadero y cayó desde una altura de 9 metros. La CBP solicitó inmediatamente una ambulancia al lugar para que lo atendieran lo antes posible”.
Cuatro ciudadanos estadounidenses fueron arrestados durante el incidente por presuntamente "agredir o resistirse a los agentes", según el DHS, y las autoridades ofrecían una recompensa de 50.000 dólares por información que condujera al arresto de una persona sospechosa de disparar un arma contra agentes federales.
Durante la redada, multitudes se congregaron frente a las instalaciones en Camarillo para buscar información sobre sus familiares y protestar contra las leyes migratorias. Las autoridades, ataviadas con cascos y uniformes militares, se enfrentaron a los manifestantes, quienes finalmente se retiraron en medio de una densa humareda verde y blanca.
Glass House declaró que los agentes de inmigración contaban con órdenes de arresto válidas. La empresa indicó que los trabajadores fueron detenidos y que les está proporcionando representación legal.
“Glass House nunca ha violado deliberadamente las prácticas de contratación aplicables y no emplea ni ha empleado nunca a menores”, afirmó.
La empresa fue cofundada por Graham Farrar y Kyle Kazan. Farrar ha realizado donaciones a demócratas de California, incluyendo al gobernador Gavin Newsom, un crítico acérrimo del presidente republicano Donald Trump, según los registros de financiación de campaña. Kazan ha realizado donaciones tanto a demócratas como a republicanos.
Esta noticia se ha actualizado para corregir el nombre completo de la UFW. Se llama United Farm Workers, no United Food Workers. También se ha actualizado para corregirlo a "Alanis", y no a "García", en el séptimo párrafo.
Foto familiar vía AP)
Por  OLGA R. RODRIGUEZ
Rusia TrumpWASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump amenazó el lunes a Rusia con fuertes aranceles y anunció un oleoducto renovado para que las armas estadounidenses lleguen a Ucrania, endureciendo su postura hacia Moscú después de meses de frustración por las negociaciones infructuosas para poner fin a la guerra .
Las últimas medidas reflejan un cambio de enfoque por parte del presidente republicano, quien prometió resolver rápidamente la guerra iniciada por el presidente ruso Vladimir Putin cuando invadió Ucrania hace tres años. Trump centró sus críticas en el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy , a quien describió como reacio a ceder, pero recientemente ha expresado una creciente irritación hacia Putin.
"Mis conversaciones con él son muy agradables, y luego los misiles explotan por la noche", dijo Trump. Se quejó de que "simplemente sigue y sigue y sigue".
Trump afirmó que implementaría aranceles severos a menos que se alcanzara un acuerdo de paz en un plazo de 50 días. Ofreció pocos detalles sobre cómo se implementarían, pero los describió como aranceles secundarios, lo que significa que afectarían a los socios comerciales de Rusia en un intento de aislar a Moscú de la economía global.
Además, Trump afirmó que sus aliados europeos comprarían miles de millones de dólares en equipo militar estadounidense para transferirlo a Ucrania , reabasteciendo así el suministro de armas del país asediado. Hizo el anuncio en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El plan incluye los sistemas de defensa aérea Patriot, una máxima prioridad para Ucrania, que lucha contra los drones y misiles rusos .
Recientemente surgieron dudas sobre el compromiso de Trump de abastecer a Ucrania cuando el Pentágono detuvo los envíos ante la preocupación de que las reservas estadounidenses se estuvieran agotando.
Rutte afirmó que Alemania, Finlandia, Canadá, Noruega, Suecia, el Reino Unido y Dinamarca estarían entre los compradores que abastecerían a Ucrania. Añadió que «la rapidez es fundamental aquí» y sugirió que algunas armas se enviarían rápidamente a Ucrania y posteriormente se reemplazarían con compras a Estados Unidos.
Más tarde el lunes, Zelenskyy publicó que había hablado con Trump por teléfono y dijo que “discutió los medios y soluciones necesarios con el presidente para brindar una mejor protección a las personas de los ataques rusos y fortalecer nuestras posiciones”.
Zelenskyy agregó que Trump había "acordado hablar más a menudo por teléfono y coordinar nuestros pasos en el futuro".
Trump exasperado con Putin
Trump ha presumido durante mucho tiempo de su relación amistosa con Putin y ha afirmado repetidamente que Rusia estaba más dispuesta que Ucrania a alcanzar un acuerdo de paz. También acusó a Zelenski de prolongar la guerra y lo llamó un "dictador sin elecciones".
Pero la implacable embestida de Rusia contra zonas civiles de Ucrania agotó la paciencia de Trump. En abril, Trump instó a Putin a "¡PARAR!" sus ataques mortales contra Kiev, y al mes siguiente declaró en redes sociales que el líder ruso "¡se ha vuelto completamente LOCO!" .
Mientras Rutte estaba en Washington, el enviado especial de Trump a Ucrania y Rusia, el teniente general retirado Keith Kellogg , se reunió con Zelenskyy en Kiev.
Zelenskyy dijo que tuvo "una conversación productiva" con Kellogg sobre el fortalecimiento de las defensas aéreas ucranianas, la producción conjunta de armas y la compra de armas estadounidenses junto con países europeos, así como la posibilidad de sanciones internacionales más estrictas contra el Kremlin.
“Esperamos el liderazgo de Estados Unidos, porque está claro que Moscú no se detendrá a menos que sus... ambiciones sean detenidas por la fuerza”, dijo Zelenskyy en Telegram.
Negociaciones sobre el envío de misiles Patriot
Rusia ha bombardeado ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev , con cientos de drones y misiles de crucero y balísticos que las defensas aéreas ucranianas tienen dificultades para contrarrestar. Junio registró el mayor número mensual de víctimas civiles de los últimos tres años, con 232 muertos y 1.343 heridos, según informó la misión de derechos humanos de la ONU en Ucrania.
Al mismo tiempo, el ejército ruso, más grande, está haciendo un nuevo esfuerzo para hacer retroceder a los defensores ucranianos en partes de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas).
Trump confirmó que Estados Unidos está enviando a Ucrania más misiles de defensa aérea Patriot que necesita con urgencia y que la Unión Europea pagará a Estados Unidos por las “diversas piezas de armamento muy sofisticadas”.
Un importante legislador ruso, Konstantin Kosachev, dijo que el plan de Trump tenía “un solo beneficiario: el complejo militar-industrial de Estados Unidos”.
Alemania ha ofrecido financiar dos sistemas Patriot, según declaró el portavoz del gobierno, Stefan Kornelius, el lunes en Berlín. El país ya ha donado tres de sus propios sistemas Patriot a Ucrania.
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, viajó el lunes a Washington para reunirse con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
"Estamos decididos a asumir una mayor responsabilidad por la disuasión y la defensa de Europa, al tiempo que reconocemos que la contribución de los Estados Unidos de América sigue siendo indispensable para nuestra seguridad colectiva", dijo Pistorius a los periodistas.
'El flujo de armas alcanza niveles récord'
Un importante aliado de Trump, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, dijo el domingo que el conflicto está llegando a un punto de inflexión a medida que Trump muestra un creciente interés en ayudar a Ucrania a luchar contra la invasión a gran escala de Rusia.
Aunque Trump había descartado previamente el esfuerzo como un desperdicio de dinero de los contribuyentes estadounidenses, Graham le dijo al programa “Face the Nation” de CBS que “verán armas fluyendo a un nivel récord”.
“Uno de los mayores errores de cálculo que ha cometido Putin es manipular a Trump”, dijo. “Y observen, en los próximos días y semanas, habrá un esfuerzo masivo para convencer a Putin de que se siente a la mesa de negociaciones”.
Kirill Dmitriev, enviado de Putin para inversiones internacionales que participó en conversaciones con funcionarios estadounidenses en Arabia Saudita en febrero, desestimó lo que dijo eran esfuerzos para abrir una brecha entre Moscú y Washington.
«Un diálogo constructivo entre Rusia y Estados Unidos es más eficaz que los intentos de presión, condenados al fracaso», declaró Dmitriev en una publicación de Telegram. «Este diálogo continuará, a pesar de los titánicos esfuerzos por interrumpirlo por todos los medios posibles».
Presión económica
Aunque Trump propuso imponer nuevos aranceles a Rusia, expresó dudas sobre una legislación bipartidista para castigar aún más al país.
"No estoy seguro de que lo necesitemos", dijo. "Podría ser muy útil. Ya veremos".
La legislación aumenta las sanciones e impone aranceles del 500% a los productos importados de países que compran petróleo, gas y otras exportaciones rusas. Trump propuso el lunes implementar unilateralmente aranceles del 100%.
"Utilizo el comercio para muchas cosas", dijo. "Pero es excelente para resolver guerras".
Desde el 5 de diciembre de 2022, cuando la Unión Europea prohibió el petróleo ruso, China ha comprado el 47% de las exportaciones de crudo ruso, seguida de India con el 38%. Turquía y la UE han representado el 6% cada una, según el Centro para la Investigación y el Aire Limpio, una organización finlandesa sin fines de lucro que monitorea la industria energética.
Zongyuan Zoe Liu, investigador principal de estudios sobre China en el Consejo de Relaciones Exteriores, dudaba que los aranceles cambiaran el curso de la guerra.
“El petróleo es fungible, y Rusia ha desarrollado una ágil flota paralela”, dijo. “Por lo tanto, la aplicación de la ley sería un desafío”.
Sin embargo, los aranceles aún podrían tener un efecto dramático, dependiendo de cómo se implementen.
Añadir un arancel del 100% a China, además de los impuestos a las importaciones ya existentes, esencialmente detendría el comercio entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo.
En una declaración conjunta, los copatrocinadores del paquete de sanciones que se tramita en el Congreso, Graham y el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, elogiaron a Trump por haber dado un paso contundente. También defendieron su legislación, señalando: «La ventaja de nuestro enfoque es que combina la autorización del Congreso de aranceles y sanciones con flexibilidad para su implementación presidencial, lo que le confiere una gran solidez legal y política».
Los escritores de Associated Press Lorne Cook en Bruselas, Geir Moulson en Berlín, Paul Wiseman y David Klepper en Washington y Katie Marie Davies en Manchester, Inglaterra, contribuyeron a este informe.
Siga la cobertura de AP sobre la guerra de Rusia en Ucrania en https://apnews.com/hub/russia-ukraine .
Chris Megerian cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Anteriormente escribió sobre la investigación de Rusia, el cambio climático, la aplicación de la ley y la política en California y Nueva Jersey.
(Foto AP/Evan Vucci)
Por  CHRIS MEGERIAN e ILLIA NOVIKOV
Hogar ancianosNUEVA YORK (AP) — Los hogares de ancianos que ya tenían dificultades para reclutar personal ahora enfrentan el ataque del presidente Donald Trump a una de sus pocas fuentes confiables de trabajadores: la inmigración.
Los centros para adultos mayores y personas con discapacidad reportan la pérdida esporádica de empleados a quienes Trump les revocó su estatus legal. Sin embargo, temen que se avecinen impactos aún más drásticos, ya que la demanda de trabajadores potenciales se reduce drásticamente debido a una disminución generalizada de la inmigración legal.
“Nos sentimos completamente agotados ahora mismo”, dice Deke Cateau, director ejecutivo de AG Rhodes, que gestiona tres residencias de ancianos en el área de Atlanta, con un tercio del personal compuesto por personas nacidas en el extranjero procedentes de unas tres docenas de países. “El flujo de personal es cada vez menor”.
Se espera que ocho trabajadores de Cateau se vean obligados a irse tras la revocación de su Estatus de Protección Temporal (TPS) . El TPS permite a las personas que ya residen en EE. UU. quedarse y trabajar legalmente si sus países de origen son inseguros debido a disturbios civiles o desastres naturales. Durante la administración Biden, la designación se amplió para incluir a personas de una docena de países, incluyendo un gran número de venezolanos y haitianos.
Si bien los que tienen TPS representan una pequeña minoría de los 500 empleados del Procurador General Rhodes, Cateau dice que serán “muy difíciles, si no imposibles, de reemplazar” y le preocupa lo que vendrá después.
“Puede que hoy sean las ocho, pero quién sabe qué será más adelante”, dice Cateau, un inmigrante que llegó de Trinidad y Tobago hace 25 años.
Casi uno de cada cinco trabajadores civiles en EE. UU. nació en el extranjero, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Sin embargo, al igual que en la construcción, la agricultura y la manufactura, los inmigrantes están sobrerrepresentados en funciones de cuidado. Más de una cuarta parte de los aproximadamente 4 millones de auxiliares de enfermería, auxiliares de salud a domicilio, auxiliares de cuidado personal y otros trabajadores de atención directa son de origen extranjero, según PHI, una organización sin fines de lucro dedicada al sector de la atención a personas mayores.
El envejecimiento de la masiva generación del Baby Boom está a punto de impulsar aún más la demanda de cuidadores, tanto en instituciones como en hogares particulares. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) proyecta un mayor crecimiento entre los auxiliares de salud domiciliaria y cuidado personal que en cualquier otro puesto, con aproximadamente 820.000 nuevos puestos para 2032.
Los hogares de ancianos, los centros de vida asistida, las agencias de atención médica domiciliaria y otros negocios similares contaban con inmigrantes para cubrir muchos de esos puestos, por lo que el regreso de Trump a la Casa Blanca y el ataque de su administración a casi todas las formas de inmigración han provocado escalofríos en toda la industria.
Katie Smith Sloan, directora ejecutiva de LeadingAge, organización que representa a centros de atención sin fines de lucro, afirma que los hogares de todo el país se han visto afectados por el caos migratorio. Algunos han reportado que sus empleados han dejado de ir a trabajar por temor a una redada, a pesar de encontrarse legalmente en el país. Otros tienen trabajadores que se quedan en casa con sus hijos, a quienes han mantenido fuera de la escuela por temor a las redadas. Muchos otros ven una disminución en la cantidad de solicitantes de empleo.
“Esto es como un puñetazo en el estómago”, dice.
Rachel Blumberg, directora ejecutiva de Toby and Leon Cooperman Sinai Residences en Boca Ratón, Florida, ya ha perdido a 10 trabajadores cuyo permiso de residencia en Estados Unidos provenía de un programa conocido como permiso humanitario, otorgado a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Se prevé que pierda a 30 más en las próximas semanas con el fin del TPS para los haitianos.
"Creo que es la punta del iceberg", dice Blumberg, pronosticando más salidas de empleados que quizás no sean deportados, pero cuyos cónyuges o padres sí lo sean.
Blumberg recibió menos de 24 horas de aviso cuando sus empleados perdieron su autorización de trabajo, lo que desencadenó una avalancha de turnos. Ya ha aumentado los salarios y las bonificaciones por recomendación, pero afirma que será difícil reemplazar no solo a los auxiliares, sino también a los trabajadores de mantenimiento, lavaplatos y camareros.
“Desafortunadamente, los estadounidenses no se sienten atraídos a postularse y trabajar en los puestos que tenemos disponibles”, afirma.
Los cuidadores de primera línea son abrumadoramente mujeres y la mayoría son miembros de grupos minoritarios, según PHI, ganando un promedio de solo $ 16,72 por hora en 2023.
Las residencias de cuidados a largo plazo experimentaron un éxodo de trabajadores a medida que la COVID-19 agravaba aún más un entorno laboral ya de por sí complejo. Algunos centros comenzaban a normalizar el empleo a niveles prepandemia justo cuando se implementó la represión migratoria, aunque en todo el sector aún existe una escasez masiva de trabajadores.
Algunos en el sector han observado con frustración cómo Trump lamentaba cómo sus políticas podrían perjudicar a negocios como la agricultura y la hostelería, preguntándose por qué quienes limpian habitaciones de hotel o recogen tomates merecen más atención que quienes cuidan a personas mayores. Además de la revocación de las autorizaciones de trabajo para personas que viven en EE. UU., las residencias de ancianos tienen dificultades para obtener la aprobación de visas para las enfermeras tituladas y las enfermeras auxiliares con licencia que contratan en el extranjero.
Lo que solía ser un proceso simple ahora se extiende tanto que los candidatos reconsideran por completo la opción de viajar a Estados Unidos, dice Mark Sanchez, director de operaciones de United Hebrew, un hogar de ancianos en New Rochelle, Nueva York.
“Hay filas y filas y filas”, dice Sánchez, “y ahora dicen: ‘Voy a ir a Canadá’ y ‘Voy a ir a Alemania y me reciben con los brazos abiertos’”.
Al observar una instalación con un personal mayoritariamente inmigrante, el hijo de inmigrantes filipinos se pregunta de dónde vendrán sus futuros reclutas.
“No tengo a ICE entrando a mi puerta y llevándose a mi gente”, dice Sánchez, “pero el flujo que fluía antes ahora llega poco a poco”.
Los trabajadores de cuidados a largo plazo se ven atraídos rutinariamente no solo por hospitales y consultorios médicos, sino también por restaurantes, tiendas y fábricas. La mitad del personal promedio de una residencia de ancianos se renueva cada año, según datos federales, lo que hace que atraer y retener a cada empleado sea vital para su funcionamiento.
Robin Wolzenburg, de LeadingAge en Wisconsin, comenzó a trabajar para alojar a una gran cantidad de personas procedentes de Afganistán después de que Estados Unidos retirara sus últimas tropas hace cuatro años y miles de refugiados llegaran a su estado. Las residencias de ancianos comenzaron a contratar a los refugiados y quedaron tan encantadas con ellos que algunas comenzaron a contratar a refugiados llegados de Ucrania, Somalia y el Congo. Aunque muchas residencias tenían tasas de retención de personal cercanas al 30%, Wolzenburg afirmó que la cifra superaba el 90% entre los refugiados.
Trump ha detenido la mayoría de las admisiones de refugiados, lo que significa que el exitoso programa de extensión de Wolzenburg no tiene nuevos arribos a los que apuntar.
“Ha sido realmente devastador”, dice Wolzenburg. “Nuestras comunidades que colaboraban activamente con las agencias de reasentamiento no ven esas derivaciones a centros de atención a largo plazo como nosotros. No llegan refugiados”.
Lynne Katman, fundadora de Juniper Communities, que gestiona 21 centros en cinco estados, afirma que ya es bastante difícil encontrar a los trabajadores adecuados con pasión por los adultos mayores. Ahora, justo cuando los hogares se preparan para la afluencia de residentes provocada por el cambio demográfico del país, se enfrentan a otro reto para contar con una fuerza laboral estable.
“El trabajo es duro. No siempre ha sido el trabajo mejor pagado”, dice. “Pero muchos inmigrantes que han elegido este trabajo consideran el cuidado una profesión noble”.
Puede comunicarse con Matt Sedensky en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y https://x.com/sedensky
MATT SEDENSKY es un escritor nacional de The Associated Press.
(Foto AP/Rebecca Blckwell)

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