CARACAS (AP) — ¿Un déjà vu? Eso parece.

Complots de asesinato, órdenes de detención contra periodistas y defensores de los derechos humanos, ataques a adversarios — desde menosprecios hasta judiciales — y otras acciones gubernamentales han marcado el inicio de 2024 para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus aliados. Añádase la condena internacional y las sanciones económicas, y la realidad de un año con elecciones presidenciales se vuelve evidente.

Y, una vez más, la pregunta es: ¿Cómo de democráticos serán los comicios?

A los venezolanos se les prometió que habrá elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2024, luego de que Maduro y una facción de la oposición respaldada por el gobierno de Estados Unidos alcanzaran un acuerdo en octubre. Además, pactaron reconocer y respetar el derecho de los partidos a elegir libremente a su candidato, tomar medidas que revirtieran la decisión de Caracas que impedían a políticos presentarse a cargos públicos, e invitar a observadores electorales internacionales.

En los últimos tres meses, el gobierno ha mostrado su disposición a poner a prueba los límites del acuerdo, desacreditando las primarias presidenciales de la oposición, arrestando a numerosos adversarios reales o presuntos y caracterizando repetidamente a los miembros de la oposición como delincuentes que incitan al odio.

Pero la prueba de fuego se produjo el viernes, cuando el Tribunal Supremo venezolano — alineado con el gobierno de Maduro — bloqueó la candidatura presidencial de María Corina Machado al ratificar una decisión administrativa que le prohíbe optar a un cargo público durante 15 años.

“Hasta el momento no creo que tengamos evidencia de que Maduro planee permitir una elección competitiva”, dijo Geoff Ramsey, analista sobre Venezuela en el centro de estudios Atlantic Council. “Lo que estamos viendo es que el gobierno está dejando claro que no tiene previsto marcharse en el corto plazo”.

El veto no ha acallado a Machado. La exlegisladora dijo el lunes a sus partidarios y a reporteros que Venezuela tendrá elecciones presidenciales en 2024 en las que “voy a derrotar a Nicolás Maduro”. La fecha de los comicios no se ha fijado aún.

Pero Jorge Rodríguez, jefe negociador de Maduro y líder de la Asamblea Nacional, rechazó el desafío de inmediato.

“Cómo va a decir un ser humano que es uno más entre los 30 millones de venezolanos (… ) que ‘sin mí no habrá elecciones’”, afirmó Rodríguez. “Eso es cosa juzgada”.

Así es como zanjó también el gobierno disputas similares en vísperas de las últimas presidenciales, que resultaron en la reelección de Maduro.

En aquel momento, Maduro y la oposición habían acordado trabajar en las condiciones electorales. Pero las conversaciones terminaron en febrero de 2018 luego de que el ejecutivo no se mostró dispuesto a comprometerse con unos comicios libres y justos, y sus rivales se negaron a reconocer al congreso paralelo ideado por el partido gobernante tras perder la mayoría en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2015.

Poco después, el gobierno programó los comicios para el 20 de mayo y los principales partidos de la oposición decidieron boicotear la convocatoria, mientras a los líderes más destacados se les impedía optar a cargos públicos o se veían forzados a exiliarse tras la apertura de procesos judiciales en su contra por un letal movimiento de protesta que buscaba la marcha de Maduro.

La comunidad internacional consideró mayoritariamente que aquellos comicios fueron una farsa. Esto aisló aún más a Maduro y provocó sanciones económicas contra su gobierno.

Menos de tres meses después de su reelección, Maduro vinculó a los líderes de la oposición con lo que el gobierno describió como un intento de asesinato contra el presidente en el que drones armados con explosivos detonaron mientras pronunciaba un discurso ante cientos de soldados, que estaba siendo emitido en vivo por televisión.

Tuvieron que pasar varios años hasta que Maduro y la facción de la oposición respaldada por Washington, conocida como Plataforma Unitaria Democrática, parecieron realizar progresos cuando en octubre alcanzaron un acuerdo para sentar las bases para los comicios de 2024. Tales fueron los avances que Estados Unidos concedió a Maduro parte del ansiado alivio de las sanciones, y el bloque negociador de la oposición celebró sus primarias días más tarde.

Machado, la clara favorita durante meses, se impuso en los comicios. Pero la participación de más de 2,4 millones de votantes sorprendió a rivales y aliados opositores, que esperaban alrededor de un millón de votos debido a los desafíos organizativos y los obstáculos impuestos por el gobierno.

La victoria de Machado, con más del 90% de los votos, se produjo a pesar de que le gobierno anunció en junio su inhabilitación para 15 años. Pudo participar en las primarias porque fueron organizadas por una comisión independiente del Consejo Nacional Electoral venezolano.

En diciembre, Machado presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia alegando que el veto era nulo y solicitando medidas cautelares para proteger sus derechos políticos. La corte reiteró la prohibición el viernes, que alega supuesto fraude e infracciones fiscales y la acusa de buscar las sanciones económicas estadounidenses al país en la última década.

Ramsey apuntó que la oposición debería presentar alternativas a Machado ya que el chavismo — el movimiento político iniciado por el mentor y antecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez — nunca le permitirá postularse.

“Si el chavismo imaginara a su enemigo declarado, se imaginaría el rostro de María Corina”, afirmó. “Ella representa todo a lo que el chavismo se opone. Representa a la élite política y económica que gobernó el país durante años antes de Chávez”.

Como el tribunal, el Consejo Nacional Electoral también está controlado por el oficialismo. El director de la entidad es Elvis Amoroso, quien firmó el veto administrativo a Machado el año pasado cuando fungía como auditor estatal.

Entre los leales del partido gobernante está también el fiscal general, Tarek William Saab, quien después de las primarias abrió investigaciones penales contra algunos de los organizadores y más tarde emitió órdenes de detención para tres de los colaboradores de campaña de Machado. Además, un estrecho colaborador de la opositora, Roberto Abdul, con quien fundó un grupo prodemocrático hace más de dos décadas, fue arrestado tras las primarias.

Un intercambio de prisioneros de alto nivel entre Washington y Caracas permitió la liberación de Abdul y que los tres colaboradores de Machado abandonaran la embajada extranjera en la que se habían refugiado. Pero otros tres fueron detenidos la semana pasada en relación con lo que Saab, Maduro y Rodríguez han descrito como intentos de asesinato fallidos contra el presidente.

Estados Unidos respondió al fallo judicial del viernes revocando el alivio concedido en octubre a la empresa minera estatal, la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A, o Minerven. Además, dijo que Maduro tenía hasta abril para cumplir las condiciones del acuerdo electoral o perdería más beneficios.

La decisión del gobierno de Joe Biden provocó la indignación de Rodríguez y llevó al ejecutivo venezolano a advertir que dejaría de aceptar vuelos de deportación el 13 de febrero, la fecha en la que las mineras estadounidenses liquidarán sus operaciones vinculadas a Minerven.

“‘Tienen hasta abril”’ dicen. Ahórrense el lapso”, dijo Rodríguez, pronunciando después un improperio contra Washington, durante un discurso en la Asamblea Nacional. Según el acuerdo con la oposición, agregó, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia “deberá respetarse”.

BY REGINA GARCIA CANO

(AP Foto/Jesus Vargas, archivo)