El dictamen de la comisión de investigación parlamentaria de la crisis bancaria incluye una conclusión que ha pasado inadvertida hasta la fecha y que debilita la posición del Banco de España en pleno juicio oral de Bankia.
El dictamen aún no ha sido hecho público, pero en las conclusiones dedicadas a Bankia, la comisión parlamentaria aprobó esta acusación: «El Banco de España incurrió en una grave irregularidad de consecuencias nefastas al permitir a Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas en el llamado SIP [Sistema Institucional de Protección] contabilizar de forma singular todo el deterioro neto existente al cierre del ejercicio 2010, de 7.619 millones de euros, contra reservas en lugar de ir a cuenta de resultados».
Se trata de la decisión de la Comisión Ejecutiva de 29 de diciembre de 2010 bajo presidencia del entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de autorizar a Caja Madrid, Bancaja y resto de entidades participantes en el SIP a no reconocer pérdidas al integrar sus deteriorados negocios inmobiliarios. Según el informe de los peritos del Banco de España en el proceso judicial, esta decisión provocó por un lado que se consumiera el 50% del patrimonio de las cajas, pero, por otro, permitió ocultar la realidad y mantener la ficción de que tenían beneficios ese año.
Eso permitió, entre otras consecuencias, la salida a Bolsa en julio de 2011.«Es el origen del mal. Tuvo tres efectos: al no reconocer pérdidas se permitió repartir bonus a los directivos de las cajas; se pudo pagar el cupón de las preferentes; y se declaraban beneficios necesarios para la salida seis meses después a Bolsa de Bankia», asegura el portavoz de Ciudadanos en la comisión parlamentaria, Francisco de la Torre, autor de la propuesta de incluir este apartado en el dictamen final de la comisión parlamentaria.
El abogado de la Confederación Intersindical de Crédito e impulsor del caso Bankia, Andrés Herzog, denunció esta irregularidad a la Audiencia Nacional, pero el juez instructor, Fernando Andreu, rechazó, tras pedir el acta de la decisión al supervisor, que se pudiera imputar delitos al Banco de España.
Sin embargo, el hecho de que el Congreso de los Diputados incida en este punto puede tener consecuencias en el desarrollo del juicio. La conclusión fue aprobada por carambola parlamentaria ya que fue propuesta por Ciudadanos y salió adelante con la abstención de PP, PSOE y Podemos. De la Torre va a presentar un voto particular para que este varapalo al Banco de España figure también en el informe de lo ocurrido en la crisis y no sólo en forma de conclusión final.
En sus comparecencias ante la comisión parlamentaria, en noviembre y diciembre de 2017, tanto Ordóñez como el entonces subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, reconocieron que había división interna en el supervisor sobre si había que permitir a las cajas no pasar sus deterioros a la cuenta de resultados. «Hubo un empleado de la Dirección General de Regulación que dijo que creía que debía hacerse con arreglo a resultados, y la Dirección General de Supervisión mantuvo una teoría, que luego fue aceptada por la Dirección General de Regulación», explicó el ex gobernador. «Finalmente, la propuesta que llegó a la comisión ejecutiva fue del director general de Regulación [el actual presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán], no del de Supervisión, pero el director general de Supervisión dijo: '¿Qué tenemos que aplicar aquí? Podemos tratarlo en la norma como a un grupo consolidable, y entonces sólo tenemos que aplicar el saneamiento con cargo a resultados, o tenemos que aplicarle la norma como si esto fuera una fusión, es decir, una integración que no tiene marcha atrás (...) Ésa fue la que se adoptó».
Esta decisión coincidió con que el Banco de España preparaba con la entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado, un decreto publicado apenas un mes después para capitalizar las cajas empujándolas a salir a Bolsa. También se produjo tras informes internos del área de Supervisión que aconsejaban no decir la verdad de los deterioros de Bancaja para no alarmar a los mercados.Los peritos judiciales Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras sostienen, sin embargo, que «las provisiones por insolvencias de las siete cajas fundadoras se consumieron en la creación del SIP, al hacer el ajuste a valor razonable».
Y descalifican que «la justificación dada por Caja Madrid y el resto de cajas fue que reflejaba mejor la imagen fiel cargar las pérdidas contra reservas y no contra resultados y que no existía un tratamiento específico, lo cual no es cierto». «Parece más creíble pensar que la intencionalidad era generar unos beneficios contables en 2010 evitando que las cajas entraran en pérdidas y continuaran pagando bonus a los ejecutivos e incluso dotaciones a la obra social, como si nada hubiese ocurrido», sostienen los peritos en su informe.