BANGKOK (AP) — Un grupo de casi tres docenas de grupos de derechos humanos pidió el viernes al primer ministro de Tailandia que libere a un activista vietnamita cuya extradición fue ordenada a su país para enfrentar una pena de prisión por cargos de terrorismo, afirmando que enfrenta la posibilidad de ser torturado si es devuelto.

Y Quynh Bdap, que tiene el estatus de refugiado de las Naciones Unidas en Tailandia, fue detenido por las autoridades tailandesas en virtud de una orden de arresto vietnamita en junio cuando solicitaba asilo en Canadá. Se encuentra detenido en Bangkok a la espera de su extradición.

En la carta enviada al Primer Ministro Paetongtarn Shinawatra, así como a otros funcionarios tailandeses y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Amnistía Internacional y otros 32 grupos de derechos humanos sugirieron que Bdap “enfrenta un riesgo real de tortura, detención arbitraria prolongada u otras graves violaciones de los derechos humanos” si es devuelto a Vietnam.

El portavoz de Paetongtarn, Jirayu Houngsub, dijo que la oficina del primer ministro aún no había recibido la carta y que no tenía comentarios inmediatos.

Bdap es cofundador del grupo Montagnards Stand for Justice. Huyó a Tailandia en 2018 para escapar de la persecución en Vietnam, que ha sido criticado durante mucho tiempo por su trato a la minoría montañesa predominantemente cristiana del país.

Su grupo abogó por los derechos religiosos y otros derechos de los montañeses, capacitándolos en el derecho internacional y vietnamita y en cómo documentar los abusos, lo que, según las ONG, lo convirtió en un objetivo del gobierno vietnamita.

El hombre de 32 años fue declarado culpable en ausencia en Vietnam en enero por terrorismo y sentenciado a 10 años de prisión por acusaciones de estar involucrado en la organización de disturbios antigubernamentales en la provincia montañosa central de Dak Lak, en Vietnam, el año pasado.

En septiembre, un tribunal de Bangkok ordenó su extradición. Su apelación contra esa decisión aún está pendiente.

Pham Thu Hang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, dijo a los periodistas en Hanoi el jueves que era “apropiado” extraditar a Bdap “para garantizar que todos los criminales sean castigados por la ley”.

“Vietnam trabajará con las oficinas pertinentes en Tailandia para abordar esto de acuerdo con la ley de ambos países”, dijo.

Bdap se escondió en Tailandia después de que le alertaran de que las autoridades vietnamitas estaban haciendo investigaciones sobre él a principios de este año, y publicó un video poco antes de ser detenido diciendo que no tenía "absolutamente nada que ver con ese incidente violento".

“Soy un activista de derechos humanos que lucha por la libertad religiosa y defiende los derechos de las personas”, afirmó. “Mis actividades son pacíficas y consisten únicamente en recopilar y redactar informes sobre las violaciones de los derechos humanos en Vietnam”.

En el proceso judicial de enero en Vietnam, cerca de otras cien personas fueron juzgadas por su presunta participación en disturbios ocurridos en dos oficinas gubernamentales de distrito en los que murieron nueve personas, incluidos cuatro agentes de policía y dos funcionarios del gobierno. Cincuenta y tres fueron condenados por cargos de “terrorismo contra el gobierno del pueblo”, informó el periódico estatal Vietnam News.

Días después de los veredictos, Pham Thu Hang, del Ministerio de Asuntos Exteriores, rechazó las críticas de que Vietnam había utilizado el juicio como una oportunidad para reprimir a las minorías étnicas, diciendo que el gobierno necesitaba "abordar estrictamente el terrorismo de acuerdo con el derecho internacional".

“Todas las etnias que viven en el territorio de Vietnam son iguales”, afirmó.

En la carta conjunta, las ONG subrayaron que los expertos de derechos humanos de la ONU han expresado su preocupación de que el juicio puede haber tenido motivaciones políticas (señalando que Bdap estaba en Tailandia cuando se cometieron los presuntos crímenes en Vietnam) y no cumplió con las garantías de un juicio justo.

También señalaron que Tailandia acaba de ser elegida para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para un período de tres años que comenzará el 1 de enero.

“Ser elegido para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU conlleva serias responsabilidades para implementar políticas y acciones que respeten los derechos humanos”, dijo Prakaidao Phurksakasemsuk de la Cross Cultural Foundation, que fue uno de los grupos que envió la carta.

“Lo que le sucede a Y Quynh Bdap es una prueba de ese compromiso tailandés, y el primer ministro debería hacer lo correcto y ordenar que se le permita reasentarse de manera segura con su familia en un tercer país donde pueda recibir protección”.

Phil Robertson, director del grupo Asia Human Rights and Labor Advocates, que también firmó la carta, dijo que Bdap debería ser liberado bajo fianza mientras su apelación está pendiente para reunirse con su esposa y sus tres hijos pequeños.

“No hay absolutamente ninguna razón suficiente para mantener a un padre refugiado detenido, separado de sus hijos, y someterlo a un sufrimiento continuo basándose en acusaciones falsas y afirmaciones con motivaciones políticas impulsadas por el gobierno autoritario de Vietnam”, dijo Robertson.

Jintamas Saksornchai contribuyó a esta historia.

DavidRising cubre noticias regionales de Asia y el Pacífico para The Associated Press. Ha trabajado en todo el mundo, incluyendo la cobertura de las guerras en Irak, Afganistán y Ucrania, y vivió durante casi 20 años en Berlín antes de mudarse a Bangkok.

(Foto AP/Sakchai Lalit, Archivo)