CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna, tomó posesión a primera hora del domingo y horas más tarde anunció cambios en la fiscalía, incluido el cierre de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) debido a la pérdida de credibilidad en la investigación de casos de corrupción.García Luna llega en sustitución de la Consuelo Porras, quien tuvo una polémica gestión.
La FECI fue creada en 2008 como una unidad complementaria a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente financiado por Naciones Unidas que trabajó durante 12 años en el país con el fin de investigar actos de corrupción y desmantelar a las estructuras del crimen organizado incrustadas en el Estado guatemalteco.
“Desde mañana, la fiscalía entra en una etapa de liquidación. Es porque lastimosamente la fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana”, declaró García Luna, quien explicó que se analizarán y revisarán todos los casos en dicha unidad. Durante la gestión de Porras, dicha fiscalía estaba a cargo del fiscal Rafael Curruchiche y fue objeto de señalamientos de ser utilizada para criminalizar a opositores, jueces y periodistas que investigaban actos de corrupción.
El presidente Bernardo Arévalo se refirió el domingo a la salida de Porras y dijo que esta nueva etapa “pone fin al secuestro de esta institución por parte de redes político-criminales que la instrumentalizaron para perpetuar la corrupción y asegurar impunidad”.
Arévalo recordó cómo, bajo la gestión de Porras, “se violaron derechos básicos” de los guatemaltecos, “se criminalizó a quienes piensan diferente, causándole un profundo daño a Guatemala, facilitando operaciones delictivas del crimen organizado, desprotegiendo al territorio del tráfico de drogas y abusando del poder”.
Porras, Curruchiche, y otros funcionarios cercanos a la exfiscal, fueron sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y más de 40 países por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia de Guatemala.
El nuevo fiscal también ordenó retirar las reservas de los procesos, siempre que no pongan en peligro la investigación o a los sujetos procesales. Durante la gestión de Porras y Curruchiche, varias personas procesadas acusaron a la fiscalía de no permitirles conocer las acusaciones o evidencia en su contra.
Uno de los casos más sonados es el iniciado contra el partido político Movimiento Semilla que llegó a la presidencia a Bernardo Arévalo en 2023. Luego de una serie de denuncias de presuntas falsedades ideológicas, asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado en 2023, la fiscalía se negó a permitir que los acusados conocieran el proceso y las evidencias en su contra, aseguran miembros del partido.
“Es prácticamente intolerante llevar casos bajo reserva desde el inicio hasta el final del proceso”, dijo García Luna.
García Luna también anunció la formación de una comisión para analizar cada uno de los más de 100 casos de exjueces, exfiscales , defensores de los derechos humanos y periodistas que se exiliaron mientras denunciaban una supuesta persecución por parte de la fiscalía. La Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, M argaret Satterthwaite, cuestionó en mayo de 2025 a la fiscalía por mantener una política de criminalización contra colectivos que investigaban actos de corrupción.
“Las persecuciones sin proceso no tiene cabida”, dijo García Luna.
Además de la salida de Porras, el fiscal dijo que aceptó la renuncia del exsecretario general Ángel Pineda, quien también es objeto de sanciones, al tiempo que se revisarán y analizarán otros cargos.
POR SONIA PÉREZ D.
(AP Foto/Moisés Castillo)