TECÚN UMÁN, Guatemala (AP) — Desde la escalera de su iglesia en Tecún Umán, una ciudad fronteriza en Guatemala, el sacerdote Fernando Cuevas ha visto como el flujo migratorio evolucionó desde multitudinarias caravanas que llenaban la plaza cercana a pequeños grupos de familias que llegan en bus para subir a balsas que esperan para llevarlos a México.

 

Lo que no ha cambiado es la actitud del gobierno guatemalteco hacia los migrantes. Recientemente, en la ciudad no había indicios de que las autoridades dieran siquiera la apariencia de tratar de disuadir a la gente de cruzar a México de forma ilegal en las balsas.

 

“El no tener política migratoria es también una política”, señaló Cuevas. “Hay demasiados conflictos de interés para detener la migración”.

 

Los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador guardaron un notable silencio el mes pasado mientras México confrontó en solitario la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponerle aranceles asfixiantes. Fueron sus ciudadanos, no los mexicanos, quienes habían provocado la ira del mandatario al llegar en masa a la frontera sur de Estados Unidos, aunque México enfrentaba la peor parte de las consecuencias posibles.

 

Uno de los principales motivos de su silencio es que las naciones del llamado Triángulo Norte dependen mucho del dinero que envían a casa sus ciudadanos emigrados. En Honduras, las remesas supusieron más de 4.800 millones de dólares el año pasado, más del 20% de su Producto Interno Bruto (PIB), según su Banco Central. En Guatemala superaron los 9.000 millones de dólares y en El Salvador, los 5.500 millones.

 

Tras una serie de negociaciones, México consiguió esquivar de momento la amenaza de los aranceles estadounidenses. Pero en septiembre tiene una nueva fecha límite para controlar el flujo migratorio y está tratando de lograr la cooperación de sus vecinos centroamericanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador apuesta por un plan de desarrollo respaldado por Naciones Unidas para la región y el sur de México y dice tener un compromiso de Washington para garantizar las inversiones.

 

El mes pasado, le ofreció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una donación de 30 millones de dólares para un programa de reforestación y empleo. López Obrador está ampliando su propia versión de ese programa con la intención de evitar que los mexicanos que viven en zonas rurales opten por cruzar la frontera norte.

 

Pero México también desplegó miles de efectivos de la Guardia Nacional en todo su territorio para ayudar a frenar la inmigración.

 

Queda por verse si los gobiernos de Triángulo Norte tienen la voluntad política o los recursos para atajar la enquistada pobreza, la delincuencia y la violencia, que son los principales motivos que llevar a la gente a emigrar.

 

Mientras tanto, se suceden las acusaciones.

 

El mes pasado, la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó donde creía que debía recaer la culpa.

 

“Los americanos creen que realmente nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo”, dijo. “Sí lo estamos haciendo. Lo cierto es que el tema no es que nosotros no hagamos el trabajo. El tema es la crisis humanitaria que hay en Honduras” y en el resto de Centroamérica.

 

Según Sánchez Cordero, las autoridades hondureñas dijeron a las mexicanas que alrededor de 500.000 de sus ciudadanos salieron del país desde el pasado otoño.

 

Guatemala ha hecho su propio intento de suavizar las tensiones con Washington.

 

A finales de mayo, coincidiendo con la visita a la región del secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, Guatemala anunció la desarticulación de una red de tráfico de personas que recaudó unos 10 millones de dólares llevando a gente al país. Washington también envió agentes de inmigración para asesorar a sus homólogos guatemaltecos.

 

“La política o la actitud de los gobiernos centroamericanos hacia el tema migratorio ha sido de un total desinterés en lo que viene siendo prácticamente las dos últimas décadas”, explicó Fernando Neira Orjuela, del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

“En la medida en que los migrantes se van, para algunos de estos gobiernos, esto es quitar incluso los problemas de encima _ menos empleos en que preocuparse, menos cuestiones sociales que atender”, apuntó Neira. “Por el contrario, lo han tomado como un beneficio en la medida en que para Centroamérica los flujos de remesas tienen un impacto importante en el PIB”.

 

Preguntada por la tensión entre México y Estados Unidos por la inmigración, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, dijo: “Esas son situaciones bilaterales entre Estados Unidos y México”.

 

Pero esta semana, en vísperas de la visita de McAleenan, Bukele adoptó un tono inusual en los líderes de la región: asumió la responsabilidad.

 

“Podemos echar la culpa a cualquier otro país, ¿pero qué hay de nuestra culpa? Quiero decir, ¿de qué país huyen?”, dijo el presidente salvadoreño tras la trágica muerte de un padre y su hija de su país que se ahogaron la semana pasada cuando intentaban cruzar el río Bravo hacia Texas.

 

“Huyeron de El Salvador. Huyeron de nuestro país. Es culpa nuestra”, afirmó Bukele.

 

El Triángulo Norte no ha evitado completamente la mirada de Trump.

 

El mes pasado, la Casa Blanca dijo que restablecería 432 millones de los 615 millones de dólares en ayudas que mandó recortar en marzo para proyectos que ya habían sido aprobados en la región. Pero añadió que no se concedería nueva financiación hasta que los gobiernos reduzcan el número de conciudadanos que llegan a la frontera estadounidense.

 

De acuerdo con la experta en migraciones Sally Valladares, las remesas de las que depende Honduras son un factor clave para el silencio del país sobre el asunto.

 

“Han tratado de distraer su responsabilidad”, señaló Valladares, añadiendo que cuando se vieron obligados a confrontar la partida de multitudinarias caravanas el año pasado, funcionarios del gobierno hondureño culparon a la oposición.

 

Mientras, la gente sigue yéndose.

 

Recientemente, Joshué Manuel Quintanilla, de 28 años y procedente de San Salvador, puso un pie en territorio mexicano tras cruzar el río Suchiate desde Guatemala. Dijo que había trabajado como técnico de automoción pero que la delincuencia lo obligó a escapar.

 

Preguntado sobre qué podría haber hecho su gobierno para evitar que él y otros emigren, no dudó al responder: “Primero que nada combatir a la delincuencia, luego generar trabajo”.

 

“Hemos tenido 20 años de gobierno (...) y lo único que han hecho es robar dinero. El pobre (se hace) más pobre, el rico más rico”, apuntó Quintanilla.

 

Destacando que Bukele, que asumió la presidencia el mes pasado, ha prometido un cambio, agregó: “Esperamos que cambien y de aquí a unos cinco años podemos decir, bueno vamos a regresar a nuestro país porque está mejor allá”.