SANT JOAN DE VILATORRADA, España (AP) — Las autoridades españolas trasladaron el viernes a nueve políticos y activistas de cárceles en Cataluña a Madrid, antes de un esperado juicio por el papel que desempeñaron en un intento por separarse de España.

Según un funcionario judicial, el Tribunal Supremo dispuso que el juicio comience el 12 de febrero. El panel de jueces emitirá una orden con los testigos a convocar y el calendario del juicio, previsto para durar unos tres meses, añadió.

Doce acusados _nueve de ellos con prisión preventiva y tres más con libertad bajo fianza_ podrían quedar encarcelados durante décadas si son declarados culpables de rebelión, el cargo más grave de los que enfrentan. También podrían ser multados si se les halla culpables de malversar fondos públicos. Sus abogados dicen que deben ser absueltos.

El “juicio del siglo”, como lo llama la prensa local, ha adquirido una gran importancia política. Los separatistas han dicho claramente que aprovecharán el proceso para demostrar que se les juzga por sus ideas y en particular por promover la secesión.

Las audiencias serán públicas y televisadas.

Además de la fiscalía y la abogacía del estado, el partido más a la derecha del espectro político español se ha personado como acusación popular, una figura que permite el sistema judicial español. El partido, Vox, quiere demostrar a través del juicio y antes de las elecciones locales y europeas de mayo su línea dura contra el nacionalismo catalán y su defensa de la unidad de España.

Las acusaciones derivan de la profunda crisis política provocada por los dramáticos sucesos de 2017, cuando los separatistas llevaron a cabo un referendo por la independencia de la próspera región del noreste el 1 de octubre a pesar de la violenta represión policial.

A esto siguió una declaración unilateral independencia por el legislativo catalán 26 días después.

Varios políticos, agentes de policía y funcionarios electos serán juzgados en tribunales inferiores por sus papeles en el intento secesionista.

El presidente catalán de la época, Carles Puigdemont, hace campaña por la independencia desde Bélgica, donde ha podido evitar la extradición a España.

Entre los presos se encuentran el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el activista Jordi Sánchez y la expresidenta del parlamento catalán Carme Forcadell.

Partidarios de la secesión se concentraron a primera hora del viernes en las puertas de tres cárceles en Cataluña de donde salieron las caravanas de autos policiales que transportaban a los acusados, siete hombres y dos mujeres.

Algunos activistas se tendieron en la calle para tratar de detener los vehículos, pero la policía los retiró rápidamente, como se vio en escenas filmadas por la televisión.

Los nueve fueron reunidos en Brians 2, una penitenciaría 40 kilómetros al oeste de Barcelona, donde la Guardia Civil española se hizo cargo y los escoltó en una caravana a dos cárceles en Madrid.

Las autoridades penitenciarias del ministerio del Interior dijeron que se mantenían en secreto otros detalles del operativo por razones de seguridad.