LOS ÁNGELES — El 20 de noviembre, un juez federal ordenó al gobierno de Trump que volviera a aceptar las solicitudes de asilo de migrantes sin importar de dónde procedieran o cómo hubieran ingresado a Estados Unidos. Esta decisión representa un revés, al menos temporal, al intento del presidente de tomar medidas drásticas en contra de la caravana de centroamericanos que buscan cruzar la frontera.

 

El juez Jon Tigar del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco emitió una orden de restricción temporal para bloquear al gobierno a fin de que no formule un nuevo fallo que niegue protección a la gente que ingresa al país de forma ilegal. La orden, la cual suspende el decreto de ley hasta que la corte tome una decisión sobre el caso, tiene validez en el ámbito nacional.

 

“Sin importar el alcance de autoridad que tiene el presidente, no puede reescribir las leyes de migración para imponer una condición que ha prohibido expresamente el Congreso”, escribió Tigar en su orden.

 

Mientras una caravana de miles de personas viajaba a la frontera suroeste de Estados Unidos, el 9 de noviembre el presidente Trump firmó un decreto de ley que prohibía que los migrantes solicitaran asilo si no lograban hacer la petición en un punto de control legal. Solo los que ingresaran al país a través de un puerto de entrada iban a ser elegibles, señaló, invocando su autoridad respecto de la seguridad nacional para proteger la integridad de las fronteras de Estados Unidos.

En tan solo unos días, el gobierno presentó un fallo en el registro federal, que entró en vigor de inmediato y sin el periodo habitual de audiencias públicas.

 

Sin embargo, el decreto alteraba leyes migratorias de años de antigüedad que garantizan un lugar seguro en Estados Unidos a la gente que huye de la persecución, sin importar la manera en la que haya ingresado al país. Algunos grupos defensores de los derechos humanos, entre ellos el Centro Legal para la Pobreza Sureña y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), rápidamente demandaron al gobierno por haber presentado la que consideraron una prohibición de asilo para efectos prácticos.

 

Después de que el lunes el juez emitió su fallo, Lee Gelernt, el abogado de la ACLU que expuso el caso, señaló lo siguiente: “El tribunal dejó claro que el gobierno no tiene el poder para ignorar al Congreso y que, sin intervención judicial, ocurrirá un daño verdadero”.

 

“Es un paso crucial para oponer resistencia a la guerra que el presidente Trump ha declarado a las personas que buscan asilo”, mencionó en un comunicado Melissa Crow, una abogada supervisora sénior del Centro Legal para la Pobreza Sureña, una de las dos organizaciones que llevaron el caso. “Aunque el nuevo fallo pretende facilitar un proceso ordenado de las personas que buscan asilo en los puertos de entrada, desde hace tiempo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sostiene una práctica y una política de rechazo a individuos que hacen exactamente lo que ordena la ley. Estas prácticas son ilegales a todas luces y no pueden seguir vigentes”.

 

El Centro para los Derechos Constitucionales también se sumó a la demanda.

 

Funcionarios del gobierno de Trump señalaron que seguirían defendiendo la política a medida que pasara por los tribunales.

 

“Nuestro sistema de asilo no funciona bien, y cada año abusan de él miles de personas que presentan solicitudes sin merecerlo”, declararon en un comunicado Katie Waldman, una vocera del Departamento de Seguridad Nacional, y Steve Stafford, el portavoz del Departamento de Justicia.

 

Los voceros mencionaron que el presidente tiene amplios poderes para impedir la entrada de migrantes al país. “Es absurdo que una serie de agrupaciones defensoras de los derechos esté dispuesta a demandar para obstaculizar las acciones del gobierno federal y que así extranjeros sin papeles puedan recibir un beneficio del gobierno al cual no tienen derecho”, expresaron. “Seguiremos adelante con el fin de defender el legítimo y bien argumentado ejercicio de la autoridad del poder ejecutivo para solucionar la crisis en nuestra frontera sur”.

 

Es verdad que los presidentes tienen un poder discrecional sobre asuntos de inmigración. Sin embargo, el fallo del tribunal muestra que esa discreción tiene límites, aseguró Stephen Yale-Loehr, un académico especializado en inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad Cornell.

 

“El fallo es un golpe significativo en contra de los esfuerzos que ha realizado el gobierno para cambiar la ley de asilo de forma unilateral. A fin de cuentas, esto debe ir a la Corte Suprema para un fallo definitivo”, comentó Yale-Loehr.

 

En su queja, los grupos defensores de los derechos humanos acusaron al gobierno de “violar un mandato claro del Congreso que dispone que la forma de ingreso no constituye una prohibición categórica de asilo”. Asimismo, señalaron que el gobierno había violado lineamientos federales al no permitir audiencias públicas sobre el decreto de ley.

 

No obstante, los funcionarios del gobierno de Trump defendieron el cambio regulatorio, al argumentar que el presidente estaba respondiendo a un aumento repentino de migrantes que buscaban asilo con declaraciones frívolas, las cuales a fin de cuentas generan que un juez de inmigración rechace sus casos. Los migrantes ignoran las órdenes para salir del país y permanecen de forma ilegal.

 

“El presidente ha buscado detener esta práctica peligrosa e ilegal y recuperar el control de la frontera”, mencionaron abogados del gobierno en presentaciones de expedientes judiciales.

 

 

Trump, quien había prometido que detener el flujo de la inmigración sin papeles sería una de sus principales prioridades desde los días de su campaña, no ha ocultado su frustración por la gran cantidad de migrantes que se dirigen a Estados Unidos. El presidente ordenó el desplazamiento de más de cinco mil soldados en activo hacia la frontera para evitar que entraran los migrantes.

 

En general, la nueva ley se percibió como un esfuerzo para disuadir a los centroamericanos, muchos de los cuales solicitan asilo una vez que llegan a Estados Unidos, a veces sin inspección, después de emprender el viaje por tierra desde sus países hacia la frontera.

 

Las leyes de inmigración de Estados Unidos estipulan que los extranjeros que toquen tierra estadounidense son elegibles para solicitar asilo. No pueden ser deportados de inmediato. Son elegibles para someterse a un interrogatorio con un agente migratorio, lo que se conoce como “entrevista de temor creíble”, una prueba que pasa una mayoría abrumadora de los solicitantes. Como resultado, la mayoría de los migrantes son liberados, pero tienen una cita para presentarse en la corte.

 

En años recientes, cada vez más migrantes han hecho uso del proceso de asilo, a menudo después de entrar de manera ilegal a Estados Unidos. En octubre, una cantidad récord de 23.121 migrantes que viajaban como familias fue detenida en la frontera. Muchas de las familias se entregan a la Patrulla Fronteriza en vez de hacer fila para solicitar asilo en el puerto de entrada.

 

El gobierno de Trump cree que los migrantes se están aprovechando de las leyes de asilo para migrar de manera no autorizada a Estados Unidos. La cantidad desorbitada de llegadas ha exacerbado un tremendo retraso en los casos pendientes en las cortes migratorias, una cifra que hace poco rompió la marca de un millón de casos. Muchos migrantes no se presentan a las citas en los tribunales, según los funcionarios gubernamentales, y terminan por permanecer de forma ilegal en el país; Trump ridiculiza el procedimiento llamándolo “capturar y liberar”.

 

Sin embargo, los defensores de los derechos humanos argumentan que muchos migrantes son víctimas de violencia o persecución y tienen derecho a buscar un santuario. Las pandillas son omnipresentes en todo El Salvador, Honduras y Guatemala, donde la ilegalidad y la corrupción les permiten asesinar con impunidad.