CHICAGO (AP) — Los legisladores republicanos de diversos estados de Estados Unidos han rechazado los intentos de los demócratas de proteger o ampliar el acceso a los métodos anticonceptivos, un tema que los demócratas están promoviendo para las elecciones de este año, junto con el aborto y otras cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos.El expresidente Donald Trump, virtual candidato presidencial del Partido Republicano, puso el tema bajo los reflectores esta semana cuando dijo en una entrevista que estaba abierto a apoyar restricciones a la anticoncepción, para después dar marcha atrás y decir que “nunca ha defendido ni defenderá” restringir el acceso a los anticonceptivos. Fue más allá con una publicación en las redes sociales en que dijo: “No apoyo la prohibición del control de la natalidad, y tampoco lo hará el Partido Republicano”.
Pero los recientes acontecimientos en las oficinas de los gobernadores y las legislaturas estatales de todo el país cuentan una historia más complicada acerca de las posturas de los republicanos sobre la anticoncepción en un momento en que los defensores de los derechos reproductivos alertan de un recorte gradual del acceso.
“La anticoncepción no es un tema tan sencillo para el Partido Republicano como parece indicar la afirmación de Trump”, dijo Mary Ruth Ziegler, profesora de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, campus Davis, y una destacada estudiosa de la política alrededor del aborto. “Por eso muchos proyectos de ley sobre el derecho a la anticoncepción han fracasado tanto en el Congreso como en los estados. La anticoncepción es más controvertida de lo que la mayoría de la gente cree”.
Las declaraciones de Trump de esta semana y la creciente intensificación de las disputas en torno a los anticonceptivos a nivel estatal ofrecen una oportunidad a los demócratas, que buscan usar el tema como un potente motor de la participación electoral en otoño, al igual que lo ha sido el aborto desde que la Corte Suprema federal anuló el derecho constitucional a este procedimiento hace dos años.
El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, ha dicho que quiere que se vote el próximo mes un proyecto de ley para proteger el acceso a los anticonceptivos similar al que la Cámara de Representantes federal aprobó en 2022, cuando los demócratas controlaban la cámara baja. Incluso si esa iniciativa no logra superar el obstáculo de los 60 votos de la táctica dilatoria en el Senado, dejará constancia de la inclinación de los republicanos sobre un tema que tiene resonancia personal en un amplio sector del electorado.
Los votantes ya han demostrado que apoyan ampliamente el derecho al aborto, incluso en estados conservadores como Kansas, Kentucky y Ohio, donde se han puesto del lado de los defensores del derecho al aborto en las iniciativas electorales de los últimos dos años. Los enredos legislativos en torno al acceso a los anticonceptivos han sido menos visibles, pero eso ha empezado a cambiar a medida que el debate sobre el aborto comienza a ramificarse hacia otros ámbitos de los derechos reproductivos.
Este mes, el gobernador de Virginia, el republicano Glenn Youngkin, vetó los proyectos de ley de la legislatura de mayoría demócrata que habrían protegido el derecho a la anticoncepción, afirmando que apoya el derecho a la misma pero que “no podemos pisotear las libertades religiosas de los habitantes de Virginia”. También dijo en su mensaje de veto que la medida habría interferido con los derechos de los padres de familia.
Un proyecto de ley de atención médica a las mujeres de Missouri estuvo paralizado durante meses por la preocupación que suscitaba la ampliación de la cobertura de los seguros a la anticoncepción, después de que algunos legisladores vincularan falsamente el control de la natalidad con el aborto farmacológico. En marzo, los republicanos de Arizona bloquearon por unanimidad una iniciativa demócrata para proteger el derecho al acceso a la anticoncepción, y los republicanos de Tennessee bloquearon un proyecto de ley que habría aclarado que la prohibición del aborto en el estado no afectaría la atención anticonceptiva ni los tratamientos de fertilidad.
Indiana aprobó una ley que obliga a los hospitales a ofrecer a las mujeres que reciben cobertura de Medicaid anticonceptivos implantables reversibles de larga duración después del parto, pero sólo después de eliminar los DIU del proyecto de ley. Esta medida se adoptó a pesar de las objeciones de los demócratas y de algunos profesionales médicos.
La legislatura de Oklahoma, de mayoría republicana, impulsó una normativa que muchos defensores de los derechos reproductivos advirtieron que podría prohibir la anticoncepción de emergencia y los DIU. Y el martes, el mismo día en que Trump hizo sus declaraciones a una cadena de televisión de Pittsburgh, los legisladores de Luisiana presentaron una medida que convertiría en delito poseer dos fármacos inductores del aborto sin receta, aunque las mujeres embarazadas estarían exentas.
“Si nos fijamos en las políticas que se han estado impulsando en los estados desde la caída de Roe, observamos que los republicanos están desmantelando los derechos reproductivos, incluidos los anticonceptivos”, dijo Heather Williams, presidenta del Comité Demócrata de Campañas Legislativas.
El doctor Gabriel Bosslet, profesor asociado de medicina clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, expresó su preocupación ante algunos argumentos republicanos a favor de restringir el acceso a los anticonceptivos. Dijo, por ejemplo, que algunos grupos antiabortistas han pedido a los legisladores que traten la anticoncepción de emergencia —como los DIU— de forma diferente a los métodos anticonceptivos de barrera, como los preservativos, etiquetándolos falsamente como “abortivos”, alegando que inducen al aborto.
La anticoncepción de emergencia también se denomina como “abortiva” en el Proyecto 2025 del Partido Republicano, que es un plan para remodelar el gobierno federal en caso de que los republicanos ganen las elecciones presidenciales de este año.
“Esto forma parte de una lenta reducción del acceso a la anticoncepción”, dijo Bosslet, que testificó en contra del proyecto de ley de Indiana.
En Wisconsin, los demócratas presentaron el año pasado un proyecto de ley que pretendía proteger el acceso a la anticoncepción, pero nunca llegó a tener ni siquiera una audiencia en la Asamblea estatal o en el Senado estatal, controlados por los republicanos, antes de que en marzo concluyera el periodo de sesiones de dos años. Los demócratas del Senado intentaron sacar el proyecto de comisiones en febrero y forzar una votación en el pleno, pero los 22 republicanos de la cámara alta votaron en contra.
Cuando se le preguntó el miércoles por qué el proyecto de ley nunca tuvo impulso, el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Devin LeMahieu, dijo que su bancada rara vez permitiría que los demócratas hicieran algo así, independientemente del tema, aunque también dijo que no estaba familiarizado con los detalles de la medida. Después de que un periodista le leyera partes del proyecto de ley, LeMahieu dijo que la legislación parecía redundante.
“La gente ya puede obtener anticonceptivos”, dijo. “No estoy seguro de por qué necesitaríamos aprobar ese proyecto de ley”.
Según el Instituto Guttmacher, que apoya los derechos reproductivos, aproximadamente la mitad de los estados han legislado este año sobre establecer el derecho legal a la anticoncepción. Hasta el 1 de mayo, el único estado en el que se había aprobado una de esas medidas en cualquiera de las dos cámaras legislativas era Virginia, aunque la ley fue finalmente vetada por el gobernador republicano.
La participación de los padres en el acceso de los adolescentes a los métodos anticonceptivos también se ha convertido en un punto de controversia desde que un fallo emitido en abril ratificó una ley de Texas que obliga a los adolescentes a obtener el consentimiento paterno. Los defensores de los derechos reproductivos han advertido que el fallo podría abrir la puerta a que otros estados restrinjan el acceso de los adolescentes a los anticonceptivos. Mientras tanto, las iniciativas para colocar máquinas expendedoras de anticonceptivos de emergencia o píldoras del día después en los campus universitarios también han provocado la indignación de los grupos antiabortistas.
Mientras Trump ha enviado mensajes contradictorios sobre los derechos reproductivos, el presidente Joe Biden ha atacado sus posiciones y ha destacado sus posibles consecuencias. El equipo de campaña de Biden indicó esta semana que Trump —a la luz de los comentarios de los que luego se retractó su equipo de campaña— apoyaría que otros estados tomaran medidas similares para restringir el acceso a los anticonceptivos.
“Si Donald Trump vuelve a la presidencia, esta aterradora agenda podría extenderse por todo el país”, dijo Ellie Schilling, profesora de la Facultad de Derecho de Tulane, en una conferencia telefónica con periodistas.
En esa misma llamada, los partidarios de Biden señalaron que cuando la Corte Suprema revocó el fallo de Roe vs. Wade de 1973, el juez Clarence Thomas emitió un dictamen concurrente que preocupó a los defensores de la libertad reproductiva. Sugirió que el tribunal reconsiderara también opiniones anteriores que prohibían los anticonceptivos, la sodomía y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Ziegler, la profesora de la Facultad de Derecho de la UC Davis, dijo que el mismo razonamiento jurídico que subyace a la decisión de anular Roe podría utilizarse contra el acceso a la anticoncepción. Si los grupos antiabortistas esgrimen el falso argumento de que ciertos métodos anticonceptivos inducen al aborto, dijo que podrían utilizar la Ley Comstock para intentar restringir la distribución de materiales relacionados con la anticoncepción. Dicha ley del siglo XIX ha sido resucitada por grupos antiabortistas que pretenden impedir el envío por correo del fármaco abortivo mifepristona.
“Somos testigos de la adopción de las estrategias antiabortistas y de ataques paulatinos contra la anticoncepción”, afirmó.
Mulvihill reportó desde Cherry Hill, Nueva Jersey. Los periodistas de The Associated Press Todd Richmond en Madison, Wisconsin, e Isabella Volmert en Indianápolis contribuyeron a este despacho.
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GEOFF MULVIHILL
Covering state government issues nationally
(AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)
BY CHRISTINE FERNANDO AND GEOFF MULVIHILL