MIAMI (AP) — En 1958 el padre de José Ramón López era el propietario del principal aeropuerto de Cuba, la aerolínea nacional y tres pequeños hoteles. Todos fueron expropiados tras la revolución socialista.
La familia de Conchita Beltrán tenía más de 874 hectáreas (2.160 acres) de plantaciones de azúcar y tabaco. También fueron confiscadas.
Ambos se mudaron a Estados Unidos y perdieron la esperanza de ser compensados por las propiedades que les quitaron mientras Washington y La Habana cortaron relaciones y enfrentaron en décadas de Guerra Fría.
Pero a partir del jueves, ambos esperan poder demandar en los tribunales federales de Estados Unidos a empresas europeas y estadounidenses que operan en sus antiguas propiedades, después que el gobierno del presidente Donald Trump activó una disposición del embargo a Cuba que podría afectar las inversiones extranjeras en la isla durante muchos.
El conocido como Título III de la ley Helms Burton de 1996 permite que estadounidenses y cubanos que se naturalizaron estadounidenses denuncien a cualquier empresa que “trafique” en propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Desde su aprobación, todos los presidentes estadounidenses habían suspendido el Título III por objeciones de los aliados de Washington con negocios en Cuba y sus posibles efectos en futuras negociaciones de acuerdos entre Estados Unidos y Cuba.
La ley contiene excepciones para propiedades residenciales, propiedades valoradas en menos de 50.000 dólares y propiedades relacionadas con viajes a Cuba considerados legales bajo la normativa estadounidense. Su activación el jueves podría, sin embargo, generar decenas e incluso cientos de demandas además de batallas comerciales entre Washington y países como España, Francia y Gran Bretaña.
Abogados y posibles demandantes señalaron que al principio solo se verían un puñado de denuncias debido al alto costo y a las complejidades de un proceso judicial basado en una ley que acaba de entrar en vigencia y abarca asuntos de comercio internacional y soberanía.
Uno de los primeros obstáculos que enfrentan algunos de los interesados es el precio de interponer una demanda en los tribunales: más de 6.500 dólares, una cifra muy superior al promedio de 400 de otras acciones judiciales. Además, tienen que pagar abogados, identificar a las empresas que están lucrando con las propiedades y estar seguros de que tengan negocios en Estados Unidos y conseguir el título de propiedad o documentos que certifiquen que eran los dueños, entre otras cosas.
López dijo que prevé reclamar a aerolíneas como Aeroméxico, la chilena LATAM y la panameña Copa. Entre los posibles demandados están también cadenas hoteleras españolas como Meliá e Iberostar, la firma francesa Pernod Ricard y líneas de crucero estadounidenses que atracan en puertos confiscados.
“Hay una enorme preocupación”, dijo a The Associated Press Alberto Navarro, representante de la Unión Europea en Cuba, la semana pasada. “Aquí hay empresarios que llevan 20, 30 años en la isla, que han apostado por invertir sus recursos financieros en Cuba, por impulsar el comercio, el turismo, los intercambios y me comentan muchos de ellos que no han vivido una situación parecida”.
La activación del Título III ya provocó protestas de la Unión Europea, Canadá y Cuba y generó temores de que los ya deprimidos niveles de inversión extranjera puedan verse mutilados de manera permanente.
En una marcha organizada por el gobierno cubano el miércoles en La Habana, en el Día del Trabajo, los manifestantes llevaban carteles y gritaban cánticos denunciando la ley Helms Burton.
Beltrán dijo que su familia tenía unas 348 hectáreas (860 acres) de campos de caña de azúcar y 526 (1.300 acres) de tabaco en la provincia de Pinar del Río, en el oeste del país.
Aunque aún no puede demandar porque no ha podido determinar qué compañías extranjeras operan allí, está esperanzada.
“Si Dios quiere pienso ver la restitución o compensación antes de morirme”, expresó Beltrán, una contadora jubilada de 76 años que huyó a Miami en 1961. Su esposo murió hace 35 años soñando con algún tipo de compensación, explicó.
“Para mí es un acto de justicia que se está haciendo”, dijo refiriéndose a la nueva política estadounidense.
El departamento de Estado de Estados Unidos ha certificado unos 6.000 reclamos como meritorios, con un valor calculado en unos 8.000 millones de dólares. Pero además hay otras 200.000 peticiones sin certificar que ascenderían a decenas de miles de millones más, la mayoría de ellas de cubanos-estadounidenses.
Una de esas reclamaciones sin certificar es la de José Ramón López, cuya familia era propietaria del aeropuerto de La Habana, de la aerolínea Cubana de Aviación y de tres hoteles en la capital y en la ciudad de Cienfuegos, al sur de la isla, desde 1952. Además de demandar a las aerolíneas, López dijo que está preparando documentos para hacer lo mismo con el gobierno cubano y Meliá, que opera el hotel en Cienfuegos.
“Al final del camino le van a reconocer lo que es de uno”, expresó López, un jubilado de 65 años que divide sus días entre Madrid y Miami. “Ahora ha llegado el momento”, dijo refiriéndose a la posibilidad de demandar en las próximas semanas.