WASHINGTON (AP) — Un panel de una corte federal de apelaciones dictaminó el martes que el presidente Donald Trump no puede usar una ley de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de personas a las que su administración acusa de pertenecer a una pandilla venezolana, bloqueando una iniciativa emblemática del gobierno que está destinada a un enfrentamiento final en la Corte Suprema de Estados Unidos.Un panel de tres jueces del Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, uno de los tribunales de apelaciones federales más conservadores del país, estuvo de acuerdo con los abogados de derechos de los inmigrantes y los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no estaba destinada a ser utilizada contra pandillas como Tren de Aragua, el grupo venezolano al que Trump apuntó en su invocación de marzo.
Lee Gelernt, quien defendió el caso en nombre de la ACLU, declaró el martes: «El uso por parte de la administración Trump de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente revocado por el tribunal. Esta es una decisión crucial que restringe la postura de la administración de que puede simplemente declarar un estado de emergencia sin supervisión judicial».
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La administración deportó a personas designadas como miembros del Tren de Aragua a una prisión notoria en El Salvador donde, argumentó, los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.
En un acuerdo anunciado en julio , más de 250 de los migrantes deportados regresaron a Venezuela.
La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado en tres ocasiones anteriores en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas: la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales. La administración Trump argumentó sin éxito que los tribunales no pueden cuestionar la determinación del presidente de que Tren de Aragua estaba vinculado al gobierno de Venezuela y representaba un peligro para Estados Unidos, lo que justifica su aplicación.
En un fallo de 2 a 1, los jueces dijeron que concedieron la orden judicial preliminar solicitada por los demandantes porque “no encontraron invasión o incursión depredadora” en este caso.
La decisión prohíbe las deportaciones desde Texas, Luisiana y Misisipi. La mayoría de los jueces de circuito fueron Leslie Southwick, designada por George W. Bush, e Irma Carrillo Ramírez, designada por Joe Biden. Andrew Oldham, designado por Trump, discrepó.
La opinión mayoritaria dijo que las acusaciones de Trump sobre el Tren de Aragua no cumplen con los niveles históricos de conflicto nacional que el Congreso pretendía para la ley.
“Que un país aliente a sus residentes y ciudadanos a ingresar a este país ilegalmente no es el equivalente moderno a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o dañar de alguna otra manera a los Estados Unidos”, escribieron los jueces.
En un largo discurso disidente, Oldham se quejó de que sus dos colegas estaban cuestionando la conducta de Trump en asuntos exteriores y seguridad nacional, ámbitos en los que los tribunales suelen darle al presidente una gran deferencia.
“El enfoque de la mayoría en este caso no sólo no tiene precedentes, sino que es contrario a más de 200 años de precedentes”, escribió Oldham.
El panel le otorgó a la administración Trump una victoria legal, al encontrar que los procedimientos que utiliza para asesorar a los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros sobre sus derechos legales son apropiados.
El fallo puede ser apelado ante el pleno del Quinto Circuito o directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que probablemente tomará la decisión final sobre el tema.
De hecho, tanto el fallo como el disenso parecieron reconocer que los jueces estaban opinando sobre cuestiones destinadas a ser resueltas sólo por el tribunal más alto de la nación, destacando repetidamente la naturaleza sin precedentes del caso y ahondando en conflictos del siglo XVIII y otros eventos históricos en las primeras décadas de la nación como justificación.
La Corte Suprema ya se ha involucrado dos veces en la complicada historia del uso de la AEA por parte de la administración Trump. En las primeras semanas tras la declaración de marzo, el tribunal dictaminó que la administración podía deportar a personas en virtud de la ley , pero determinó por unanimidad que las personas afectadas debían tener una oportunidad razonable de presentar su caso ante los jueces de las zonas donde se encontraban detenidas.
Luego, mientras la administración actuaba para deportar rápidamente a más venezolanos de Texas, el Tribunal Supremo intervino de nuevo con un fallo inusual, después de la medianoche, que impedía hacerlo hasta que el Quinto Circuito decidiera si la administración estaba notificando adecuadamente a los inmigrantes y si podía intervenir en las cuestiones legales más generales del caso. El Tribunal Supremo aún no ha abordado si una pandilla puede ser citada como enemigo extranjero bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA).
(Foto AP/Mark Schiefelbein)
Por NICHOLAS RICCARDI