WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump suavizó el martes sus amenazas de cerrar la frontera con México mientras funcionarios de su gobierno exploraban medidas moderadas que satisfagan la exigencia del mandatario de pasar a la acción, como impedir únicamente el tránsito de peatones en algunos cruces.
Debido al aumento en el número de migrantes centroamericanos que intentan ingresar en Estados Unidos, Trump amenazó la semana pasada con sellar esta semana la frontera sur si México no para de inmediato toda la inmigración ilegal hacia suelo estadounidense, medida que acarrearía enormes secuelas económicas en ambos lados de la frontera.
Aunque Trump no abandonó completamente su idea inicial, se dijo satisfecho con las medidas adoptadas por México en los últimos días y renovó sus exhortos al Congreso para que haga los cambios que afirma podrían resolver el problema.
“Ya veremos si pueden cumplirlas”, afirmó Trump en referencia a México. “Ahora, que si incumplen, o si no concertamos un acuerdo con el Congreso, la frontera será cerrada, 100%”. Trump también señaló que podría cerrar solamente “grandes secciones de la frontera” y “no toda”. Agregó que su postura era “la única manera en que obtenemos una respuesta”.
Horas más tarde, la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen sostuvo una conferencia telefónica con miembros del gabinete y asistentes de la Casa Blanca, y señaló: “Vamos a tratarlo como si nos hubiera impactado un huracán de categoría 5”, según una persona que participó en la llamada y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a discutir el tema.
Nielsen creará un centro de operación de emergencias y nombró al funcionario de la Patrulla Fronteriza Manny Padilla como coordinador de crisis operativa para gestionar la respuesta de las diferentes agencias migratorias dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Padilla tiene 30 años de experiencia en la Patrulla Fronteriza y recientemente estuvo al frente del Sector del Valle del Río Grande, en Texas.
Su labor será distinta a la del “zar fronterizo” o migratorio que sopesa Trump, dijo el funcionario.
Un cierre total de la frontera interrumpiría las cadenas de abastecimiento industrial y el flujo de mercancías, desde aguacates hasta vehículos, lo que “podría tener un impacto económico potencialmente catastrófico”, según palabras del senador republicano Mitch McConnell, líder de la mayoría en la cámara alta.
Algunos funcionarios al interior del gobierno también manifestaron preocupación de que el cierre de la frontera solo exacerbe la inmigración ilegal.
Por su parte, funcionarios del gobierno intentaban dilucidar cómo minimizar las consecuencias del cierre o cómo implementar medidas menos radicales.
El asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow por ejemplo, dijo a CNBC que examina la posibilidad de que se mantengan abiertos los carriles para el paso de camiones de carga.
Sobre los cientos de miles de turistas y trabajadores que cruzan la frontera legalmente, Kudlow afirmó, que “aquí podría haber dificultad”.
Horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo a reporteros que a pesar de que “a la larga podría resultar ser la mejor decisión que cerremos la frontera”, el presidente “no tiene una fecha específica” y todas las opciones continúan sobre la mesa. El Consejo de Asesores Económicos _afirmó Sanders_ realiza varios estudios sobre las consecuencias y “trabaja con el presidente para plantearle esas opciones”.
Durante una presentación con MSNBC, el portavoz de la Casa Blanca Hogan Gidley señaló que cerrar total o parcialmente algunos puertos de ingreso podrían figurar entre las medidas para no sellar toda la frontera.
Esto supone un cambio frente a la amenaza que Trump profirió la semana pasada de cerrar toda la frontera, y rápidamente. “No estoy bromeando”, afirmó Trump, exasperado por el gran número de migrantes que llegan, de los cuales miles están siendo dejados en libertad en Estados Unidos porque las autoridades fronterizas carecen de espacio para tenerlos detenidos. Los arrestos en la frontera sur de han disparado en los últimos meses y los agentes fronterizos se encaminaban a registrar 100.000 detenciones o denegaciones de ingreso en marzo, la cifra más alta en 12 años. Más de la mitad de ese número corresponde a familias con menores que necesitan atención adicional.