WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden ofreció su “profunda gratitud” el jueves a los agentes policiales que respondieron al asalto del Capitolio el 6 de enero, en una ceremonia en la que promulgó una ley para otorgarles Medallas de Oro del Congreso por sus servicios.
El mandatario agradeció a los oficiales por salvar la vida de los legisladores durante esas “horas trágicas” del ataque hace siete meses.
La medalla es el mayor honor que el Congreso puede conceder. Acompañados por legisladores, policías y las familias de los agentes policiales que fallecieron tras el ataque, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris efectuaron la ceremonia formal de promulgación en la Rosaleda de la Casa Blanca.
Muchos agentes policiales fueron golpeados brutalmente y lesionados ese día, luego de que la turba violenta de partidarios del entonces presidente Donald Trump los superó para meterse al Capitolio e interrumpir la certificación de la victoria electoral de Biden. Muchos de los insurrectos repetían las afirmaciones falsas de Trump acerca de que hubo un fraude electoral generalizado, y al mismo tiempo cazaban a los legisladores e intentaron derribar las puertas de la Cámara de Representantes mientras los congresistas estaban en el interior.
Algunos de los agentes policiales, incluyendo cuatro que dieron su testimonio en una audiencia de la cámara baja la semana pasada, han hablado abiertamente acerca de las cicatrices mentales y físicas que aún padecen.
GREENVILLE, California, EE.UU. (AP) — El incendio forestal más grande que hay activo en California consumió buena parte del centro y algunas viviendas cercanas en una pequeña población de montaña del norte de California.
El incendio Dixie asoló Greenville el miércoles por la noche, destruyó negocios y viviendas y tiñó el cielo con un resplandor anaranjado.
Un fotógrafo que cubría el incendio para The Associated Press dijo haber visto una gasolinera, un hotel y un bar quemados hasta los cimientos en la población de 800 personas.
“Si usted todavía está en la zona de Greenville, está en peligro inminente y ¡¡DEBE marcharse ahora!!” escribió la policía del condado de Plumas en Facebook el miércoles.
La policía del condado y los bomberos de California no respondieron en un primer momento a mensajes pidiendo comentarios.
El incendio, declarado hace 3 semanas, ha crecido hasta abarcar 1.108 kilómetros cuadrados (428 millas cuadradas) en los condados de Plumas y Butte.
Los bomberos han intentado proteger la población, situada unos 450 kilómetros (280 millas) al nordeste de San Francisco, despejando escombros de las carreteras y señalando las zonas de riesgo.
Pandora Valle, vocera del Servicio Forestal de Estados Unidos, había indicado antes al San Francisco Chronicle que “los bomberos pelean por la localidad de Greenville”, pero no pudo dar más detalles sobre los daños.
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WASHINGTON (AP) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron el martes una nueva moratoria a los desahucios que duraría hasta el 3 de octubre, mientras el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden trata de acallar las críticas sobre que estaba permitiendo que los inquilinos vulnerables pierdan sus hogares durante la pandemia de coronavirus.
La nueva moratoria mantendría a millones de estadounidenses en sus viviendas mientras la variante delta del coronavirus se propaga por todo el país y los estados han sido lentos para entregar la ayuda federal para el alquiler. La medida suspendería temporalmente los desalojos en condados con “niveles altos y sustanciales” de casos de coronavirus y abarcaría zonas donde vive el 90% de la población estadounidense.
El anuncio supuso una especie de revés para el gobierno de Biden luego de que éste señaló que un fallo de la Corte Suprema impedía que se emitiera una moratoria. Pero la decisión de imponer una nueva medida pese a la incertidumbre jurídica también representó una victoria para los legisladores progresistas que presionaron a la Casa Blanca para hiciera más para evitar que aproximadamente 3,6 millones de estadounidenses perdieran sus hogares durante la crisis por el COVID-19.
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WINNFIELD, Luisiana, EE.UU. (AP) — Alexander Martínez dice que huyó de la homofobia, la persecución del gobierno y la famosa pandilla MS-13 en El Salvador, pero lo que encontró fueron abusos y acoso en el sistema estadounidense de detención de inmigrantes.
Desde que cruzó la frontera de forma ilegal en abril, el salvadoreño de 28 años ha pasado por seis centros distintos en tres estados. Dice que se contagió de COVID-19, recibió insultos racistas y abusos de guardias y sufrió acoso de otros detenidos por ser homosexual.
“Me veo emocionalmente inestable porque he sufrido mucho en la detención”, dijo Martínez la semana pasada en el Correccional Winn de Luisiana. “Nunca imaginé ni esperé recibir este trato inhumano”.
Es uno de los cada vez más migrantes en centros de detención en todo Estados Unidos. Muchos de ellos, como Martínez, han superado sus primeras entrevistas para pedir asilo en el país.
El número de detenidos es más que el doble que al final de febrero, casi 27.000 personas para el 22 de julio, según los datos más recientes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Eso supera los 22.000 detenidos el julio pasado bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, aunque sigue muy por debajo del récord de agosto de 2019, cuando había más de 55.000 detenidos, según datos del ICE.
El aumento de las detenciones es doloroso para los aliados proinmigración del presidente, Joe Biden, que esperaban que cambiara la dura estrategia de su predecesor. Biden prometió en su campaña poner fin a la detención “prolongada” y el internamiento de inmigrantes en prisiones privadas, que alojan a la mayoría de las personas retenidas por el ICE.
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WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trazó una estrategia para contener una variante del virus. Entonces apareció otra mucho más contagiosa.
Biden alcanzó esta semana -con un mes de retraso- su objetivo de que el 70% de los adultos de Estados Unidos hayan recibido al menos una dosis de vacuna contra el COVID-19. Concebido en principio como una afirmación de la resiliencia estadounidense para coincidir con el Día de la Independencia, el hito ofrecía ahora poco que celebrar.
Impulsados por la variante delta del virus, los nuevos contagios están en una media de más de 70.000 al día, por encima del pico del verano pasado cuando no había vacunas disponibles. Y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades han sido criticados por expertos en la comunidad médica y científica por sus cambios de opinión sobre el uso de mascarillas.
Pero la variante delta no hace distinciones cuando se trata de política. Si la respuesta de Biden a la pandemia parece insuficiente, los gobernadores republicanos que se oponen a las medidas de precaución también se ven cuestionados. Ellos también contaban con que los casos cayeran. En lugar de eso, los pacientes sin vacunar abarrotan sus hospitales.
La estrategia de Biden logró conseguir vacunas más que suficientes para proteger el país, y para enviar 110 millones de dosis a otros países. Cuando el presidente fijó su objetivo de vacunación del 70% el 4 de mayo, Estados Unidos administraba unas 965.000 primeras dosis al día, más del doble de lo necesario para llegar al objetivo del 4 de julio.
Entonces empezaron a pasar cosas.