PHOENIX (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden amenazó el martes a tres estados bajo control republicano con retirarles la autoridad para manejar su propia aplicación de la seguridad laboral debido a que se rehúsan a adoptar normativas que protejan del COVID-19 al personal sanitario.

La advertencia estuvo dirigida a Arizona, Carolina del Sur y Utah en momentos en que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus iniciales en inglés) se prepara para adoptar normativas más amplias de vacunación y realización de pruebas diagnósticas que afectan a 80 millones de estadounidenses. En casi la mitad de los estados, la OSHA dependerá de los reguladores laborales estatales para que hagan cumplir las disposiciones.

Funcionarios de la OSHA dijeron que Arizona, Carolina del Sur y Utah no están cumpliendo sus compromisos para implementar normativas laborales que sean por lo menos igual de efectivas que las del gobierno federal.

La cuestión es una normativa que obliga a utilizar equipo de protección personal, mantener la sana distancia y adoptar otras medidas de seguridad para los empleados en las instalaciones médicas que atienden a personas con COVID-19. También obliga a pagar ausencias por enfermedad a los trabajadores que contraigan COVID-19, necesiten vacunarse o estén lidiando con los efectos secundarios de la inoculación.

“La agencia no dudará en utilizar todos nuestros recursos para proteger a los trabajadores sanitarios de los peligros de salud conocidos”, manifestó Jim Frederick, subsecretario interino de trabajo para la seguridad y salud ocupacional.

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AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Los republicanos de Texas aprobaron el lunes un cambio en las circunscripciones electorales para la Cámara de Representantes de Estados Unidos que favorece a los actuales parlamentarios y reduce la representación política de comunidades de minorías en auge, a pesar de que los latinos impulsan buena parte del crecimiento en el estado republicano más grande del país.

Los mapas se autorizaron el lunes por la noche tras las protestas de los demócratas, que tacharon el proceso de acelerado y reducido a una sesión de 30 días, que dio poco margen a la intervención del público.

También denunciaron la reducción de distritos de oportunidad de minorías: Texas tendrá ahora siete distritos electorales para la cámara baja en la que los residentes latinos son mayoría, en lugar de los ocho anteriores, pese a los cambios en la demografía del estado.

“Lo que estamos haciendo al aprobar este mapa es un pobre servicio a la gente de Texas”, afirmó el representante demócrata estatal Rafael Anchia a la cámara justo antes de la última votación.

Se esperaba que el gobernador, Greg Abbott, refrendara los cambios.

Grupos de derechos civiles como el Mexican American Legal Defense and Education Fund presentaron demandas contra la reforma antes incluso de que los legisladores republicanos terminaran de aprobarla. La demanda alega que los republicanos que diseñaron las circunscripciones diluyeron la fuerza política de los votantes de minorías al no trazar ningún distrito nuevo en el que los latinos fueran mayoría, pese a que los latinos suponen la mitad de los 4 millones de residentes nuevos del estado de la última década.

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WASHINGTON (AP) — El expresidente Donald Trump intentó bloquear el lunes la entrega de documentos relacionados con la insurrección del 6 de enero en el Capitolio a una comisión del Congreso encargada de investigar el ataque, impugnando la decisión inicial del mandatario Joe Biden de prescindir del privilegio ejecutivo que suele proteger las comunicaciones de la Casa Blanca.

En una demanda federal, Trump señaló que la solicitud del panel en agosto “tenía un alcance casi ilimitado” y desea acceder a archivos que carecen de un vínculo razonable con el asalto. Dijo que era una solicitud “ilegal y vejatoria” que está “desvinculada de cualquier propósito legislativo legítimo”, según los documentos presentados ante una corte federal del Distrito de Columbia.

La demanda de Trump era algo esperado, ya que había dicho que impugnaría la investigación, y al menos uno de sus aliados, Steve Bannon, ha impugnado una citación. Pero la impugnación jurídica fue más allá de las primeras 125 páginas de archivos que Biden aprobó recientemente para su entrega a la comisión. La demanda, que menciona como acusados al panel y los Archivos Nacionales, intenta invalidar completamente la solicitud del Congreso, a la que llama excesivamente amplia, indebidamente engorrosa y un desafío a la separación de poderes. Pide una orden de la corte para prohibir que el archivista entregue los documentos.

En un comunicado conjunto a última hora del lunes, el presidente de la comisión, Bennie Thompson, y la representante republicana Liz Cheney, vicepresidenta del panel, dijeron que lucharían contra la demanda, que según ellos no es “más que un intento de retrasar y obstruir” la investigación.

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Algunos de los acusados en el asalto al Capitolio estadounidense están renunciando a su derecho a tener abogados y optando por defenderse por su cuenta, ignorando tanto su falta de preparación como las repetidas advertencias de los jueces.

La tendencia está causando complejas maniobras legales e incómodos intercambios en los tribunales.

Uno de los acusados, oriundo de Nueva York, desea defenderse a sí mismo y pasarle la factura al gobierno. La dueña de un restaurante de Pensilvania busca argumentar por su cuenta que no debe ir a la cárcel. El juez en el caso de otro neoyorquino le ha advertido al sospechoso que pudo autoincriminarse con sus declaraciones en la corte.

El derecho a representarse a sí mismo en un juicio está consagrado en la constitución norteamericana. Aun así, un juez usó un antiguo refrán recientemente al advertirle a unos de los acusados que si se representa a sí mismo “tendrás un cliente ignorante”.

Michael Magner, abogado defensor de Nueva Orleans y antes fiscal federal, explicó: “El hecho de que tengas el derecho constitucional de hacer algo no significa que eso sea inteligente”.

La decisión de por lo menos cinco acusados de fungir como sus propios abogados seguramente creará complicaciones, principalmente para los mismos acusados, quienes corren el riesgo de perjudicarse si dicen algo equivocado en el estrado. Tienen que escudriñar entre montañas de evidencias acumuladas en su contra. Y la estrategia está poniendo a prueba la paciencia de los jueces en sus intentos por mantener orden en sus salas de justicia.

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