WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el jueves una demanda contra SpaceX, la compañía espacial que fundó y dirige Elon Musk, por presuntas prácticas discriminatorias en sus contrataciones, las cuales han afectado a refugiados y personas que han solicitado o ya les fue concedido el asilo.

De acuerdo con la denuncia presentada ante una corte administrativa dentro del departamento, SpaceX aseguró indebidamente que la ley federal de control a las exportaciones le prohibía contratar a personas que no fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

Como resultado, SpaceX desalentó a refugiados y solicitantes de asilo, así como a beneficiarios de ese tipo de protección, a que solicitaran trabajo en la compañía, según la denuncia.

Los controles a las exportaciones suelen estar dirigidas a proteger la seguridad nacional de Estados Unidos e impulsar los objetivos comerciales de la nación. Prohíben el envío de tecnologías específicas, armas, información y software a ciertas naciones, además de que restringen compartir o difundir este tipo de material e información a “personas estadounidenses”.

Sin embargo, el Departamento de Justicia subrayó que el término abarca no sólo a ciudadanos estadounidenses, sino también a residentes permanentes, refugiados y aquellos que hayan solicitado o se les haya concedido el asilo.

El departamento acusó que SpaceX también se rehusó a considerar “de manera justa” las solicitudes o contratación de este grupo de personas. Las puestos de trabajo en cuestión incluían tanto aquellos para los que se exigían altos grados académicos como otros para soldadores, cocineros y operadores de grúas en la compañía.

El gobierno de Estados Unidos busca una “justa consideración y el pago de sueldos atrasados” para las personas a las que se disuadió del empleo o se les negó el trabajo en SpaceX a causa de la supuesta discriminación por parte de la compañía además de sanciones civiles no determinadas.

SpaceX, con sede en Hawthorne, California, no respondió a una solicitud de comentarios.

 (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)

BY ASSOCIATED PRESS

HOUSTON (AP) — Una parte clave de la política de inmigración del presidente Joe Biden que otorga libertad condicional a miles de personas de Centroamérica y el Caribe se debatirá en una sala de un tribunal federal de Texas a partir del jueves.

Según el programa de permiso humanitario, hasta 30.000 personas pueden ingresar cada mes a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Texas lidera una demanda presentada por 21 estados de tendencia republicana para detener el programa, argumentando que la administración Biden se ha extralimitado en su autoridad. Otros programas que la administración ha implementado para reducir la inmigración ilegal también han enfrentado desafíos legales .

El programa de libertad condicional se inició para venezolanos en el otoño de 2022 y luego se amplió en enero. Las personas que participan deben presentar su solicitud en línea, llegar a un aeropuerto y tener un patrocinador financiero en los EE. UU. Si se aprueba, pueden permanecer dos años y obtener un permiso de trabajo.

El programa ha “tenido un tremendo éxito en reducir la migración hacia la frontera suroeste”, escribieron en documentos judiciales los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representa al gobierno federal en la demanda.

El juez federal de distrito Drew Tipton está presidiendo un juicio sobre la demanda de los estados en Victoria, Texas. Tipton, designado por Donald Trump, se ha pronunciado anteriormente en contra de la administración Biden sobre a quién priorizar para la deportación.

Estaba previsto que el juicio se transmitiera en vivo desde Victoria a una sala de un tribunal federal en Houston y duraría dos días. Se esperaba que Tipton emitiera un fallo en una fecha posterior.

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ATLANTA (AP) — El expresidente Donald Trump se entregó el jueves por cargos de que elaboró un plan ilegal para revertir los resultados de la elección de 2020 en Georgia, un fichaje que sólo tomó 20 minutos pero que produjo un momento histórico: la primera foto de prontuario de un exmandatario de Estados Unidos.

Trump fue dejado en libertad con una fianza de 200.000 dólares y volvió al aeropuerto para su vuelo de regreso a su residencia en Nueva Jersey. Las autoridades difundieron una foto de prontuario de Trump, vestido con traje azul marino y corbata roja, con el ceño fruncido mientras mira fijamente a la cámara.

Impenitente pero moderado después de su breve visita a la prisión, el expresidente insistió en que no hizo “nada malo”, y describió el proceso que lo acusa de socavar los resultados de la elección como una “burla a la justicia”.

“Si impugnas una elección, debes ser capaz de impugnar una elección”, dijo a los reporteros desde la pista del aeropuerto antes de abordar su avión.

Trump entregándose a las autoridades, por cuarta ocasión en lo que va del año, se ha vuelto en una rutina de la temporada electoral a tal grado que oculta el espectáculo sin precedentes de un expresidente, y actual aspirante presidencial, siendo fichado por cargos penales.

Pero su visita a Atlanta fue muy diferente a las tres ocasiones anteriores, pues se llevó a cabo por la noche y en una cárcel plagada de problemas, en lugar de un tribunal. Ocurrió en una ciudad que no es considerada un bastión liberal como Nueva York o Washington, sino en el corazón de un estado sin clara preferencia política que será fundamental en los comicios presidenciales de 2024.

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ATLANTA (AP) — Donald Trump se entregará el jueves a las autoridades de Georgia acusado de planear anular las elecciones de 2020 en ese estado , un proceso de reserva que se espera produzca una primicia histórica: una fotografía policial de un expresidente estadounidense.

La llegada de Trump se produce tras un debate presidencial entre sus principales rivales para la nominación republicana de 2024, una contienda en la que sigue siendo el principal candidato a pesar de los crecientes problemas legales. Se espera que su presencia en el estado, aunque probablemente breve, le quite la atención, al menos temporalmente, a sus oponentes después de un debate en el que otros candidatos intentaron aprovechar su ausencia para elevar sus propias perspectivas presidenciales.

La acusación del condado de Fulton es el cuarto caso penal contra Trump desde marzo, cuando se convirtió en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado . Desde entonces, ha enfrentado cargos federales en Florida y Washington , y este mes fue acusado formalmente en Atlanta junto con otras 18 personas, incluido su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, y el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, bajo un estatuto de extorsión normalmente asociado con pandilleros y crimen organizado. Giuliani, el abogado y confidente de Trump, se entregó el miércoles y se tomó una foto de reserva.

Los casos penales han provocado una sucesión de arrestos y procesamientos, y Trump hizo breves comparecencias ante los tribunales antes de regresar a la campaña electoral. Ha convertido las apariciones en eventos de campaña en medio de una agenda mucho más ligera que la de sus rivales, con un personal que se deleita con una cobertura mediática de pared a pared que ha incluido helicópteros de noticias que siguen cada uno de sus movimientos.

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