NUEVA YORK (AP) — La ciudad de Nueva York demandó a casi la mitad de los condados del estado por sus intentos de mantener alejados a los inmigrantes internacionales, en lo que representa una nueva escalada en una batalla en curso entre los funcionarios de la ciudad y los gobiernos locales.

La querella, interpuesta en un tribunal estatal el miércoles, acusa a por lo menos 30 condados de Nueva York de pretender “amurallar sus fronteras” a los solicitantes de asilo mediante decretos “xenófobos” que violan la ley estatal y federal.

“Estos condados han implementado decretos desacertados e ilegales basados en afirmaciones falsas de que la perspectiva de unos cientos de solicitantes de asilo acogidos a expensas de la ciudad en varios condados constituye una emergencia y pone en peligro la seguridad pública”, dijo Sylvia Hinds-Radiz, abogada de la ciudad.

En los últimos meses, la ciudad de Nueva York se ha esforzado por atender la afluencia de solicitantes de asilo, convirtiendo hoteles y lugares de culto en refugios mientras el alcalde Eric Adams declaraba en repetidas ocasiones que la ciudad había alcanzado su límite para recibir personas. El mes pasado, la ciudad empezó a trasladar en autobús a decenas de inmigrantes a un puñado de hoteles al norte de la ciudad.

La medida desencadenó un aluvión de declaraciones de emergencia por parte de las autoridades locales, desde Long Island hasta la frontera canadiense. Las órdenes amenazaban con sanciones penales y económicas a la ciudad de Nueva York y a cualquier hotel u otro negocio que ayudara a reubicar a los inmigrantes.

Algunos funcionarios condales plantearon temor por la delincuencia o el hacinamiento, mientras que otros dijeron que no podrían permitirse atender a los inmigrantes si la ciudad dejaba de pagar las habitaciones de hotel.

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SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El gobierno de Florida anunció el martes que los más de 30 migrantes que el estado envió desde la frontera sur de Estados Unidos hacia California en aviones privados se fueron por voluntad propia, discrepando con las acusaciones de funcionarios californianos de que los individuos fueron coaccionados con promesas falsas.

La admisión de la responsabilidad —cinco días después de que el primer vuelo aterrizó en la capital de California— sólo aumentó las tensiones entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y su homólogo californiano, Gavin Newsom, quienes suelen tener visiones políticas encontradas.

Dos aviones aterrizaron en Sacramento en los últimos días, uno el viernes y otro el lunes, ambos con solicitantes de asilo a bordo procedentes, en su mayoría, de Colombia y Venezuela. Los migrantes habían sido recogidos en El Paso, Texas, trasladados a Nuevo México y posteriormente colocados en vuelos chárter con destino a la capital de California, de acuerdo con Rob Bonta, procurador general de California. Bonta investiga si se produjo alguna infracción a la ley penal o civil.

Alecia Collins, portavoz de la División para Manejo de Emergencias de Florida, dijo en un comunicado que “mediante un consentimiento verbal y escrito, estos voluntarios indicaron que querían ir a California”. También compartió un video en el que aparentemente se mostraba a personas firmando formularios de consentimiento y dando las gracias a los funcionarios por tratarlos bien.

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OCALA, Florida, EE.UU. (AP) — Una mujer de Florida acusada de matar a su vecina la semana pasada fue detenida el martes, según la policía del condado Mariun, tras la violenta culminación de lo que el jefe de policía describió como una disputa de dos años y medio.

Susan Louise Lorincz, de 58 años y que es blanca, fue arrestada y acusada de homicidio con arma de fuego, negligencia dolosa, violencia y dos cargos adicionales de agresión en la muerte de Ajike Owens, que era negra, según indicó en un comunicado el jefe de policía del condado Billy Woods.

Las autoridades se habían visto presionadas para detener y procesar a la mujer, que disparó a través de su puerta y mató a su vecina en un caso que ha vuelto a abrir el debate sobre la divisiva ley de defensa propia de Florida

En un video compartido en Facebook el martes por la noche, Woods dijo que este no era un caso de defensa propia, sino “simplemente un asesinato”.

“A muchos de ustedes les costaba comprender por qué no hubo un arresto inmediato”, dijo el jefe de policía. “Las leyes aquí en el estado de Florida están claras. Puede que no me gusten, puede que no esté de acuerdo con ellas. Pero sin embargo, cumpliré esas leyes”.

El video compartido por la oficina de Woods mostraba a dos detectives y un agente escoltando a Lorincz, que caminaba por un pasillo vestida con pantalones cortos, una camiseta negra y una chaqueta con las manos a la espalda.

Registros penitenciarios mostraban que se la había fichado, aunque no indicaban un abogado que pudiera hablar en su nombre. En un primer momento no estaba claro cuándo sería su primera comparecencia ante una corte.

Cuando fue interrogada, Lorincz afirmó que había actuado en defensa propia y que Owens había intentado forzar su puerta antes de los disparos. Lorincz también alegó que Owens la había perseguido y atacado en el pasado. Un comunicado de la policía indicó que los detectives habían concluido en su investigación -que incluyó tomar declaración a testigos- que las acciones de la sospechosa no eran justificables según la ley de Florida.

Owens, de 35 años y madre de cuatro hijos, murió en el tiroteo del viernes por la noche, indicó Woods. Las dos mujeres vivían en las colinas al sur de Ocala, una ciudad en el norte de Florida.

Woods dijo el lunes que los detectives trabajaban con la fiscalía del estado y debían investigar las posibles alegaciones de defensa propia antes de seguir adelante con cualquier proceso penal. El jefe de policía señaló que la ley de Florida impedía hacer un arresto salvo que se pudiera probar que el tirador no había actuado en defensa propia.

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SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El estado de Florida recogió a solicitantes de asilo en la frontera sur de Texas el lunes y los envió en un avión privado a la capital de California a expensas de los contribuyentes por segunda ocasión en cuatro días, aseguraron funcionarios de California, desatando acusaciones de que los migrantes fueron engañados, y tomando por sorpresa a los albergues y trabajadores sociales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios estatales guardaron silencio, tal como lo hicieron en principio el año pasado cuando enviaron a 49 migrantes venezolanos al lujoso destino de Martha’s Vineyard, en Massachusetts, tras haberlos contactado en un albergue de San Antonio.

Mientras el fiscal general de California Rob Bonta investigaba el traslado de los migrantes, funcionarios locales y grupos religiosos buscaban la manera de proporcionar albergue, alimentos y otros recursos para los 36 migrantes recién llegados. La mayoría son de Colombia y Venezuela, y California no era su destino final.

En tanto, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, se refirió en Twitter a DeSantis como un “hombrecito patético” e insinuó que California podría presentar cargos de secuestro en su contra.

Y mientras los migrantes llegaban a California, un departamento de policía de Texas anunció el lunes que había recomendado cargos penales en relación a los dos vuelos realizados a Martha’s Vineyard el año pasado.

Johnny Garcia, portavoz del Departamento de Policía del condado de Bexar, dijo que por el momento la agencia no está nombrando a ningún sospechoso. Se desconoce si el fiscal local presentará cargos, los cuales incluyen delitos menores y graves de detención arbitraria, según la policía del condado.

Los gobernadores republicanos de Texas y Arizona enviaron anteriormente a miles de migrantes en autobuses a Nueva York, Chicago y Washington, D.C., pero los vuelos chárter representan una escalada de las tácticas. Los dos grupos que fueron enviados a Sacramento nunca pasaron por Florida. En su lugar, personas con documentación relacionada con Florida se les acercaron en El Paso, los enviaron a Nuevo México, y luego los subieron en aviones privados que viajaron hacia la capital de California, informaron funcionarios de California y activistas.

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