QUITO, Ecuador (AP) — Los dos instigadores del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023 fueron sentenciados el viernes a 34 años y ocho meses de prisión.
Tres cómplices fueron condenados a 12 años de prisión. La Fiscalía había solicitado la pena máxima para los cinco acusados.
Las sentencias para el hombre y la mujer condenados por instigar el asesinato incluyeron una multa de 460.000 dólares y un pago de indemnización de 100.000 dólares cada uno a la familia del político. Los otros tres acusados fueron multados con 156.400 dólares cada uno y se les ordenó pagar 33.000 dólares a la familia.
Villavicencio, de 59 años, fue asesinado por hombres armados que se desplazaban en motocicletas el pasado 9 de agosto cuando salía de una escuela en la capital de Ecuador, Quito, tras un acto de campaña. Trece personas resultaron heridas.
El candidato había denunciado previamente haber recibido amenazas, pero las autoridades nunca han dicho nada sobre el motivo del asesinato.
Mientras los jueces anunciaban la sentencia, familiares y amigos de Villavicencio se manifestaron en la capital, Quito, portando carteles, sus fotografías y banderas para pedir justicia y prisión para todos los responsables.
Según la Fiscalía, uno de los autores intelectuales, Carlos Angulo, alias “Invisible”, coordinó el asesinato desde una cárcel en la que se encontraba recluido en Ecuador y dio instrucciones por videoconferencia a otra persona para la ejecución, lo que quedó grabado en sus teléfonos celulares. Esta última no ha sido juzgada.
Laura Castillo, la otra instigadora, fue descrita como la encargada de proveer a los sicarios de elementos logísticos, incluyendo motocicletas y dinero.
Los tres cómplices —Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo— eran los encargados de alertar a los verdaderos asesinos de los movimientos de la víctima, dijeron los fiscales.
En el caso fueron imputadas un total de 13 personas, entre ellas varios colombianos que tras ser detenidos fueron asesinados el pasado mes de octubre en cárceles de Guayaquil y Quito donde se encontraban recluidos mientras se desarrollaba la investigación.
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(Foto AP/Carlos Noriega)