CARACAS (AP) — El ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, renunció el lunes luego de la detención en los últimos días de varios funcionarios vinculados con sectores estratégicos, entre ellos, con la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA; he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, indicó El Aissami mediante su cuenta en Twitter y mencionado por la estatal Venezolana de Televisión.
El Aissami, que también funge como vicepresidente sectorial para el Área Económica venezolana, indicó que también en su “condición de militante revolucionario, me coloco a disposición de la dirección del PSUV”, el partido de gobierno, para “apoyar esta cruzada que ha emprendido el Presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas”.
El Aissami no estuvo disponible de inmediato para un comentario.
Tarde en la noche, Maduro comentó que aceptó la renuncia de El Aissami para facilitar las investigaciones. El gobernante prometió “desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto”, en los últimos meses, en un encuentro televisado con los directivos del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Maduro comentó que la investigación, en parte, se inició al evidenciar comportamientos de algunos funcionarios a los que describió como “nuevos ricos, con una forma de vida extravagante”.
ISLAMABAD (AP) — Diez millones de personas, incluidos niños, siguen viviendo en zonas de Pakistán afectadas por las inundaciones sin acceso a agua segura para beber, según indicó el martes la agencia de Naciones Unidas para la infancia, meses después de las devastadoras crecidas del verano pasado.El comunicado de UNICEF recalcaba la precaria situación en el empobrecido Pakistán, un país con 220 millones de habitantes que meses más tarde sigue lidiando con las consecuencias del desastre y una crisis económica descontrolada. Las inundaciones, que los expertos atribuyen en parte al cambio climático, mataron a 1.739 personas, incluidos 647 niños y 353 mujeres.
Por ahora se ha cubierto menos de la mitad de financiamiento solicitado por UNICEF para Pakistán, el 45% de 173,5 millones de dólares. Según la agencia, antes de que comenzaran las inundaciones el pasado junio apenas se consideraba segura para el consumo humano el agua del 36% del sistema paquistaní.
Las inundaciones dañaron la mayoría de las conducciones en las zonas afectadas, lo que obligó a más de 5,4 millones de personas, incluidos 2,5 millones de niños, a depender solo de agua contaminada de lagos y pozos, señaló UNICEF.
“El agua segura para beber no es un privilegio, es un derecho humano fundamental”, afirmó Abdullah Fadil, representante de UNICEF en Pakistán. “Sin embargo, cada día millones de niñas y niños en Pakistán luchan con todas las de perder contra enfermedades evitables transmitidas por el agua y la consiguiente malnutrición”.
“Necesitamos el apoyo continuado de nuestros donantes para proporcionar agua segura, construir retretes y ofrecer servicios cruciales de saneamiento para estos niños y familias que más lo necesitan”, añadió Fadil.
QUITO (AP) — Un grupo de vecinos velaba el domingo los féretros de tres mujeres que fallecieron aplastadas al derrumbarse la casa de bloques y madera donde estaban en un poblado pesquero de la costa ecuatoriana sacudida por el potente sismo de la víspera, que dejó en el país andino destrucción, 14 muertos y una víctima en el vecino Perú.
Los tres ataúdes fueron colocados bajo una carpa en una calle en Puerto Bolívar, en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, donde se produjeron la mayoría de los muertos (12). Otros dos niños fallecidos, familiares de las tres mujeres, fueron llevados para su entierro en otra zona de Machala.
En ese populoso sector, denominado 4 de abril, murieron Yajaira Albarracín, Graciela Chila, Silvina Zambrano Chila y los menores Rosmery Cheme e Isidoro Cheme. Los rescatistas los encontraron juntos, abrazados bajo la estructura de madera y bloques, de la que fue su casa.
Aunque el sol brillaba con todo su esplendor, la ciudad con costas frente al Pacífico se mantiene con evidentes rastros de la tragedia, vidrios y algunos escombros aún permanecen en las calles mientras la maquinaria municipal se empeña en limpiar.
El dirigente de ese barrio, René Carrasco, en declaraciones al diario Correo, de Machala, señaló que espera ayuda del Estado y de los partidos políticos, “ahora necesitamos su ayuda, no que nos vengan a abrazar en la campaña”.
Luis Becerra, de Machala, en declaraciones por teléfono a la Associated Press, aseguró que “se siente el dolor, el drama, por donde uno vaya, todos están alertas, con mucho temor en caso de que haya una réplica. La ciudad está callada, se siente el miedo y el luto”.
El temblor de magnitud 6,8, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, dejó en Ecuador 14 muertos y una niña fallecida en Perú, así como cientos de heridos, alrededor de 180 casas afectadas —84 de ellas completamente destruidas— y numerosas edificios caídos en comunidades vastamente distintas, desde la zona costera hasta el altiplano ecuatoriano.
El gobierno declaró en emergencia la vías de la provincia de Azuay, en la sierra sur de Ecuador, que resultaron con 13 bloqueos por el terremoto y que además previamente ya presentaban problemas causados por el fuerte invierno que afecta a buena parte del país.Hamilton Cedillo, quien reside en el centro de Machala, aseguró a la AP que han acordado un plan de evacuación y que están viendo vídeos de cómo protegerse ante un nuevo terremoto, “casi no dormimos por el miedo”.
En Ecuador, independientemente de la geografía, muchas de las viviendas que se vinieron abajo tenían bastante en común: eran habitadas por personas pobres, eran antiguas y no cumplían las normas de edificación en el país, que es propenso a los sismos.
El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la costa que da al Pacífico, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de Guayaquil, la segunda ciudad más grande de Ecuador. Horas después, se sintió otro sismo de magnitud 4,2, según el Instituto Geofísico del Perú.
El arquitecto y constructor de Quito, Germán Narváez, precisó a la AP que las casas más afectadas durante los movimientos sísmicos son las que tienen una construcción deficiente, carecen de cimentación, estructura y diseño técnico.
Agregó que esos inmuebles también son vetustos y fueron construidos con materiales como adobe (ladrillos de tierra y paja) típicas de las zonas antiguas de las ciudades andinas ecuatorianas. “En los momentos críticos de movimientos sísmicos, suelen colapsar”, apuntó.
La estudiante de Machala, Katherine Cruz, dijo que su casa se sacudió tan fuerte que no podía ponerse de pie para salir de su cuarto y huir hacia la calle. “Fue horrible nunca en mi vida había sentido algo así”, narró.
La noche del sábado, el gobierno habilitó un albergue en Puerto Bolívar, a donde llegaron decenas de personas que han perdido sus viviendas o que no las pueden ocupar por las precarias condiciones en que quedaron tras el remezón.
Ecuador es particularmente propenso a tener sismos. En 2016, un temblor con epicentro más al norte en la costa del Pacífico, en una zona escasamente poblada del país, dejó más de 600 muertos.
--- La periodista de Associated Press Regina García Cano colaboró con este despacho desde Caracas, Venezuela.
BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro suspendió el domingo el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, considerado el cártel de drogas más peligroso del país, y ordenó reactivar las operaciones militares en su contra.La tregua bilateral inició el 1 de enero y se tenía previsto que se extendiera hasta el 30 de junio de este año como un gesto de voluntad hacia el grupo armado a fin de adelantar acercamientos rumbo a un sometimiento a la justicia.
“No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, aseguró Petro en un mensaje de Twitter.
El Clan del Golfo, que además del narcotráfico está involucrado en la minería ilegal, ha sido señalado por el gobierno de presionar a cientos de mineros informales que sostienen una protesta desde el 2 de marzo en el noroeste de Colombia para exigir garantías laborales y el cese de las acciones de la fuerza pública en la destrucción de maquinaria utilizada en la minería ilegal.
El domingo, seis vehículos que bloquearon las carreteras fueron incendiados y una patrulla militar fue atacada con fusil, hechos que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, atribuyó al Clan del Golfo.
Velásquez aseguró en una declaración oficial que fueron desplegados más de 10.000 efectivos de la policía y ejército con la activación de la ofensiva contra el Clan del Golfo y advirtió que incrementarán la presencia militar de ser necesario.
El comandante general de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, agregó que realizarán operaciones ofensivas para “lograr neutralizar las intenciones que tenga este grupo armado contra la población civil”, mientras que la policía movilizará grupos especiales en la zona.
SAN JUAN (AP) — Un fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dejado en el limbo a cientos de miles de permisos comerciales y de construcción emitidos por este territorio estadounidense, que ya está pasando apuros para atraer inversionistas en medio de una crisis económica.Funcionarios gubernamentales intentaban el jueves apaciguar las preocupaciones por las consecuencias del fallo, el cual ratificó la decisión de una corte de apelaciones que anuló un reglamento de 2020 que regula el uso de la tierra y la concesión de permisos en la isla.
Debido al fallo dado a conocer el miércoles, el gobierno adoptó la medida sin precedentes de suspender temporalmente el acceso al sitio web donde las personas solicitan permisos. Aunque el jueves se restableció el acceso, aún prevalecía la confusión: las personas comenzaron a preguntar si se les permitía operar un nuevo negocio que ya abrieron, mantener una nueva plataforma que construyeron o comenzar desde cero, y obtener nuevos permisos si se encontraban a la mitad en la construcción de un hospital u otras estructuras.
“Esto pone en riesgo nuestra débil economía”, declaró Luis Vega Ramos, secretario general del Partido Popular Democrático, el principal de la oposición.
El jueves, Manuel Cidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, dijo en un comunicado que las personas pueden seguir solicitando permisos como de costumbre, e hizo notar que el Reglamento Conjunto de Permisos (RCP) anulado por el Tribunal Supremo de la isla permanecerá vigente “hasta que se agoten todos los remedios legales”.