El pistolero que mató a 23 personas en un ataque racista contra compradores hispanos en un Walmart cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en 2019 evitaría la pena de muerte en virtud de una oferta de declaración de culpabilidad anunciada el martes, poniendo fin abruptamente a años de esfuerzos de los fiscales para lograr que se enfrentara a la ejecución por inyección letal.

El fiscal de distrito del condado de El Paso, James Montoya, dijo durante una conferencia de prensa que su decisión en el procesamiento de Patrick Crusius, quien condujo por todo el estado para uno de los tiroteos masivos más letales en la historia de Estados Unidos y publicó un discurso racista justo antes de abrir fuego, fue impulsada por una mayoría de familiares de las víctimas que querían dejar el caso atrás.

“Se trata de permitir que las familias de las 23 víctimas que perdieron la vida en ese horrible día, y los 22 heridos, finalmente tengan una resolución en nuestro sistema judicial”, dijo Montoya en un comunicado.

“Ahora, nadie en esta comunidad volverá a oír el nombre del perpetrador”, añadió. “No más audiencias. No más apelaciones. Morirá en prisión”.

Pero Montoya también reconoció en la conferencia de prensa que no todas las familias estuvieron de acuerdo con la revocación de la decisión de su oficina, que bajo el liderazgo anterior se había comprometido a llevar el caso a juicio y buscar la pena de muerte.

Adria González, una sobreviviente que ayudó a los compradores en pánico a salir, dijo que siente que no buscar la pena de muerte es "una bofetada en la cara para todas las víctimas".

Según Montoya, según la oferta, Crusius se declararía culpable de homicidio capital y recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia de declaración de culpabilidad y sentencia está programada para el 21 de abril, añadió Montoya, y las familias podrán presentar declaraciones sobre el impacto de la víctima.

Mark Stevens, abogado de Crusius, no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.

Crusius, de 26 años, ya había sido condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas a nivel federal tras declararse culpable en 2023 de delitos de odio. Bajo la administración Biden, la fiscalía federal también descartó la pena de muerte.

Montoya afirmó apoyar la pena de muerte y creer que Crusius la merece. Sin embargo, afirmó haberse reunido con las familias de las víctimas y que, si bien algunas estaban dispuestas a esperar hasta que se dictara la sentencia, existía un deseo imperioso de concluir el proceso.

"Me alegro de que haya terminado", dijo Elise Hoffmann-Taus, cuyo padre, Alexander Hoffmann, se encontraba entre los fallecidos. "Este es el resultado que deseaba".

Montoya, un demócrata que asumió el cargo en enero después de derrotar a un republicano designado por el gobernador Greg Abbott, es el cuarto fiscal de distrito que supervisa el caso.

Su predecesor, Bill Hicks, dijo tras el anuncio que si bien había estado dispuesto a llevar el caso a juicio y pedir la pena de muerte, no podía criticar el razonamiento de Montoya detrás de la oferta de declaración de culpabilidad.

"No es el razonamiento que yo habría seguido", dijo Hicks. "Sé que fue muy duro para él y respeto que haya sido una decisión muy difícil".

Crusius, que es blanco, tenía 21 años y había abandonado la universidad comunitaria cuando, según dice la policía, condujo más de 700 millas (1.100 kilómetros) desde su casa cerca de Dallas hasta El Paso.

Momentos después de publicar en línea su discurso racista, que advertía sobre una “invasión” hispana del estado, abrió fuego con un rifle estilo AK dentro y fuera de la tienda.

Crusius fue arrestado poco después del tiroteo y confesó ante los oficiales que lo detuvieron en una intersección, dijo la policía.

Antes del ataque, Crusius parecía estar absorto en el debate sobre inmigración, publicando en línea a favor de la construcción del muro fronterizo y otros mensajes elogiando las políticas fronterizas de línea dura del presidente Donald Trump, quien estaba en su primer mandato en ese momento. Justo antes del tiroteo, profundizó en sus declaraciones, afirmando que los hispanos tomarían el control del gobierno y la economía.

En el caso federal, los fiscales no explicaron formalmente su decisión de no solicitar la pena de muerte, pero sí reconocieron que Crusius sufría de trastorno esquizoafectivo , que puede caracterizarse por alucinaciones, delirios y cambios de humor.

Abbott, un republicano, dijo el martes después del anuncio que pensaba que Crusius merecía morir: "Cualquier tiroteo como ese es para lo que existe la pena capital".

Las edades de las personas asesinadas iban desde un atleta de preparatoria de 15 años hasta varios abuelos. Entre ellos había inmigrantes, un conductor de autobús urbano jubilado, maestros, comerciantes, incluido un extrabajador del hierro, y varios ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera estadounidense para hacer compras rutinarias.

En 2023, Crusius acordó pagar más de 5 millones de dólares a sus víctimas. Los registros judiciales muestran que sus abogados y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo sobre el monto de la restitución, que posteriormente fue aprobado por un juez de distrito de EE. UU. No había indicios de que tuviera bienes significativos.

Dean Reckard, cuya madre, Margie Reckard, también murió en el tiroteo, dijo que Crusius merece la muerte, pero es hora de dejar el asunto atrás.

“Nuestros seres queridos siempre serán queridos y recordados como personas decentes que simplemente vivieron su vida y dieron lo mejor de sí”, dijo. “Tenemos que hacer lo mismo. Es lo que ellos hubieran deseado”.

Las periodistas de Associated Press Nadia Lathan en Austin, Texas, y Lisa Baumann en Bellingham, Washington, contribuyeron a este artículo.

Por  Jamie Stengle

(Foto AP/Andres Leighton)