WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump anunció el lunes que continuará con una de sus medidas más agresivas hasta la fecha para restringir la inmigración legal: Negar la residencia a muchos inmigrantes que hagan uso del programa de asistencia médica Medicaid o reciban cupones de alimentos, subsidios para la vivienda u otras prestaciones sociales.

 

Las leyes federales estipulan que las personas que busquen una “green card” (la tarjeta de residencia) o legalizar su estatus deben demostrar que no serán “una carga” para el gobierno, pero las nuevas reglas agregan muchos más programas que serían elementos descalificatorios para los solicitantes de la residencia.

Las reglas forman parte de una reestructuración drástica del sistema de inmigración de la nación que el gobierno ha estado impulsando, pese a las medidas jurídicas en su contra. Aunque gran parte de la atención se ha enfocado en las labores del presidente Trump para reducir la inmigración ilegal, incluidas unas redadas en Mississippi en los últimos días y la separación de los niños migrantes de sus padres, las nuevas reglas tienen como objetivo a la gente que ingresó a Estados Unidos de manera legal y que busca un estatus permanente.

 

Trump trata de que Estados Unidos tenga un sistema basado en las aptitudes de los migrantes, en lugar de en la reunificación de familias.

 

Bajo las nuevas reglas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) sopesará si los solicitantes han recibido ayuda pública junto con otros factores como la educación, salario y salud, para determinar si les otorga un estatus legal.

 

Las reglas entrarán en vigor a mediados de octubre. No se aplicarán a los ciudadanos estadounidenses, aunque los inmigrantes que sean familiares de éstos podrían ser sujeto de ellas.

 

El director interino del USCIS Ken Cuccinelli dijo que el cambio de reglas garantizará que las personas que ingresan al país no se convertirán en una carga, aunque paguen impuestos.

“Queremos que venga al país gente autosuficiente”, sostuvo Cuccinelli. “Esa es la base del sueño americano. Algo muy arraigado en nuestra historia, particularmente en nuestra historia de inmigración legal”.

 

Los inmigrantes representan un porcentaje muy bajo de los beneficiarios de la ayuda del Estado. De hecho, muchos no pueden solicitarla por su estatus inmigratorio irregular.

 

Sin embargo, los grupos defensores de los derechos de inmigrantes criticaron los cambios y advirtieron que las reglas desalentarían a los inmigrantes a pedir ayuda. Y manifestaron su preocupación de que dan demasiado margen a las autoridades para decidir si alguien podría verse obligado a pedir ayuda en el futuro.

 

El Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles, señaló que presentaría una demanda y aseveró que las nuevas reglas son un intento para redefinir el sistema de inmigración legal “para privar de derechos a las comunidades de color y favorecer a las acaudaladas”.

 

En tanto, David Skorton, presidente y director general de la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses, dijo que “las consecuencias de esta acción serán para posiblemente exacerbar las enfermedades y aumentar los costos de la atención médica cuando su condición se vuelva demasiado grave como para ignorarla”.

 

“Este cambio empeorará las desigualdades y disparidades de salud existentes, ocasionará más daño a muchas poblaciones marginadas y vulnerables, y aumentará los precios del sistema de salud, lo que afectará a todos los pacientes”, puntualizó en un comunicado.

 

Cuccinelli, por su parte, defendió la medida e insistió en que el gobierno no rechaza los añejos valores estadounidenses.

 

Presionado por el poema de Emma Lazarus estampado debajo de la Estatua de la Libertad que dice: “Dadme vuestros seres pobres y cansados. Dadme esas masas ansiosas de ser libres”, comentó a los reporteros en la Casa Blanca que: “Definitivamente no estoy preparado para quitar nada de la Estatua de la Libertad”.

 

Una nueva encuesta del Pew Research Center publicada el lunes encontró que el público estadounidense es crítico sobre el manejo que el gobierno ha dado a la ola de migrantes en la frontera sur, ya que 65% de los entrevistados dijeron que el gobierno federal está haciendo un trabajo muy malo, o algo malo. La encuesta halló un amplio apoyo para allanar un camino para que los migrantes que viven en el país ilegalmente regularicen su estancia.

 

En promedio, 544.000 personas solicitan la residencia legal cada año, de los que unos 382.000 son de categorías que serían objeto de la nueva revisión, de acuerdo con el gobierno. Las pautas que se siguen desde 1999 consideran una “carga pública” a las personas que dependerán mayormente de ayuda económica, subsidios o apoyo del gobierno.

 

Bajo las nuevas normas, el Departamento de Seguridad Nacional ha redefinido la carga pública como alguien cuya probabilidad de recibir prestaciones sociales por más de 12 meses dentro un periodo de 36 es más alta que la probabilidad de no recibirlas. Si alguien tiene dos prestaciones, se cuentan como dos meses. Y la definición se amplió para incluir el Medicaid _un programa de asistencia médica para pobres o discapacitados_, los subsidios para vivienda y los cupones de alimentos del programa SNAP.

 

Luego de la publicación de los cambios propuestos el año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional recibió 266.000 comentarios públicos _más del triple de los que recibe normalmente_ y en consecuencia hizo una serie de ajustes a las reglas.

 

Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas y reciben Medicaid o que necesitan asistencia pública no estarán sujetas a las nuevas normas durante el embarazo y en los 60 días posteriores al nacimiento del bebé.

 

El subsidio para personas de bajos recursos conocido como Medicare Part D no será considerado una prestación social. Tampoco las prestaciones que reciben los menores de edad hasta los 21 años. Ni la ayuda para emergencias médicas, programas que ofrecen almuerzo escolar, adopciones u hogares temporales, préstamos estudiantiles e hipotecas, albergues para indigentes y ayuda en caso de desastres naturales.

 

Las personas que sirven en las fuerzas armadas estarán exentas, así como los refugiados y solicitantes de asilo. Y las nuevas reglas no serán aplicadas en forma retroactiva, señalaron las autoridades.

 

Los solicitantes de la residencia deberán presentar sus declaraciones de impuestos de los últimos tres años, además de un historial de empleo. Si tienen un seguro médico privado, eso será un factor importante a su favor.

 

Según un análisis que hizo The Associated Press de la información del censo, los inmigrantes de bajos recursos que no son ciudadanos estadounidenses usan el Medicaid, los cupones de alimentos o ayuda económica en un porcentaje menor que el de los estadounidenses de nacimiento de bajos recursos.

 

Los inmigrantes que no son ciudadanos estadounidenses constituyen apenas un 6,5% de los beneficiarios de Medicaid, y 8,8% de aquellos que reciben cupones de alimentos.

 

El nuevo umbral para la asistencia pública, junto con mayores requisitos para educación, aptitudes laborales y salud, harán más difícil que los migrantes cumplen los requisitos para recibir la residencia legal, señalaron activistas.

 

“Sin haber hecho un solo cambio a la ley por parte del Congreso, las nuevas reglas de carga pública del gobierno de Trump significan que a más estadounidenses se les niega y negará la oportunidad de vivir en Estados Unidos con sus esposos, hijos y padres”, comentó Ur Jaddou, exconsejero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que ahora dirige DHS Watch, que es operado por un grupo defensor de inmigrantes. “Estos no son cambios menores. Son cambios grandes, con enormes consecuencias para los ciudadanos estadounidenses”.