TLANTA (AP) — Los republicanos nacionales y estatales apelaron el jueves el fallo de un juez que dijo que siete reglas electorales aprobadas recientemente por la Junta Electoral del Estado de Georgia son “ilegales, inconstitucionales y nulas”.

El Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de Georgia están apelando un fallo del juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Thomas Cox, quien dictaminó el miércoles que la Junta Electoral del Estado no tenía la autoridad para aprobar las reglas y le ordenó informar inmediatamente a todos los funcionarios electorales estatales y locales que las reglas son nulas y no deben seguirse.

Las reglas que Cox invalidó incluyen tres que habían recibido mucha atención: una que requiere que el número de votos se cuente a mano después del cierre de las urnas y dos que tenían que ver con la certificación de los resultados de las elecciones.

En una declaración del jueves en la que se anunciaba la apelación, el presidente del RNC, Michael Whatley, acusó a Cox de “lo peor del activismo judicial”.

“Al revocar las normas de sentido común de la Junta Electoral del Estado de Georgia aprobadas para salvaguardar las elecciones de Georgia, el juez se puso del lado de los demócratas en sus ataques a la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad de nuestras elecciones”, dijo Whatley. “Hemos apelado de inmediato esta atroz orden para garantizar que se establezcan normas de sentido común para las elecciones; no permitiremos que esto se mantenga”.

Alex Kaufman, abogado del Partido Republicano estatal, dijo el jueves que el partido presentó una notificación de apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Georgia.

El fallo se produjo en una demanda interpuesta por Eternal Vigilance Action, una organización fundada y dirigida por el ex representante estatal republicano Scot Turner. La demanda argumentaba que la Junta Electoral Estatal se excedió en su autoridad al adoptar las reglas.

“Ver al Partido Republicano argumentar que burócratas no electos deberían tener el poder de crear nuevas leyes es ciertamente una desviación de los valores conservadores tradicionales”, escribió Turner en un mensaje de texto a The Associated Press. “Pero esperábamos que apelaran y estamos preparados para luchar por frenar esta apropiación del poder administrativo estatal durante el tiempo que sea necesario”.

El fallo fue aclamado como una victoria por los demócratas y los grupos de derechos electorales, quienes dicen que las reglas que la Junta Electoral Estatal ha aprobado en los últimos meses podrían ser utilizadas por los aliados de Donald Trump para poner en duda los resultados si el expresidente pierde las elecciones presidenciales ante la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Los nombramientos recientes para la junta de cinco miembros han colocado a tres republicanos respaldados por Trump en la mayoría. Han aprobado nuevas reglas a pesar de las objeciones del único demócrata de la junta y del presidente no partidista.

Los funcionarios electorales de los condados de todo el estado (las personas que dirigen las elecciones) han expresado su preocupación por la avalancha de nuevas normas que entran en vigor tan cerca del día de las elecciones.

Las otras reglas que Cox dijo que son ilegales e inconstitucionales son las que: requieren que alguien que entrega una boleta de voto en ausencia en persona proporcione una firma y una identificación con fotografía; exigen vigilancia por video y grabación de las urnas de entrega de boletas después del cierre de las urnas durante la votación anticipada; amplían las áreas designadas obligatorias donde los observadores electorales partidistas pueden permanecer en los centros de tabulación; y requieren actualizaciones públicas diarias del número de votos emitidos durante la votación anticipada.

Una regla que el juez revocó requería que tres trabajadores electorales separados contaran a mano el número de papeletas del día de la elección para asegurarse de que el número de papeletas de papel coincidiera con los recuentos electrónicos en los escáneres, las computadoras de registro y las máquinas de votación.

Los votantes de Georgia hacen sus selecciones en una máquina de votación con pantalla táctil que imprime un papel con una lista legible por humanos de las opciones del votante, así como un código QR. El votante coloca esa papeleta en un escáner, que registra los votos. El recuento manual se haría de las papeletas de papel, no de los votos.

Los críticos, incluidos muchos funcionarios electorales del condado, argumentaron que un recuento manual podría retrasar la divulgación de los resultados y sobrecargar a los trabajadores electorales al final de una jornada ya larga. También dijeron que no hay tiempo suficiente para una capacitación adecuada.

Los partidarios de la norma argumentaron que el recuento llevaría minutos adicionales, no horas. También señalaron que las tarjetas de memoria del escáner con los recuentos de votos podrían enviarse a las oficinas del condado mientras se completa el recuento manual, de modo que no se retrasaría la presentación de los resultados.

Cox escribió que la norma “no está autorizada en ninguna parte” por las leyes de Georgia, que “prescriben los deberes de los funcionarios electorales después del cierre de las urnas. El recuento manual no está entre ellos”.

En agosto, la Junta Electoral Estatal aprobó otras dos nuevas normas que Cox invalidó y que tienen que ver con la certificación. Una de ellas ofrece una definición de certificación que incluye la exigencia de que los funcionarios del condado realicen una “investigación razonable” antes de certificar los resultados, pero no especifica qué significa eso. La otra incluye un texto que permite a los funcionarios electorales del condado “examinar toda la documentación relacionada con las elecciones creada durante la realización de las elecciones”.

Los partidarios argumentaron que esas normas son necesarias para garantizar la exactitud de los totales de votos antes de que los funcionarios electorales del condado las firmen. Los críticos dijeron que podrían utilizarse para retrasar o denegar la certificación.

Jeff Amy cubre la política y el gobierno de Georgia.

(Foto AP/Jeff Amy)

Por  KATE BRUMBACK y JEFF AMY