
El gobierno propuso una norma con la que pretende satisfacer las inquietudes de un juez federal en Houston que en julio pasado decretó que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (o DACA por sus iniciales en inglés) era ilegal, principalmente debido a que el gobierno del entonces presidente Barack Obama pasó por alto requerimientos procesales al momento en que el programa entró en vigor en 2012. La nueva norma es similar a la iniciativa de la era de Obama, recreando la política de 2012 con el objetivo de afianzarla en una base más sólida al atravesar el proceso de regulaciones federales.
El juez federal de distrito Andrew Hanen, asignado por el presidente George W. Bush, dijo que el gobierno de Obama excedió su autoridad y no buscó la retroalimentación adecuada. El magistrado permitió que continuaran las renovaciones al programa pero prohibió las nuevas inscripciones. El gobierno de Biden está apelando el fallo.
La propuesta de 205 páginas solicita retroalimentación pública a fin de atender las preocupaciones de Hanen, aunque de momento se desconoce si eso será suficiente. La norma se publicará el martes en el Registro Federal, lo que dará lugar a un período de 60 días para comentarios del público, con lo cual se hace poco probable que entre en vigor durante varios meses.
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Se espera que los nominados, anunciados el martes por la Casa Blanca, dirijan las fiscalías federales de Hawai, Rhode Island, Carolina del Norte, Colorado, Ohio, Vermont y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Varios de los aspirantes podrían hacer historia, como las primeras mujeres negras en ocupar el puesto en sus distritos, señaló el gobierno.
Los 93 fiscales del Departamento de Justicia, que son responsables de los procesos penales federales en sus respectivos distritos, son una pieza clave en los esfuerzos del ejecutivo de Biden por combatir la delincuencia violenta.
Los aspirantes fueron “seleccionados por su dedicación a la aplicación de la ley, por su profesionalidad, por su experiencia y credenciales en este campo, por su dedicación en la búsqueda de una justicia equitativa para todos y por su compromiso con la independencia del Departamento de Justicia”, dijo la Casa Blanca.
El anuncio supone también que Biden ha nominado ya a 25 personas para fungir como fiscales federales, puestos que llevaban meses ocupados de forma interina.
En la lista está Sandra Hairston, que es la fiscal en funciones del Distrito Medio de Carolina del Norte desde marzo. Si el Senado confirma su nombramiento, será la primera mujer negra en ostentar ese cargo. Lo mismo ocurrirá con Dena King, propuesta para dirigir la fiscalía en el Distrito Oeste del estado.
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Originalmente Pelosi había prometido a los moderados de la cámara baja que el lunes se llevaría a cabo una votación sobre el proyecto de ley de infraestructura, pero ahora dice que probablemente se llevará a cabo más adelante en la semana debido a las divisiones internas entre los demócratas, dejando espacio para negociaciones de forma que ambos proyectos de ley puedan ser aprobados. Ella está esmerándose para que ambos sean aprobados esta semana, aunque no es del todo seguro que lo logre.
El plan de infraestructura por 1 billón de dólares fue aprobado en el Senado el mes pasado.
“Déjenme decir que vamos a aprobar el proyecto de ley esta semana”, dijo la demócrata Pelosi. “Nunca llevo un proyecto de ley al piso (de la cámara) que no tenga los votos (necesarios). Uno no puede elegir la fecha. Uno tiene que hacerlo cuando cuenta con los votos en un tiempo razonable, y lo haremos”.
Cuando se le preguntó el domingo si Pelosi tenía los votos para aprobar el proyecto de ley de infraestructura de 1 billón de dólares el lunes, Biden le dijo a los reporteros en la Casa Blanca: “Se va a llevar una buena parte de esta semana”.

Para empezar, los refuerzos aprobados la semana pasada sólo serán para las personas vacunadas originalmente con Pfizer y su socio BioNTech.
La semana pasada, la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, avaló la mayoría de las recomendaciones de los asesores de dicha agencia sobre la administración de refuerzos seis meses después de la última dosis de Pfizer para ciertos grupos de personas.
Eso incluye a personas de 65 años o más, residentes de hogares de ancianos y personas de 50 a 64 años con problemas de salud crónicos como diabetes. Los mayores de 18 años con problemas de salud pueden decidir por sí mismas si quieren un refuerzo.
Pero Walensky también pasó por alto las objeciones de los asesores y dijo que las personas con mayor riesgo de infección debido a sus trabajos o sus condiciones de vida podrían calificar para un refuerzo ahora. Eso incluye a médicos, maestros y personas en cárceles o refugios para personas sin hogar.
“Reconozco esa confusión en este momento”, dijo Walensky al programa “Face the Nation” de la cadena CBS.
“Estamos evaluando esta ciencia en tiempo real”, dijo. “Ahora nos reunimos cada varias semanas para evaluar la ciencia. Es muy posible que la ciencia muestre que el resto de la población necesita un refuerzo y proporcionaremos esas pautas tan pronto como tengamos la ciencia para informarles”.
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Pero la paridad de género en el foro de líderes más importante del mundo todavía parece muy lejana. Está previsto que ocho mujeres tomen el estrado el viernes, más del doble de las cinco que han participado en los tres primeros días de la cumbre.
Tres vicepresidentas y cinco primeras ministras — incluyendo la de Bangladesh, Sheikh Hasina, y la de Nueva Zelanda, Jacinda Arden — intervendrán el viernes bien en directo o a través de discursos pregrabados.
“Como la primera presidenta en la historia de mi país, la carga de las expectativas por lograr la igualdad de género es más pesada sobre mis hombros”, apuntó Samia Suluhu Hassan, presidenta de Tanzania, quien agregó que con respecto a eso “el COVID-19 está amenazando con hacer retroceder los avances que hemos logrado”.
Hassan fua la única que se dirigió a la Asamblea General el jueves.
A pesar de que las 13 mujeres suponen menos del 10% de los oradores en los primeros cuatro días de la cumbre, la cifra es superior a la del año pasado, cuando solo intervinieron nueve en toda la semana. Además, hay tres jefas de Estado o de Gobierno más — un total de 24 — de las que había a estas alturas del año en 2020.