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Más de 6.000 haitianos y otros migrantes han sido desalojados del campamento en Del Rio, Texas, según dijeron las autoridades estadounidenses el lunes, que defendieron una contundente operación que incluyó la expulsión inmediata de migrantes a su empobrecido país caribeño. Las autoridades estadounidenses fueron criticadas por utilizar patrullas a caballo para impedir que la gente entrara en la localidad texana.
Eso bastó para que algunos migrantes haitianos regresaran a México, mientras que otros trataban de decidir a qué lado de la frontera probar suerte.
Marie Pierre, de 43 años, estaba al anochecer en el lado mexicano del río con cientos de migrantes que dudaban sobre qué hacer. Los agentes de la Patrulla Fronteriza la habían separado de su hijo de 19 años en Texas, señaló, y no sabía si le habían deportado. Esperaba una oportunidad de cargar su celular, confiando en recibir noticias de su hermana y su primo en Florida.
“Me dijeron que era un adulto y no podía quedarse con nosotros”, dijo del momento en el que se habían separado.

Para consternación de los defensores de los migrantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está recurriendo a la ley de salud pública conocida como Título 42 para detener con rapidez a los haitianos y llevarlos de vuelta a su turbulenta patria, negándoles así una oportunidad de solicitar asilo y quedarse en Estados Unidos.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo el lunes que la mayoría de los haitianos retirados del campamento de Del Río han sido expulsados con base en el Título 42. Esta medida enfureció a los activistas por los derechos humanos y a otros que esperaban ver el fin de dicha política por parte de un gobierno que, por lo demás, ha tratado de revertir gran parte de la agenda de Trump para controlar la inmigración.
A continuación presentamos un vistazo a la ley y la controversia que la rodea:
¿QUÉ ES EL TÍTULO 42 Y POR QUÉ AHORA HABLAMOS SOBRE ÉL?
El Título 42 de la Ley de Servicios de Salud Pública le da poder a los funcionarios federales de salud durante una pandemia para tomar medidas extraordinarias con el fin de limitar la transmisión de una enfermedad infecciosa.
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Más de 320 migrantes llegaron el domingo a Puerto Príncipe en tres vuelos, y Haití señaló que esperaba otros seis vuelos el martes. En total, las autoridades estadounidenses preveían expulsar a muchas de las más de 12.000 personas acampadas en torno a un puente en Del Río, Texas, tras cruzar desde Ciudad Acuña, México.
Estados Unidos tiene previsto organizar siete vuelos diarios de expulsión a partir del miércoles, cuatro a Puerto Príncipe y tres a Cap-Haitien, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar el tema de forma pública. Los vuelos seguirán saliendo desde San Antonio, aunque las autoridades podrían añadir otra ruta desde El Paso, añadió.
El único ejemplo evidente de expulsión masiva sin oportunidad de pedir asilo se dio en 1992, cuando la Guardia Costera interceptó a refugiados haitianos en el mar, dijo Yael Shacher, activista estadounidense en Refugees International, y que basó sus estudios de doctorado en la historia de la ley de asilo en Estados Unidos.
En años con picos de inmigración se ha deportado a grupos de mexicanos igual de numerosos, pero los traslados se hicieron por tierra y no de forma tan repentina.

La decisión de MacDonough, la encargada apartidista de interpretar las normas del Senado, es un revés dañino y desalentador para el presidente Joe Biden, así como para los legisladores demócratas y sus aliados en las comunidades progresistas y las partidarias de la inmigración. Afecta severamente las esperanzas de los demócratas de implementar cambios unilateralmente —por encima de la oposición republicana— que permitan a varias categorías de inmigrantes obtener la residencia permanente y posiblemente naturalizarse.
Una persona informada sobre la decisión de MacDonough describió el fallo a condición de guardar el anonimato.
La parlamentaria decidió que el lenguaje de inmigración no podía ser incluido en un enorme proyecto de ley que ha sido protegido de intentos del Partido Republicano por obstaculizarlo. Si se dejan vulnerable a esas demoras, que requieren 60 votos en el Senado para disiparse, las disposiciones de inmigración no tienen prácticamente ninguna posibilidad de ser aprobadas en la cámara alta, integrada por 48 demócratas, 2 independientes y 50 republicanos.
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El juez de distrito Emmet Sullivan dio al gobierno dos semanas para detener una práctica que, según los opositores, es innecesaria y se basa indebidamente en la amenaza que representa el COVID-19 para privar a las personas de su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.
Sullivan concedió un interdicto preliminar en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros a nombre de las familias migrantes, y dijo que era probable que tuvieran éxito en su impugnación al uso de la ley de salud pública conocida como Título 42.
“El presidente (Joe) Biden debería haber puesto fin a esta política cruel e ilegal hace tiempo, y el tribunal ha hecho bien en rechazarla hoy”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
El gobierno de Biden estaba evaluando el fallo y no tenía comentarios inmediatos sobre si piensa apelar.
El Título 42 fue aplicado al comenzar la pandemia, durante el gobierno del presidente Donald Trump, aparentemente para ayudar a controlar la propagación del COVID-19 en instalaciones de detención al devolver a los migrantes detectados por la Patrulla Fronteriza sin darles una oportunidad de intentar quedarse en Estados Unidos mediante asilo o por alguna otra razón.