CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La organización Disability Rights International (DRI), que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, denunció el miércoles que en Guatemala menores de edad que sobrevivieron al incendio de un hogar de acogida estatal ocurrido en 2017 y que mató a 41 niñas, aún siguen en riesgo debido a la falta de protección del Estado y que de los 600 menores recluidos en el lugar el día de la tragedia, 61 han muerto en diferentes circunstancias, incluso por violencia.

El informe “Todavía en riesgo: Muerte y desaparición de sobrevivientes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, dice que de los 600 menores detenidos cuando fue el siniestro se han activado alertas Amber (Alba-Keneth en Guatemala) para la búsqueda de 94 niñas y niños que desaparecieron o continúan desaparecidos y que aún hay 160 menores que permanecen dentro de la institución, la mayoría de ellos con discapacidad.

La organización dijo que un informe oficial del gobierno al que tuvieron acceso detalló que dan seguimiento a 40 mujeres, a las que se refiere como ‘sobrevivientes del incendio’, pero que no ha podido localizar a por lo menos 11 de éstas.

“El gobierno no ha tomado las medidas necesarias para proteger a las y los sobrevivientes, y mucho menos brindarles el apoyo y las reparaciones a las que tienen derecho como sobrevivientes de violaciones bajo la custodia del Estado”, explicó Eric Rosenthal, Director Ejecutivo de DRI en un comunicado de prensa.

La organización denunció que familiares de menores fallecidas en el incendio han sido asesinadas después de la tragedia.

“En junio de 2018, Gloria Pérez y Pérez, madre de Iris Yodenis León Pérez (fallecida a causa del incendio) fue asesinada junto con su esposo, Nery León, y su hija de 13 años, Nury León Pérez -quien también había sido detenida en Virgen de la Asunción. Toda la familia fue asesinada en su casa de Sayaxché, Petén. Más recientemente, en febrero de 2021, la madre de Wendy Anahí Vividor (muerta en la tragedia), María Elizabeth Ramírez, fue asesinada. Otra madre ha sufrido amenazas y agresiones físicas junto con sus hijos”, dice el estudio.

“Algunas de estas jóvenes estuvieron a punto de morir y experimentaron un trauma severo al presenciar la muerte de sus compañeras. Todas y cada una de ellas deberían haber recibido un acompañamiento cercano, asesoramiento y reparaciones por el abuso que sufrieron estando bajo la custodia del Estado. La negligencia por parte del Estado para dar un seguimiento cercano a estas jóvenes las deja expuestas a una mayor explotación y abuso”, dice el estudio.

La organización dijo que a cuatro años de la tragedia que dejó muertas a 41 niñas y heridas de gravedad a otras 15 aún continúan impunes y que además el Estado no ha dado apoyo a las familias que incluso enfrentan riesgo buscando justicia.

La tragedia sucedió el 8 de marzo de 2017. Un día antes las niñas y niños menores que estaban recluidos en el lugar realizaron una protesta denunciando abusos físicos y sexuales. Varios menores abandonaron el lugar, pero luego fueron sometidos por la policía para que regresar.

El día del incendio, como castigo, personal del lugar y policías encerraron a 56 niñas en un pequeño cuarto. Las menores siguieron protestando por la falta de comida y acceso a baños, una de las menores llevaba fósforos y como medida de protesta prendió fuego a unas colchonetas que generaron un incendio que quemó y mató a las menores.

Por el incendio nueve personas están bajo proceso por delitos menores como negligencia. No han habido detenidos por los abusos denunciados por las menores.