KABUL (AP) — Los combatientes talibanes han ejecutado de forma extrajudicial o han hecho “desaparecer” por la fuerza a más de 100 expolicías y agentes de inteligencia desde su llegada al poder en Afganistán, dijo Human Rights Watch en un reporte el martes. El grupo de defensa de los derechos humanos señaló que las represalias contra las fuerzas armadas del gobierno derrocado continúan a pesar de la amnistía anunciada.

Las fuerzas talibanes han perseguido a exagentes utilizando los registros de empleo del gobierno y atacaron a quienes se rindieron y recibieron cartas garantizando su seguridad, añadió el informe. En algunos casos, comandantes talibanes locales elaboraron listas de personas que podrían ser perseguidas alegando que cometieron actos “imperdonables”.

“El patrón de asesinatos ha sembrado terror en todo Afganistán, ya que nadie asociado con el anterior gobierno puede sentirse seguro de haber escapado a la amenaza de represalias”, señaló Human Rights Watch en el documento.

El Talibán se hizo del poder el 15 de agosto, cuando entró a la capital, Kabul, tras el colapso del gobierno respaldado por la comunidad internacional. La caída de Kabul coronó una impresionante ofensiva insurgente, que incluyó la conquista de varias ciudades mientras las fuerzas estadounidenses y aliadas se retiraban del país tras casi 20 años de guerra. Desde entonces, los talibanes han enfrentado el colapso de la economía del país y una insurgencia cada vez más letal del grupo extremista Estado Islámico.

Las fuerzas talibanes han atacado también a gente sospechosa de respaldar a la milicia radical en la provincia de Nangarhar, en el este del país, que es su principal bastión, señala el reporte. En la capital de la región, Jalalabad, el martes se registró una feroz balacera de 8 horas cuando los talibanes catearon un supuesto escondite de EI, según testigos. El subjefe de policía de la provincia, Tahir Mobariz, señaló que durante el tiroteo un hombre y una mujer que estaban en la casa detonaron chalecos suicidas y murieron en la explosión, y que una tercera persona falleció por disparos. Dos presuntos insurgentes fueron detenidos, apuntó.

El liderazgo talibán anunció en varias ocasiones que los trabajadores del antiguo gobierno, incluyendo los miembros de las fuerzas armadas, no tenían nada que temer de ellos. Exoficiales del ejército contaron que se les ordenó entregar sus armas y a cambio recibieron un documento que confirmó su rendición y garantizaba su seguridad.

Pero según Human Rights Watch, la amnistía prometida no ha impedido que los comandantes locales actúen contra los antiguos miembros del ejército, la policía y los servicios de inteligencia.

“Está en manos del Talibán evitar más asesinatos, llevar a los responsables ante la justicia y compensar a las familias de las víctimas”, afirmó Patricia Gossman, directora asociada del grupo para Asia.

Luego de entrevistas con testigos, familiares, exfuncionarios gubernamentales, funcionarios talibanes y otros, Human Rights Watch dijo que documentó los asesinatos o la “desaparición” forzosa de 47 exmiembros de las fuerzas armadas en cuatro provincias entre el 15 de agosto y el 31 de octubre. Su investigación apuntó a al menos otros 53 asesinatos o desapariciones, añadió.

La pesquisa se centró en las provincias de Ghazni, Kandahar, Kunduz y Helmand. “Pero los casos reflejan un patrón de abusos mayor” reportados en otras provincias, agregó.