BUENOS AIRES (AP) — A tres años de que un escándalo por supuestos abusos sexuales a niños sordos sacudiera a Argentina, un tribunal decidirá el lunes si los dos curas acusados son condenados a penas que podrían llegar a los 50 años de prisión para cada uno.El sacerdote italiano Nicola Corradi, de 83 años, y el argentino Horacio Corbacho, de 59, escucharán el fallo condenatorio o absolutorio de un tribunal penal de la provincia de Mendoza, unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires. La corte formada por tres jueces también dictará sentencia al laico argentino Armando Gómez, de 49 años, a quien le podrían caer 30 años de prisión.
Los imputados no quisieron decir sus últimas palabras ante los jueces ante de que éstos pasaran a deliberar sobre el fallo que darán a conocer en las próximas horas. Los tres llegaron con semblante serio y esposados a la sala de audiencias. Corradi lo hizo en una silla de ruedas que era empujada por un guardia de seguridad, con la mirada fija en el suelo.
El fallo llega después de un juicio histórico que duró más de tres meses y en el que se ventilaron los aberrantes hechos presuntamente sufridos entre 2005 y 2016 por una decena de alumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
Sobre estas acusaciones, que tienen como protagonistas a dos clérigos en su tierra natal, el papa Francisco no ha hecho comentarios públicos.
Las denuncias generaron un escándalo mayúsculo que se intensificó luego de saberse que Corradi ya había sido señalado por supuestos delitos similares en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia, sin que fuera juzgado y que Francisco había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.
Los exalumnos del Próvolo mendocino creen que pueden lograr la primera condena de cárcel para clérigos de esa institución católica, con sedes en distintas partes del mundo.
BUCAREST, Rumania (AP) — Klaus Iohannis fue reelegido presidente de Rumania el domingo después de ganar fácilmente la segunda ronda de votaciones luego de que prometió seguir combatiendo la corrupción y fortalecer el estado de derecho.Con el 88% de los votos contabilizados, el mandatario centroderechista tenía el 63,2% de las preferencias, mientras que Viorica Dancila, exprimera ministra recientemente destituida y líder del Partido Socialdemócrata, llevaba el 36,8%.
“¡Rumania ganó! La Rumania moderna, europea y normal ganó hoy”, declaró Iohannis en las instalaciones del Partido Nacional Liberal después de que se diera a conocer una encuesta de salida que pronosticaba su victoria. “Los rumanos fueron los héroes del día. Salieron a votar en números impresionantes y esta es la ganancia más importante del día”.
“Recibo esta victoria con alegría, agradecimiento, modestia y con fe en Rumania”, dijo el exalcalde de Sibiu de 60 años, miembro de la minoría étnica germana de Rumania y profesor de física en una secundaria antes de ingresar a la política.
La participación electoral fue del 49,87%, un descenso respecto al 53,17% de 2014.
Por su parte, en declaraciones tras votar por la mañana, Dancila había prometido “mayor participación, trabajo y compromiso con el pueblo rumano”.
El gobierno de Dancila fue destituido el 10 de octubre después de perder una votación de confianza en el Parlamento. Había quedado inmersa en acusaciones de corrupción, y la Unión Europea la criticó por sus reformas judiciales que daban la impresión de poner en riesgo el estado de derecho y la independencia del poder judicial.
A principios de mes, los legisladores respaldaron el gobierno minoritario que encabeza el primer ministro Ludovic Orban, del Partido Nacional Liberal, que solía encabezar Iohannis.
Iohannis se enfrentó a Dancila y su partido debido a las reformas judiciales y otras medidas. Los detractores expresaron preocupación por el debilitamiento de leyes anticorrupción que en años anteriores habían derivado en el encausamiento de decenas de miembros del gabinete, legisladores e incluso un miembro rumano del Parlamento Europeo.
Debido a la indignación popular se efectuaron constantes protestas en Bucarest y otras ciudades del país.
BOGOTÁ (AP) — Los colombianos molestos con el presidente Iván Duque y esperanzados en canalizar la ola de descontento que recorre Latinoamérica salieron a la calle el jueves en una de las mayores protestas en la historia reciente del país.Estudiantes, docentes y sindicalistas marcharon en diversas ciudades para protestar por diversos problemas, desde la desigualdad económica a la violencia contra líderes sociales, poniendo a prueba a un gobierno conservador impopular en una época en que la inestabilidad sacude la región.
Según la policía, 207.000 personas participaron en las distintas movilizaciones.
“Ya era hora”, dijo Julio Contreras, un estudiante de medicina de 23 años. “No más de lo mismo: mentiras, corrupción. Aquí estamos para dar la pelea”.
Las protestas fueron predominantemente pacíficas, pero al anochecer se tornaron violentas luego de que los manifestantes apedrearon a la policía antimotines, que respondió con gases lacrimógenos. En un momento dado, los inconformes intentaron ingresar al Congreso y desgarraron parte de una tela negra que protege un edificio histórico en la afamada Plaza de Bolívar.
Los analistas se mostraron escépticos de que las protestas pudieran generar una agitación prolongada, similar a la ocurrida recientemente en Bolivia, Chile y Ecuador, y destacaron la falta de factores que unifiquen a un país dividido que tiene uno de los mejores desempeños económicos de la región.
“No estamos en un clima preinsurreccional”, dijo Yann Basset, profesor en la Universidad del Rosario de Bogotá. “No sé si haya realmente un rechazo del sistema político en general”.
SANTIAGO DE CHILE (AP) — Las serias y graves violaciones a los derechos humanos en Chile buscan castigar a los manifestantes, denunció el jueves una misión de Amnistía Internacional (AI) a 35 días de un estallido social en el que el presidente Sebastián Piñera admitió abusos y excesos policiales en la represión de las protestas. El gobierno y la policía rechazaron categóricamente el informe.Simultáneamente, diputados avanzan en la tramitación de proyectos sobre mejoras sociales prometidas por Piñera para frenar, hasta ahora sin éxito, las protestas que se reproducían en la tarde con menos manifestantes pero con mayor violencia que en otros días.
En Quilicura, a las afueras de Santiago, un centro comercial era quemado y saqueado. El alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, dijo que solicitó al autónomo Instituto de Derechos Humanos investigar denuncias de presuntas torturas a manifestantes en el interior del centro comercial incendiado.
En Valparaíso grupos de personas realizaban saqueos contra pequeños comercios de la zona aledaña al Congreso y se quemaba una automotora en el centro de la ciudad con llamaradas visibles desde varios puntos del puerto. En la vecina Viña del Mar también se registraban barricadas. También en Antofagasta (norte) y Concepción (sur de Santiago) se producían incidentes violentos.
AI denunció el jueves graves violaciones a los derechos humanos en un informe realizado tras 20 días de observación en terreno Destacó el uso de armamento militar en las represiones de las manifestaciones pacíficas, torturas, abusos sexuales, lesiones oculares por uso de armas antidisturbios y letales o por el mal uso de bombas lacrimógenas.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que durante la vigencia de un estado de emergencia en octubre, y luego la policía, “han llevado a cabo ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de la libertad de expresión y la asamblea pacífica”.
De su lado, el gobierno, a través de un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazó categóricamente el informe que “pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes. La única política que ha tenido el Gobierno es la del resguardo y protección de los Derechos Humanos, que ha sido desde el primer día declarada y reiterada por todas las autoridades de gobierno”, señalaron.
La policía chilena manifestó por su parte que nuestra institución “rechaza categóricamente cualquier exceso, abuso o vulneración de derechos humanos. Hemos puesto a disposición de la fiscalía todos los antecedentes de cada caso que ha sido objeto de querellas por parte del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) y en numerosos casos hemos sido nosotros quienes hemos” denunciado los hechos, afirmó la coronel Karina Sosa Muñoz, de la dirección de DDHH humanos de Carabineros, señalando que ya hay 690 sumarios administrativos internos.
El informe de AI afirma que el Ejército uso al menos en cuatro ocasiones el uso de rifles GALIC ACE y FAMAE SG 540 semiautomático y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal. En algunos casos las policías de investigaciones y uniformada también utilizaron munición letal.
Pilar San Martín, especialista del equipo de crisis, indicó que en las decenas de casos documentados por la organización, “ninguna de las personas estaba ejerciendo ningún tipo de violencia al momento de ser lesionada o ser matada”.
EL ALTO, Bolivia (AP) — Jeanine Áñez, declarada presidenta interina de Bolivia, envió al Congreso un proyecto de ley convocando a nuevas elecciones en un intento por pacificar el país tras la violenta jornada de la víspera en La Paz, que derivó en ocho muertes y elevó a 30 las víctimas fatales por la convulsión tras las fallidas elecciones del 20 de octubre.En tanto, el partido del expresidente Evo Morales, que controla la mayoría legislativa, presentó su propio proyecto en el que reconoce la renuncia del exgobernante y la de su vicepresidente Álvaro García. Además señala que ambos dejaron el país para asilarse en México, lo cual allana el camino hacia un acuerdo político para encaminar los nuevos comicios.
El expresidente ha dicho desde México que la Asamblea Legislativa debería tratar su renuncia y rechazarla, lo cual lo habilitaría para volver al país y concluir su gestión hasta el 21 de enero de 2020.
Los dos proyectos de ley serán debatidos por las dos cámaras desde el jueves. “Estamos en buen camino hacia un acuerdo”, dijo el senador Oscar Ortiz, de la misma bancada a la que pertenece Añez.
En tanto, Añez, dijo en rueda de prensa que “este proyecto del Ejecutivo puede ser perfectible y sirve de base para el consenso”, en alusión a los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, que controla la mayoría parlamentaria.
“El fraude electoral provocó la convulsión que vive el país”, aseguró.
El Congreso no tiene un plazo definido para responder, pero se espera que sea pronto dada la urgencia del asunto.