HOUSTON (AP) — Los miembros de una comisión de la Cámara de Representantes de Texas presionaron el martes a un fiscal para que utilice su autoridad para detener la ejecución de una mujer latina cuya condena está siendo cuestionada en medio de crecientes dudas sobre si mató a golpes a su hija de 2 años.
Pero durante la audiencia, el fiscal de distrito del condado Cameron Luis Saenz se resistió en un principio a las peticiones de los legisladores para que solicitara a un juez que revocara la sentencia de muerte de Melissa Lucio, insinuando primero que no tenía el poder para hacerlo, y luego diciendo que no había ninguna razón legal para que actuara, ya que varias cortes de apelación todavía están considerando las peticiones en su caso.
Después declaró su convicción de que la ejecución se detendría.
“Creo que (la Corte de Apelaciones Penales de Texas) emitirá una suspensión y esa es la forma en que funciona el sistema”, declaró Saenz.
En la reunión realizada en Austin, los legisladores del Comité de Estudio Interino sobre la Reforma de la Justicia Penal expresaron su frustración por el hecho de que Saenz no haya ” presionado el botón de pausa” por sí mismo.
“Lavarse las manos para tomar esta decisión usted mismo para mí es muy sorprendente”, dijo el representante estatal Jeff Leach, el presidente de la comisión.
Saenz respondió que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de los abogados de Lucio de que había nuevas pruebas que la exonerarían.
“No me estoy lavando las manos. Me estoy ocupando de ello y hay que tomar decisiones difíciles. Ustedes no están de acuerdo conmigo, pero eso no significa que me esté lavando las manos”, dijo Saenz.
Más tarde, Saenz manifestó que si una corte de apelaciones no tomaba medidas para detener la ejecución de Lucio, él mismo trabajaría para retrasarla, de modo que se pudieran revisar las diversas demandas legales que están pendientes en el caso.
El representante estatal Joe Moody dijo que creía que si hay errores en un caso, “es el deber y la responsabilidad moral de un fiscal corregir esos errores”.
Pero Sáenz discrepó y dijo que los tribunales “se encargan de los errores, no yo”.
La audiencia del martes fue dirigida por Leach y Moody, que forman parte de un grupo bipartidista de más de 80 miembros de la cámara baja de Texas preocupados por el caso de Lucio y que creen que las nuevas pruebas demuestran que no golpeó mortalmente a su hija Mariah en 2007 en la ciudad de Harlingen, en el sur de Texas.
El mes pasado, los legisladores enviaron una carta a la Junta de Indultos y Libertad Condicional y al gobernador Greg Abbott en la que les solicitaron otorgar un aplazamiento de la ejecución o conmutar su sentencia.
Leach y Moody fueron parte de un grupo de siete legisladores que visitaron la semana pasada a Lucio en la prisión para mujeres en Gatesville, Texas.
Los fiscales han sostenido que Mariah fue víctima de maltrato infantil debido a que su cuerpo estaba repleto de hematomas. Un forense testificó que Mariah murió de un golpe en la cabeza. Según las autoridades, Lucio tenía antecedentes de uso de drogas y por momentos perdió la custodia de algunos de sus 14 hijos.
Pero los abogados de Lucio aseguran que los jurados nunca escucharon evidencia forense que habría explicado que varias de las lesiones de Mariah fueron debido a una caída por las escaleras. También señalan que a Lucio no se le permitió presentar evidencia que cuestionaba la validez de su confesión, la cual alegan que hizo en un estado de angustia después de varias horas de incesante interrogatorio.
Varios de los jurados en su juicio también han expresado sus dudas sobre la condena.
Uno de esos jurados, Johnny Galvan Jr., compareció frente a la comisión. En un comunicado leído por su hija, Galvan declaró que cree que los abogados de Lucio no presentaron evidencia pertinente en su caso y se sintió presionado por otros jurados para sentenciarla a muerte.
“Si la ejecución de la señorita Lucio procede, me perseguirá”, dijo Galvan.
Horas antes el martes, los abogados de Lucio anunciaron que un quinto miembro del jurado ha cuestionado la condena. Un jurado alterno también ha expresado sus dudas.
“Creo que la señorita Lucio merece un nuevo juicio y que un nuevo jurado escuche esta evidencia. Sabiendo lo que sé ahora, no creo que deba ser ejecutada”, dijo Melissa Quintanilla, presidenta del jurado, en una declaración jurada.
Saenz dijo que su oficina se había puesto en contacto con otros siete jurados que sentenciaron a Lucio y que seis de ellos no han cambiado de parecer, mientras que el séptimo ya falleció.
Después de la reunión de la comisión, Sonya Alvarez, una de las hermanas de Lucio, dijo que su familia tiene esperanzas después de escuchar a Saenz decir que detendría la ejecución si los tribunales no actúan.
“Tenemos muchas esperanzas, de que hará lo correcto y permitirá que se presente esta nueva evidencia”, dijo.
Lucio, de 52 años, sería la primera latina en ser ejecutada en el estado de Texas desde 1863 y la primera mujer desde 2014. Sólo 17 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos desde que la Corte Suprema levantó su prohibición a la pena capital en 1976, la más reciente en enero de 2021.
Juan A. Lozano está en Twitter como: https://twitter.com/juanlozano70
Esta historia ha sido corregida para mostrar que Lucio habría sido la primera latina en ser ejecutada en Texas desde 1863, no la primera en la historia del estado.