NUEVA ORLEANS (AP) — Defensores de los inmigrantes se dirigen a una corte federal de apelaciones en Nueva Orleans para tratar de salvar una disposición de la presidencia de Barack Obama que impide la deportación de miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños.

Un juez federal en Texas sentenció el año pasado que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA por sus siglas en inglés) era ilegal, pero aceptó que la disposición siguiera vigente en su forma actual para los que ya se beneficiaban de ella durante las apelaciones.

Los partidarios de DACA planeaban una vigilia por la madrugada antes de que se presentaran los alegatos en la Corte de Apelaciones del 5to Circuito.

El Departamento de Justicia defiende el programa juntamente con el estado de Nueva Jersey, organizaciones como el Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y una coalición de grandes empresas —Amazon, Apple, Google y Microsoft, entre otras— según las cuales los beneficiarios de DACA son “empleados, consumidores y creadores de empleos”.

Texas, el demandante principal juntamente con otros ocho estados de tendencia republicana, alega que se aprobó el DACA sin pasar por los debidos canales legales y administrativos, y que la permanencia ilegal de inmigrantes en el país los perjudica económicamente.

“DACA impone clásicos perjuicios al bolsillo de los estados a través del costo de los servicios sociales, la salud pública y la educación”, sostuvieron los abogados de Texas en un acta, según la cual el estado gasta decenas de millones de dólares en servicios médicos para los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.

Los defensores de DACA sostienen que el estado no ha demostrado que el fin del programa no traería una reducción de esos costos. Dicen que Texas debilitó su argumento de perjuicio financiero al esperar seis años antes de cuestionar el programa. Además, sostienen que los beneficiarios de DACA reducen los costos de Texas porque muchos de ellos tienen empleos con beneficios de salud y muchos son propietarios de viviendas cuyos impuestos sobre la propiedad sostienen las escuelas.

DACA ha enfrentado numerosos juicios desde que el entonces presidente Obama lo creó por decreto en 2012. Su sucesor Donald Trump trató de eliminarlo, pero la Corte Suprema sentenció que no lo había hecho debidamente, lo devolvió a la vida y permitió nuevas demandas, como la de Texas.

HIGHLAND PARK, Illinois, EE.UU. (AP) — Un hombre abrió fuego el lunes desde una azotea sobre un desfile del Día de la Independencia en los suburbios de Chicago, matando al menos a seis personas, hiriendo a cuando menos 30 y provocando que cientos de personas que desfilaban, padres de familia con carritos para bebés y niños en bicicletas huyeran aterrorizados, informó la policía.

Las autoridades dijeron que un individuo considerado persona de interés en la balacera fue detenido en la noche por la policía tras una búsqueda de horas dentro y en los alrededores de Highland Park, una comunidad pudiente de unos 30.000 habitantes en la costa norte de Chicago.

El tiroteo en un 4 de Julio se suma a otros acontecimientos que han hecho añicos los rituales de vida de los estadounidenses.

En los últimos meses, escuelas, iglesias, tiendas de comestibles y, ahora, desfiles de la comunidad se han convertido en escenarios de masacres. En esta ocasión, el derramamiento de sangre se produce cuando la nación trata de encontrar un motivo para celebrar su fundación y los lazos que aún la mantienen unida.

“Definitivamente te golpea mucho más duro cuando no sólo es tu ciudad natal sino también ocurre justo delante de ti”, dijo el residente Ron Tuazon mientras él y un amigo regresaban a la ruta del desfile el lunes por la noche para recoger sillas, mantas y una bicicleta para niños que él y su familia abandonaron cuando comenzaron los disparos.

“Ahora ya es habitual”, dijo Tuazon de lo que llamó otra atrocidad estadounidense más. “Ya ni pestañeamos. Hasta que las leyes no cambien, va a ser más de lo mismo”.

Los disparos se registraron en un punto de la ruta del desfile en el que muchos residentes se habían colocado a primera hora del día para tener una vista privilegiada de la celebración anual.

Las docenas de balas disparadas obligaron a cientos de asistentes al desfile a huir, algunos de ellos ensangrentados.

A su paso dejaron un sendero de objetos abandonados que mostraban la vida cotidiana que se vio interrumpida de forma repentina y violenta: Una bolsa de papas fritas a medio comer; una caja de galletas de chocolate esparcidas sobre el pasto; una gorra infantil de los Cachorros de Chicago.

“No hay ningún lugar seguro”, dijo Barbara Harte, de 73 años, residente de Highland Park, quien por temor a un tiroteo masivo se había mantenido alejada del desfile, pero luego se aventuró a salir de su casa.

El jefe de policía de Highland Park, Lou Jogmen, dijo que un agente obligó a Robert E. Crimo III a detenerse mientras conducía a unos 8 kilómetros (5 millas) al norte de donde ocurrió el tiroteo, varias horas después de que la policía divulgara la fotografía del hombre y una imagen de su Honda Fit plateado, y le advirtiera al público que probablemente estaba armado y era peligroso. En un principio las autoridades dijeron que tenía 22 años, pero en un boletín del FBI y las redes sociales de Crimo se afirmaba que tenía 21.

La policía se negó por el momento a identificar a Crimo como sospechoso, pero dijo que identificarlo como persona de interés, compartir su nombre y otra información públicamente era un paso importante.

Christopher Covelli, portavoz de la Fuerza Especial contra Crímenes Graves del Condado Lake, dijo en una conferencia de prensa que varias de las víctimas murieron en la escena del crimen y que una de ellas fue trasladada a un hospital y falleció ahí. La policía no dio detalles sobre las víctimas ni los heridos.

La forense del condado Lake, Jennifer Banek, dijo que las cinco personas que murieron en el desfile eran adultos y que no tenía información sobre la sexta víctima que murió en el hospital.

Uno de los fallecidos era un ciudadano mexicano, dijo en Twitter Roberto Velasco, director de la unidad para América del Norte de la cancillería de México. Otros dos mexicanos resultaron heridos, añadió.

El Centro de Salud de la Universidad de NorthShore recibió 26 pacientes después del ataque. Todos, excepto uno, tenían heridas de bala, dijo el doctor Brigham Temple, director médico de preparación para emergencias. Sus edades oscilaban entre los 8 y los 85 años, y Temple estimó que cuatro o cinco pacientes eran niños.

Temple señaló que 19 de los pacientes fueron atendidos y dados de alta. Otros fueron trasladados a otros hospitales, mientras que dos pacientes seguían en el hospital de Highland Park, en condición estable.

“Es devastador que una celebración de Estados Unidos haya sido desgarrada por nuestra plaga singularmente estadounidense”, dijo el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, en una conferencia de prensa.

“Estoy furioso porque no tiene por qué ser así... mientras celebramos el 4 de Julio sólo una vez al año, los tiroteos masivos se han convertido en una tradición americana semanal, sí, semanal”, añadió.

Las autoridades informaron que el hombre armado disparó alrededor de las 10:15 de la mañana, cuando el desfile se encontraba completado en tres cuartas partes.

Según el comandante de la policía de Highland Park, Chris O’Neill, el agresor aparentemente utilizó un “fusil de alto poder” para disparar desde un lugar en lo alto de un edificio desde el cual era “muy difícil verlo”. Dijo que el arma fue recuperada en el lugar de los hechos. La policía también halló una escalera.

El presidente Joe Biden dijo el lunes que él y la primera dama, Jill Biden, estaban “conmocionados por la violencia sin sentido de las armas de fuego que ha vuelto a causar dolor a la comunidad estadounidense en el Día de la Independencia”.

Foody contribuyó desde Chicago. Los periodistas de The Associated Press Mike Balsamo en Nueva York, David Koenig en Dallas, Jeff Martin en Woodstock, Georgia, Fabiola Sánchez en Monterrey, México, Jim Mustian en Nueva Orleans, Bernard Condon en Nueva York, y Martha Irvine y Mike Householder en Highland Park contribuyeron a este despacho.

LOS ÁNGELES (AP) — Un extenso centro de detención operado por una empresa privada en Adelanto, un poblado del desierto de California, tiene la capacidad de albergar a casi 2.000 inmigrantes que enfrenten la posibilidad de ser deportados. Pero estos días luce casi vacío.

La instalación de Adelanto es un ejemplo extremo de cómo los pagos mínimos garantizados a los que recurre el gobierno de Estados Unidos en contratos con empresas privadas para albergar a inmigrantes detenidos pueden tener desventajas financieras. En esos contratos, el gobierno se compromete a pagar por una cierta cantidad de camas, ya sea que se usen o no.

El gobierno paga por al menos 1.455 camas al día en Adelanto, pero en lo que va del año fiscal reporta una población diaria promedio de 49 detenidos. Los defensores de los inmigrantes dicen que en las instalaciones de esa localidad hay actualmente unas dos docenas de personas porque las autoridades no pueden traer a más inmigrantes debido a un fallo de un juez federal en 2020 relacionado con la pandemia del COVID-19.

El gobierno de Estados Unidos paga con el fin de garantizar que 30.000 camas estén disponibles para inmigrantes detenidos en cuatro docenas de instalaciones en todo el país, pero en lo que va del año fiscal sólo se han ocupado aproximadamente la mitad, en promedio, de acuerdo con datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En los últimos dos años, los centros de detención de inmigrantes en el país han sido subutilizados debido a que las autoridades se vieron obligadas a dar más espacio a los detenidos para limitar la propagación del COVID-19, a veces por orden judicial, como en el caso de Adelanto.

“El gobierno todavía les está pagando para mantener abiertas las instalaciones”, dijo Lizbeth Abeln, directora de defensa contra la deportación de la Coalición Justicia Para Inmigrantes, en el sur de California. “Es realmente preocupante que todavía les paguen por todas las camas cada día. Está vacío”.

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SAN ANTONIO (AP) — Los migrantes hallados esta semana dentro de un tractocamión en Texas ya iban en el vehículo cuando éste pasó por un retén carretero de la Patrulla Fronteriza antes de llegar a San Antonio, donde decenas de ellos fueron encontrados muertos, dijo un funcionario federal estadounidense el jueves.

El vehículo pasó por el puesto de control en la carretera interestatal 35 situado a 42 kilómetros (26 millas) al noreste de la ciudad fronteriza de Laredo, Texas.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder declarar sobre una investigación en curso, dijo que había 73 personas en el camión cuando fue descubierto el lunes en San Antonio, incluidas las 53 que murieron. No estaba claro si los agentes detuvieron al conductor para interrogarlo en el puesto de control o si el camión pasó sin problema.

La revelación atrae la atención a una vieja cuestión de políticas sobre si los aproximadamente 110 retenes carreteros dentro del país a lo largo de las fronteras con México y Canadá son lo suficientemente eficaces para detectar a personas que entran ilegalmente en Estados Unidos a bordo de vehículos. Generalmente están ubicados a 160 kilómetros (100 millas) de la frontera.

La policía estatal de Texas anunció por su parte que operará sus propios retenes para tractocamiones por orden del gobernador Greg Abbott, quien considera que las labores del gobierno del presidente Joe Biden en este sentido son insuficientes. Se desconoce cuántos camiones serán detenidos para su revisión.

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