NUEVA ORLEANS (AP) — El requerimiento del presidente Joe Biden de que todos los empleados del gobierno federal estén vacunados contra el COVID-19 fue ratificado el jueves por un tribunal federal de apelaciones.

En un fallo de dos votos a favor y uno en contra, el panel del Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito revocó la decisión de un tribunal de menor instancia y ordenó el sobreseimiento de una demanda que impugnaba el mandato. El fallo, una rara victoria para el gobierno en esa corte de apelaciones de Nueva Orleans, señala que el juez federal no tenía jurisdicción en el caso y que los que impugnaban el requerimiento podrían haber recurrido a recursos administrativos bajo la ley del Servicio Civil.

Biden emitió una orden ejecutiva el 9 de septiembre en la que ordenó se vacunara a todos los empleados de las agencias que dependen del poder ejecutivo, con excepciones por razones religiosas y médicas. El juez de distrito Jeffrey Brown había emitido una orden judicial a nivel nacional contra el requerimiento en enero. Brown fue nombrado al Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas por el entonces presidente Donald Trump.

Cuando se presentaron los argumentos del caso en el 5to Circuito el mes pasado, los abogados del gobierno federal hicieron notar que los jueces de distrito de una docena de jurisdicciones habían rechazado una impugnación al requerimiento de vacunarse para los trabajadores federales antes de que Brown emitiera su fallo.

El gobierno argumentó que la Constitución le da al presidente, como jefe de la fuerza laboral federal, la misma autoridad que al director general de una empresa privada para exigir que los empleados se vacunen.

Los abogados de los que están impugnando el mandato habían mencionado una opinión reciente de la Corte Suprema de que el gobierno no puede obligar a los empleadores privados a exigirles a sus trabajadores que reciban la vacuna.

Doce de los 17 jueces activos en el 5to Circuito fueron nominados al tribunal por republicanos, incluyendo seis designados por Trump.

Los jueces Carl Stewart y James Dennis, ambos nominados al tribunal por el expresidente Bill Clinton, emitieron los votos de la mayoría. La jueza Rhesa Barksdale, una magistrada de alto rango nominada por el presidente George H.W. Bush, disintió, diciendo que el alivio que los impugnadores buscaban no está dentro del ámbito cubierto por la Ley de Reforma del Servicio Civil citada por el gobierno.