SAN SALVADOR (AP) — Jesús Joya dice que su hermano era “especial”. A sus 45 años era como un niño, le gustaba complacer a los demás. Nadie lo confundiría con un pandillero. Sin embargo, la última vez que Jesús lo vio, Henry abordaba un autobús que lo llevaría a la cárcel.“Henry, vas a salir. Tú no has cometido ningún error”, gritó Jesús.
Desde su asiento, Henry respondió despidiéndose con la mano. Un policía le dio un manotazo en la cabeza.
Tres semanas antes, el 26 de marzo, las pandillas en El Salvador habían matado a 62 personas en todo el país, lo que desató la indignación nacional. El presidente Nayib Bukele y sus aliados en el congreso emprendieron una guerra contra las pandillas y suspendieron los derechos constitucionales de la población.
Casi siete meses después, ese “estado de excepción” sigue siendo popular. Sin embargo, los pandilleros no son los únicos atrapados en esta caótica operación de las autoridades que ha tenido consecuencias mortales.
Los más de 55.000 detenidos han abarrotado el sistema de justicia, ya de por sí saturado. Los acusados prácticamente no tienen esperanza de que los jueces atiendan su caso de manera individual, pues celebran audiencias de hasta 300 acusados a la vez; y los abogados de oficio están inundados con pilas de casos.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A las puertas de un albergue que opera en el este de la capital mexicana, el mecánico venezolano José Cuicas aguarda ansioso la respuesta de un amigo estadounidense que lo patrocinará para optar por una de las 24.0000 visas humanitarias que el gobierno de Joe Biden anunció que entregará a venezolanos.Cuicas fue uno de los 1.700 venezolanos que las autoridades estadounidenses expulsaron a México la semana pasada en virtud de una orden de Estados Unidos para negarles el derecho al asilo y tratar de contener el creciente flujo de migrantes de ese país.
Muchos de ellos fueron transportados en autobús a la capital mexicana para aliviar la presión sobre las ciudades fronterizas de México ya saturadas de migrantes.
Las restricciones en los asilos se dan en respuesta a un aumento significativo en el número de venezolanos que llegan ilegalmente a la frontera estadounidense. Los migrantes procedentes de Venezuela rebasaron en agosto a los de Guatemala y Honduras para representar la segunda nacionalidad más numerosa en llegar a la frontera de Estados Unidos, sólo detrás de México.
Dado que Cuicas fue expulsado el 13 de octubre, justo antes del lanzamiento oficial del plan de visas esta semana, podría ser elegible para presentar una solicitud. Los venezolanos elegibles que presenten su solicitud en línea, encuentren un patrocinador estadounidense y cumplan con otros requisitos podrían volar directamente a Estados Unidos si se les otorga una visa.
El viernes, funcionarios estadounidenses y mexicanos dieron la primera actualización sobre el programa: se estaban procesando 7.500 solicitudes y los primeros 100 venezolanos habían recibido autorización para volar a Estados Unidos. Funcionarios del gobierno de Biden señalaron que cerca de 150 venezolanos cruzaban la frontera desde México diariamente, frente a los 1.200 de antes de que se anunciara la política el 12 de octubre.
NUEVA YORK (AP) — La Organización de los Estados Americanos aprobó el jueves por aclamación una resolución de apoyo al gobierno de Perú y pidió la preservación de la institucionalidad democrática tras las acusaciones que el presidente Pedro Castillo ha recibido durante meses por parte de la oposición y la fiscal federal de su país.La resolución se votó después de que un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijera que Perú vive un escenario de “crisis constitucional”.
La resolución pide que las acciones de “todos los actores” en Perú se enmarquen en el “respeto al Estado de Derecho”. También destaca artículos de la Carta Democrática Interamericana que reconocen “la subordinación” constitucional de todas las instituciones del Estado “a la autoridad civil legalmente constituida”.
En 14 meses de gobierno Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte de la oposición en el Congreso. A su vez la fiscal general Patricia Benavides lo ha denunciado ante el Parlamento para poder investigarlo por presuntos delitos de corrupción.
Al mismo tiempo Benavides lleva adelante cinco investigaciones preliminares sobre Castillo por los supuestos delitos de organización criminal y corrupción, así como otra indagación adicional por un presunto plagio de su tesis de maestría en psicología educativa en 2012.
El gobierno ha respondido denunciando ante el Congreso a la fiscal general por supuesta infracción a la Constitución, abuso de autoridad y prevaricato. Se indica que la denuncia contra Castillo es “puramente política” y forma parte de “un plan sistemático para desestabilizar al gobierno”.
ROMA (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron dijo el domingo que depende de Ucrania decidir el momento y los términos de la paz con Rusia, y advirtió que la paz “no puede ser la consagración de la ley del más fuerte”.En la inauguración de un congreso por la paz que se realiza en Roma durante tres días, Macron dijo que la comunidad internacional estará allí cuando el gobierno ucraniano decida el momento.
“Mantenerse neutral significaría aceptar el orden mundial del más fuerte, y no estoy de acuerdo con eso”, dijo Macron en el congreso organizado por la Comunidad de Sant’Egidio, una organización católica de beneficencia vinculada al Vaticano.
Existe la preocupación de que el apoyo de los aliados de Ucrania en Europa pudiese erosionarse debido al enorme incremento de los costos de la energía al aproximarse el invierno.
Está previsto que el papa Francisco concluya el congreso Grito por la Paz con un discurso el martes en el Coliseo.
A lo largo de la guerra, que comenzó hace ocho meses con la invasión rusa de Ucrania, el pontífice ha advertido en contra de la acumulación de armas, pero ha dicho que Ucrania tiene derecho a defenderse.
Aunque la nueva primera ministra italiana Giorgia Meloni, de extrema derecha, respalda firmemente el ayudar a Ucrania a defender su soberanía, sus aliados de coalición simpatizan con Rusia.
BUENOS AIRES (AP) — Los líderes de una agrupación argentina que arremete contra la clase política en las redes sociales y en manifestaciones callejeras fueron detenidos el jueves en el marco de una causa judicial que los investiga por presunta incitación a la violencia y en la que es querellante la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un fallido atentado en septiembre.Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, de la agrupación Revolución Federal, fueron arrestados durante los allanamientos realizados en cercanías de Buenos Aires por la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras la orden impartida por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, dijo a The Associated Press un funcionario conocedor de la causa que no reveló su identidad por ser una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario.
La también exmandataria (2007-2015) fue aceptada el martes como querellante en esta causa judicial, que tiene un punto de contacto con la del intento de atentado que sufrió el 1 de septiembre, ya que Brenda Uliarte -una de las cuatro personas detenidas por el ataque por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti- participó en agosto en una marcha contra el Kirchnerismo organizada por Revolución Federal.
El grupo, que no se autodefine como político y se siente afín al liberalismo económico que propugna la derecha más conservadora, convocó a la llamada Marcha de Antorchas frente a la Casa Rosada y bajo la consigna “cárcel o bala” al gobierno del presidente peronista Alberto Fernández y al sector que lidera Fernández de Kirchner, los participantes arrojaron teas encendidas sobre las vallas que rodean la sede gubernamental.