
Castillo permanece con detención preliminar de 7 días, que se cumplen el miércoles, pero deberá seguir preso hasta que el Poder Judicial decida si acepta o no el pedido de la Fiscalía.
El Poder Judicial convocó para mañana, jueves 15, a las 8 y 30 de la mañana en el Perú, a la audiencia en que un juez debe escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa del expresidente para luego decidir si aplica o no prisión preventiva a Castillo.
El miércoles se suspendió la sesión en que se iba a evaluar el caso, a pedido de la defensa del expresidente, que alegó no haber sido notificado.
Una sala de la Corte Suprema ratificó la víspera la detención de siete días a Castillo al rechazar la apelación que presentó en intento de anular la orden judicial que lo tiene preso.
Un argumento del tribunal para rechazar la apelación y ratificar la detención fue que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había contado que Castillo lo llamó para pedirle asilo político y se dirigía a la embajada de México en Lima cuando fue detenido. El pedido de la Fiscalía también considera este argumento.
El pedido de prisión preliminar incluye al ex primer ministro peruano Aníbal Torres, que está en la clandestinidad.

Leopoldo De Gyves, embajador de México en Venezuela, reiteró desde Caracas la voluntad de su gobierno para apoyar la “lucha por la paz” que constituye una “irrenunciable política de Estado”.
Andrés Manuel López Obrador obtuvo a finales de noviembre la invitación para ser un país garante. Las partes aún están arreglando los detalles logísticos de la siguiente fase y no dieron el día exacto en que arrancará.
Noruega, Venezuela, Cuba, México y Chile fueron ratificados como países garantes y la Iglesia católica y las Naciones Unidas como acompañantes permanentes de la mesa de negociación.
El ELN, considerada la última guerrilla activa de Colombia, retomó en noviembre las conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro -el primero de tendencia izquierdista en gobernar Colombia- que como muestra de voluntad política levantó las órdenes de captura contra los líderes insurgentes. Mientras, el ELN ha liberado a 20 secuestrados, entre civiles y miembros de la fuerza pública.
Las partes no anunciaron un cese al fuego bilateral y aseguraron que lo contemplarán más adelante. Israel Ramírez Pineda, el segundo comandante del ELN conocido con el alias de “Pablo Beltrán”, dijo a la prensa que el ELN está evaluando hacer un cese al fuego unilateral para épocas navideñas -como lo han hecho en años anteriores o en pandemia- y que esperan que las Fuerzas Armadas no tomen ventaja militar.
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ERSÓN, Ucrania (AP) — Una granada de mano preparada en la lavadora en una casa de Jersón. Un cartel en una calle que dirigía con malicia a los peatones hacia un mortal campo de minas. Una comisaría que supuestamente alojó una cámara de tortura, pero que aún tiene tantas bombas trampa que los equipos de desminados ni siquiera han empezado a buscar pruebas.

El domingo se cumple un mes desde que las tropas de Moscú se retiraron de Jersón y sus alrededores tras ocho meses de ocupación, lo que provocó muestras de júbilo en toda Ucrania. Pero la vida en la ciudad sureña sigue estando muy lejos de lo normal.
Al marcharse, los rusos dejaron toda clase de macabras sorpresas, y su artillería sigue castigando la ciudad desde nuevas posiciones al otro lado del río Dniéper. El gobierno regional dijo el sábado que los ataques en Jersón han matado a 41 personas en el último mes, incluido un niño, y enviado 96 personas al hospital.
El suministro eléctrico aún viene y va, aunque el agua corriente funciona en su mayor parte, y la calefacción en interiores se ha restablecido hace poco -y sólo entre el 70 y el 80% de la ciudad-, después de que las fuerzas rusas volaran una enorme central de calefacción que daba servicio a buena parte de la ciudad.

Su indignación es tal que sus protestas continuarán el lunes a pesar del fallecimiento de siete personas, entre ellas Beckham Romario Quispe Garfias, de 17 años, uno de dos jóvenes manifestantes que murieron durante el fin de semana.
Mientras miles de personas salían a las calles, Raquel Quispe grabó a su hermano como un talentoso deportista que estaba harto de sentirse invisible ante los ojos de los políticos. Fue nombrado en honor al astro del fútbol inglés David Beckham y de Romario, el delantero de la selección brasileña de fútbol.
Bajo un cielo nublado, Raquel salió del hospital en donde tienen los restos de su hermano, y con enojo en su voz, por momentos traicionada por las lágrimas, resumió lo que llevó a Beckham Romario ya otros a levantar la voz desde la destitución de Castillo la semana pasada: Una democracia excluyente.
“Para ellos, los que están allá en el Congreso, la opinión que es válida es de los peruanos que tienen plata, de la gente adinerada”, dijo Quispe, una maestra de educación temprana.
“Para ellos... el voto de provincia no vale, no sirve. Pero el voto de los limeños lo toman en cuenta. Esa es una injusticia de todo el Perú”, agregó.
Alrededor de 3.000 personas tomaron las calles de Andahuaylas el lunes para protestar y rendir homenaje a los jóvenes que murieron durante el fin de semana. Había rocas esparcidas por toda la comunidad que aún mostraban huellas de los incendios. Un aeródromo utilizado por las fuerzas armadas continuaba bloqueado y seguía saliendo humo negro de un edificio cercano.
Los manifestantes de muchas comunidades rurales, incluyendo Andahuaylas, siguieron exigiendo que la presidenta Dina Boluarte renunciara y programara elecciones generales para reemplazarla a ella ya todos los miembros del Congreso. También quieren que las autoridades liberen a Castillo, quien fue detenido el miércoles cuando fue destituido por los legisladores después de que intentó disolver al Congreso antes de un voto de destitución.
Aunque también se han registrado protestas en la capital Lima, las manifestaciones han sido particularmente intensas en las zonas rurales que fueron bastiones de Castillo, un exmaestro de escuela y neófito de la política procedente de un distrito pobre de los Andes.
Los manifestantes intensificaron sus protestas al lunes al bloquear el acceso a un aeropuerto internacional en el sur de Perú durante varias horas y ocupar la pista. Una persona murió durante las protestas en Arequipa, donde se encuentra el aeródromo, informó el ministro de Defensa, Alberto Otarola, durante una sesión del Congreso enfocada en el descontento civil.
La Defensoría del Pueblo de Perú informó que siete personas han muerto desde el inicio de las protestas el miércoles. Cinco de ellas perdieron la vida el lunes. Los siete decesos ocurrieron fuera de Lima, incluyendo cuatro en Andahuaylas.
La escalada se produjo incluso después de que Boluarte había cedido horas antes a las demandas, anunciando en un discurso en televisión nacional que enviaría al Congreso una propuesta para adelantar las elecciones a abril de 2024, dando marcha atrás a sus declaraciones anteriores de que permanecería en el poder por los 3 años y medio que le restaban al periodo de su predecesor.
En su discurso a la nación, Boluarte también declaró un estado de emergencia en zonas fuera de Lima, en donde las manifestaciones han sido particularmente violentas.
“Mi deber como presidenta de la república en la difícil hora actual es interpretar... las aspiraciones, los intereses y las preocupaciones... de la gran mayoría de los peruanos”, dijo Boluarte al anunciar que propondría elecciones anticipadas.
Boluarte, de 60 años, no tardó en ser juramentada el miércoles para reemplazar a Castillo, horas después de que este último sorprendió al país al ordenar la disolución del Congreso, que en respuesta lo destituyó por “incapacidad moral permanente”. Castillo fue arrestado por cargos de rebelión.
Los miembros del gabinete de Boluarte compararon el lunes ante el Congreso para dar cuenta de las protestas. El legislador derechista Jorge Montoya exigió medidas apropiadas para poner fin al descontento, diciéndoles a los simpatizantes de Castillo que ahora que fue destituido “se cierra ese capítulo”.
“Estos no son actos de protesta, son actos de terrorismo que deben ser sancionados”, declaró Montoya. “No se puede defender una situación que está en los extremos”.
Perú ha tenido seis presidentes en los últimos seis años, incluyendo tres en una semana en 2020.
La crisis presidencial más reciente ocurre en momentos en que los Andes y sus millas de pequeñas granjas atraviesan dificultades para sobrevivir a la peor sequía en medio siglo. El país también sufre una quinta ola de infecciones de COVID-19.
Los simpatizantes de Castillo tienen la esperanza de que el mandatario atendiera algunos de los desafíos a los que se han enfrentado desde hace tiempo. Pero durante sus 17 meses de mandato, Castillo no precisar concretar ninguno de sus principales proyectos y se enfrentó al racismo y la discriminación que suelen experimentar sus propuestas pobres.
En Andahuaylas, alrededor del 80% de quienes votaron en la segunda vuelta electoral del año pasado lo hicieron por Castillo. Entre sus propuestas se mejoraron la Constitución nacional por primera vez desde 1993, cuando se reescribió durante el gobierno de Alberto Fujimori, un exmandatario cuya hija, Keiko, perdió ante Castillo en la contienda electoral.
Rosario Garfias era una de las personas que se manifestaba afuera del hospital donde permanecían los restos de su hijo de 17 años. Hablando en quechua, una de las lenguas indígenas de Perú, se dijo desconsolada por la muerte de su hijo.
“Mi mamá está haciendo un reclamo en su idioma. Yo sé que muchos no la entienden, ni siquiera el Congreso lo entiende”, dijo su hija, Raquel Quispe.
“Está diciendo que... está muy dolida porque lo han matado, como en un matadero. Y mi mamá pide justicia, así como mi familia, para mi hermano”.
García Cano reportó desde Lima.

En un discurso televisado, Boluarte hizo una concesión a los manifestantes y dijo que propondría al parlamento adelantar los comicios a abril de 2024. El anuncio era un cambio drástico respecto a sus declaraciones previas sobre que debería poder cumplir los 3 años y medio del mandato de su predecesor.
“Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía”, indicó la mandataria, “he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales”.
Muchos de los manifestantes en la actual crisis política exigen la liberación de Pedro Castillo, el presidente de centroizquierda al que los legisladores destituyeron el miércoles después de que intentó disolver el Congreso antes de una votación para decidir si era sometido a un juicio político.
Cientos de personas se manifestaron en Lima, donde la policía usó gases lacrimógenos para repeler a los inconformes.
En su mensaje a la nación, Boluarte declaró el estado de emergencia en zonas a las afueras de Lima donde las protestas han sido especialmente violentas.