
“La constitución es la carta magna que debemos obedecer todos los peruanos... La elección ha sido hasta el 28 de julio del 2026” dijo de forma escueta en la víspera Boluarte, una abogada de 60 años, en su primera rueda de prensa en el palacio presidencial.
Boluarte pidió el miércoles una tregua a los legisladores del Congreso que habían destituido poco antes a Castillo por “permanente incapacidad moral”, una cláusula de la constitución tan nebulosa que permite remover casi por cualquier motivo a un mandatario y que, además de Castillo, causó también la salida de Martín Vizcarra quien gobernó entre 2018 y 2020.
“Sé que hay voces que indican adelanto de elecciones, eso es democrático, es repetable”, admitió Boluarte, pero matizó que asumir la presidencia conlleva plantearse hacia dónde irá Perú, un país fuertemente polarizado que ha tenido seis presidentes en los últimos seis años.
La primera mujer presidenta enfrenta el reto de reconducir la deriva política hacia un rumbo de estabilidad o pasar a ser uno más de esa lista. Lleva tres días en el cargo y mira más hacia la permanencia. “Más adelante, en coordinacion con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de reorientar los destinos del país”, se pronunció.
Comenzó a mostrarse como nueva jefa del Estado inmediatamente con gestos clave como el de recibir en el palacio presidencial a grupos de parlamentarios de derecha e izquierda. Antes había bailado una danza andina, luego de contemplar una procesión católica de la Virgen de la Inmaculada Concepción que pasó cerca de la casa de gobierno.

Ellos son de la provincia andina de Cotopaxi y viven en la capital hace varios años. Ajena a su entorno, la niña lacta con insistencia y emite pequeños gemidos como reclamando que le acomoden para seguir en lo suyo. Esos ingresos se estiran cada jornada para dar de comer a los mayores dos veces al día: en la mañana café con un pan, cuando hay, y en la noche un plato de arroz, o quizá no. Solo de vez en cuando, la familia logra comprar carne de pollo.
El secretario del programa gubernamental Ecuador Crece sin Desnutrición, Erwin Ronquillo, en diálogo con The Associated Press dimensionó el problema de la desnutrición crónica infantil en Ecuador. Está “en todo el país” y en todos los estratos económicos, pero en las zonas rurales la situación es mucho más compleja.
Las poblaciones indígenas se llevan la peor parte. Esa realidad ha convertido a Ecuador en el segundo país de Latinoamérica con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil, después de Guatemala.
De acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), uno de cada tres niños ecuatorianos padece desnutrición, de ellos un 40,7% son indígenas y están en el rango de desnutrición crónica y en el 21,9%, de esos casos, hay afectación en su desempeño educativo y de aprendizaje. Los indígenas representan el 7 % del total de ecuatorianos según el último censo oficial de 2010.

La abogada de 60 años asume el poder durante la época de mayor turbulencia política de las últimas dos décadas, bajo una potente sequía que azota los Andes, una quinta ola de infecciones por COVID y una gripe que ha matado a miles de aves en la costa del Pacífico.
“Habrá una incertidumbre continua”, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas. Para tener un gobierno que funcione, hay que lograr una coalición lo suficientemente grande como para impulsar políticas y legisladores que te respalden, añadió.
A diferencia de su antecesor, Pedro Castillo — detenido por la policía el miércoles por la tarde por el presunto delito de rebelión, tras intentar disolver de forma ilegal el Parlamento—, la nueva presidenta debe elegir ministros de amplia trayectoria, capacidad moral y conocimiento del Estado, dijo Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la universidad peruana Antonio Ruiz de Montoya.
Castillo nombró más de 70 cambios ministeriales en su gestión de casi 17 meses, incluyendo algunos secretarios sin ninguna experiencia política. “Los nuevos ministros deben manejar el aparato público con propiedad para afrontar los terribles problemas que tiene el país”, añadió Cárdenas.

Los casos de la enfermedad parasitaria se dispararon en 2020 y siguieron subiendo al año siguiente, aunque a menor ritmo, indicó el jueves la agencia de salud de Naciones Unidas. En torno al 95% de los 247 millones de infecciones de malaria y las 619.000 muertes del año pasado se produjeron en África.
“Estábamos lejos de los objetivos antes de la pandemia, y ahora la pandemia ha empeorado las cosas”, dijo Abdisalan Noor, miembro destacado del departamento de la OMS contra la malaria.
Alister Craig, decano de biología en la Facultad de Medicina Tropical de Liverpool, señaló que los progresos en reducir las muertes por malaria se habían estancado incluso antes del COVID-19.
“Es casi como si hubiéramos alcanzado un límite de efectividad de las herramientas que tenemos ahora”, dijo Lister, que no participó en el reporte de la OMS.
Noor dijo que esperaba que el despliegue más amplio de la primera vacuna autorizada contra la malaria, previsto para el año que viene, tuviera un “impacto considerable” al reducir el número de muertes y enfermedades graves si se inmunizaba a suficientes niños, y añadió que más de 20 países han solicitado ayuda a la alianza de vacunas Gavi para conseguir las dosis. Aún así, la vacuna sólo tiene una efectividad del 30% y requiere cuatro dosis.

La vicepresidenta dijo que la condena obedece a una “mafia judicial” en reacción a la decisión de un tribunal de tres jueces que consideró que cometió un fraude al Estado durante sus dos mandatos como presidenta entre 2007 y 2015. La sentencia también incluyó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Pero la exmandataria, de 69 años, dijo que no tiene pensado pelear por un cargo luego de dejar la vicepresidencia a fines de 2023.
“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa... No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa”, dijo Fernández con un fuerte tono a través de su canal de YouTube.
El fallo condenatorio puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría demorarse años. Políticos y analistas afirmaron que, hasta entonces, la vicepresidenta podría postularse para cualquier cargo de elección popular -desde una banca en el Congreso hasta la presidencia, según lo establece la ley- y así obtener fueros que impiden su arresto.
La exmandataria también afirmó que los jueces que ordenaron su inhabilitación perpetua para ejercer cargos electivos buscan sacarla de la escena política.