GAYAN, Afganistán (AP) — Una réplica remeció el viernes una región del este de Afganistán, dos días después de un potente sismo que convirtió cientos de casas de ladrillos de barro en escombros y dejó 1.150 muertos, según medios estatales.El Departamento Meteorológico de Pakistán reportó un temblor de magnitud 4,2 en el sureste de Afganistán que, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal Bakhtar, se cobró cinco vidas más en el distrito de Gayan, el más afectado por el terremoto previo, e hirió a otras 11 personas.
El país, de 38 millones de habitantes, estaba viviendo ya una crisis económica que ha sumido a millones de personas en la pobreza, con más de un millón de niños en riesgo de desnutrición severa.
El terremoto de magnitud 6 del miércoles, que se produjo durante la noche, mientras la gente dormía, y dejó a miles de sobrevivientes sin un lugar en el que refugiarse, puso de manifiesto las crecientes necesidades del país. Afganistán sigue fuera del sistema monetario internacional y las agencias de ayuda lamentan tener que pagar al personal local con bolsas de efectivo entregadas en mano ya que las demás naciones se niegan a tratar directamente con el Talibán.
Organizaciones como la Media Luna Roja local o el Programa Mundial de Alimentos han intervenido para ayudar a las familias más vulnerables con comida y otros artículos de emergencia, como lonas y colchonetas para dormir en la provincia de Paktiká, donde se registró el epicentro del movimiento telúrico, y en la vecina región de Jost.
QUITO (AP) — La ciudad ecuatoriana de Puyo se encontraba el miércoles sitiada por los manifestantes, sin custodia policial y en crisis por la falta de alimentos, tras una violenta noche en que los manifestantes indígenas incendiaron un cuartel policial, saquearon negocios y atacaron bienes públicos y privados.La violenta jornada también ha dejado un protestante fallecido, Byron Guatatoca, por impacto de una bomba lacrimógena, tres policías secuestrados, 18 desaparecidos y 18 vehículos policiales incinerados, en tanto los mercados sin abastecimiento de alimentos debido al férreo bloqueo de los manifestantes de los puntos de acceso a esa ciudad, ubicada a 152 kilómetros al este de la capital y a la entrada a la amazonía.
Iván Illanes, representante de las nacionalidades indígenas de la provincia de Pastaza, cuya capital es Puyo, dijo en una rueda de prensa que “como habitantes de la provincia y en uso de nuestros derechos... para garantizar (la seguridad) a las comunidades y las personas” se ha pedido al ejército que tome el control del orden de la ciudad. También prometió que los manifestantes darán las garantías para la activación del comercio, el transporte y la movilización de vehículos particulares y personas y que evitarán cualquier confrontación con los uniformados en los puntos bloqueados.
Además, entregaron a dos policías que mantenían en su poder, aunque no se informó del paradero del resto de policías desaparecidos y secuestrados.
Las protestas indígenas para demandar al gobierno del presidente Guillermo Lasso la reducción del precio de la gasolina y otras exigencias más cumplen más de una semana y se han agudizado principalmente en al menos seis provincias del país, entre ellas Pastaza, donde está Puyo. En la jornada el gobierno dijo que no acepta las condiciones impuestas por los indígenas para negociar.
SAN SALVADOR (AP) — A petición del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el martes una tercera prórroga del estado de excepción para continuar el combate a las pandillas, a las que responsabilizan de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano.“Esta guerra si bien es cierto la vamos ganando, hace falta trabajo todavía por realizar”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud para prorrogar por otros 30 días el régimen de excepción.
“La misión que nos están dando los salvadoreños es clara, erradicar a estos terroristas del territorio salvadoreño”, afirmó.
La prórroga se aprobó con los votos de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral.
Villatoro aseguró que la captura de miles de pandilleros que por décadas han tenido sometidos a lo salvadoreños, ha logrado reducir los índices de homicidios, extorsiones, tenencia de armas y drogas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Además, le han pedido a Bukele que ponga fin al régimen de excepción y revierta las reformas al Código Penal que aprobó el Congreso, argumentando que tales medidas atentan contra los derechos humanos de la población.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Hace 50 años, cuando en la Sierra Tarahumara ni siquiera había carreteras, el sacerdote jesuita Javier Campos recorría sus montañas y profundos cañones en motocicleta para apoyar a las comunidades indígenas pobres y marginadas de esta región del noroeste de México.Su compañero, el religioso Joaquín Mora, trabajó muchos años a su lado, y a lo largo de más de dos décadas en la sierra vio cómo esta zona, cercana a la frontera con Estados Unidos, fue llenándose de miembros del crimen organizado que plantaban amapola o marihuana.
Los religiosos, de 79 y 80 años respectivamente, eran personas respetadas por todos en esas montañas boscosas en las que realizaban su labor, la cual se vio interrumpida abruptamente el lunes al ser asesinados junto a un laico en la iglesia de la comunidad de Cerocahui.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el miércoles que el atacante ya estaba identificado y que enfrentaba una orden de captura desde 2018 —nunca ejecutada— por el homicidio de un turista estadounidense en esas mismas montañas del estado de Chihuahua, las cuales limitan con los estados de Sinaloa y Sonora.
Campos, nacido en la Ciudad de México y apodado “El Gallo” por lo bien que imitaba a ese animal, y Mora, conocido por el diminutivo de “Morita”, estaban totalmente integrados entre los indígenas tarahumaras (o rarámuris). Hacían labor social, defendían su cultura y promovían servicios básicos y educación.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La tristeza y la indignación recorrían el miércoles las montañas y profundos cañones de la sierra Tarahumara, en el noroeste de México, mientras las autoridades aceleraban la investigación del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en una iglesia de una zona indígena de alta pobreza y marginación ocupada desde hace años por el crimen organizado.Javier Campos, también conocido como “El Gallo”, de 79 años, llevaba medio siglo en la misión jesuita de esa sierra que en los años 70, cuando no había carreteras, recorría en una moto. Joaquín Mora, un año mayor, lo acompañaba desde hacía más de dos décadas.
Ambos estaban totalmente integrados entre los indígenas tarahumaras (o rarámuris), haciendo labor social, defendiendo su cultura y promoviendo los servicios básicos y la educación.
Eran “figuras de autoridad moral, personas que generaban equilibrios en la comunidad”, dijo el martes por la noche el también jesuita Jorge Atilano durante una misa en la capital del país.
“Eran respetados, su palabra era tomada en cuenta”, subrayó.
Sin embargo, esos equilibrios que durante mucho tiempo lograron que la violencia no les tocara en forma directa, se rompieron el lunes, cuando al intentar socorrer al guía turístico que llegó a la iglesia de la comunidad de Cerocahui huyendo de un sujeto armado, tanto el laico —cuya identidad no se dio a conocer— como los dos religiosos fueron asesinados.
Javier Ávila, más conocido como “Pato”, líder de la comunidad jesuita en la zona y que lleva cinco décadas en la sierra, contó a una radio local de la cual fue uno de los fundadores que el agresor era una persona que estaba “fuera de sí, alcoholizado”.