
En tanto, el partido del expresidente Evo Morales, que controla la mayoría legislativa, presentó su propio proyecto en el que reconoce la renuncia del exgobernante y la de su vicepresidente Álvaro García. Además señala que ambos dejaron el país para asilarse en México, lo cual allana el camino hacia un acuerdo político para encaminar los nuevos comicios.
El expresidente ha dicho desde México que la Asamblea Legislativa debería tratar su renuncia y rechazarla, lo cual lo habilitaría para volver al país y concluir su gestión hasta el 21 de enero de 2020.
Los dos proyectos de ley serán debatidos por las dos cámaras desde el jueves. “Estamos en buen camino hacia un acuerdo”, dijo el senador Oscar Ortiz, de la misma bancada a la que pertenece Añez.
En tanto, Añez, dijo en rueda de prensa que “este proyecto del Ejecutivo puede ser perfectible y sirve de base para el consenso”, en alusión a los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, que controla la mayoría parlamentaria.
“El fraude electoral provocó la convulsión que vive el país”, aseguró.
El Congreso no tiene un plazo definido para responder, pero se espera que sea pronto dada la urgencia del asunto.

Se espera que sindicatos, grupos de estudiantes y ciudadanos de a pie se unan en lo que podría ser una de las mayores movilizaciones de los últimos años en el país, poniendo a prueba a un gobierno impopular en un momento en que la inestabilidad sacude la región.
Pero los analistas son escépticos con que la protesta pueda generar una agitación prolongada como ocurrió recientemente en Bolivia, Chile y Ecuador, destacando la falta de factores que unifiquen a un país dividido y con uno de los rendimientos económicos más sólidos de la zona.
“No estamos en un clima preinsurreccional”, dijo Yann Basset, profesor en la Universidad del Rosario de Bogotá. “No sé si haya realmente un rechazo del sistema político en general”.
Sin embargo, el gobierno de Duque está alerta y desplegó 170.000 agentes para reforzar la seguridad al tiempo que cerró los pasos fronterizos y deportó a 24 venezolanos acusados de ingresar al país para fomentar la agitación.
“Se está preparando como si esto fuera una guerra”, señaló Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “Es muy vago lo que han mostrado de una posible alteración de orden público”.
Duque, que tiene un discreto índice de aprobación del 26%, se ha embarcado en una ofensiva de seducción para intentar conectar con la población y contrarrestar las afirmaciones erróneas en redes sociales que apuntan que propuso elevar la edad de jubilación y reducir los salarios a los trabajadores jóvenes.
“Yo no vengo a hablar de jardín de rosas”, manifestó en una entrevista en una emisora de radio. “Estoy hablando de un país que está en recuperación, una economía que está mejorando, que se desempeña hoy en las mejores de Latinoamérica”.
Aun así, muchos colombianos dicen que tienen muchas razones para estar enojados.
A pesar del acuerdo de paz alcanzado por el anterior gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, gran parte del país sigue sumido en la violencia mientras grupos ilegales armados compiten por territorios en los que el estado no ha establecido aún su presencia. Docenas de indígenas y líderes sociales fueron asesinados en crímenes que siguen sin resolver. El ejecutivo de Duque ha hecho una pequeña mella en la reducción de los cultivos de coca, pero los campos con la planta que se emplea para elaborar la cocaína siguen cubriendo amplias zonas.
Mientras tanto, el gobierno de Duque ha sufrido una serie de embarazosos reveses.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció a principios de noviembre tras las revelaciones de que al menos ocho menores murieron en un ataque contra una pequeña banda de disidentes. El aliado clave de Duque, el expresidente Álvaro Uribe, está siendo investigado por presunta manipulación de testigos. Y el propio Duque fue criticado por mostrar unas fotografías en la Asamblea General de Naciones Unidas que, según dijo, eran la prueba de que el gobierno socialista de la vecina Venezuela da refugio a rebeldes izquierdistas colombianos, aunque después se supo que al menos una de esas imágenes había sido tomada en su país.
Aunque la economía colombiana creció a un ritmo más rápido este año, la nación sigue teniendo uno de los niveles de desigualdad más altos de Sudamérica. Casi el 11% de la población está desempleada, un dato que sube al 17,5% en adultos jóvenes.
“El país está en una profunda crisis”, apuntó Daniel Sánchez, un estudiante de arquitectura que tiene previsto manifestarse el jueves. “El gobierno no escucha a la gente”.
Al contrario que en otras protestas recientes, no hay un evento cristalizador que haya provocado la movilización, sino que existen una serie de quejas que varían ampliamente en función de a quien se pregunte.
Las declaraciones de ministros sobre posibles reformas financieras generaron preocupación entre los sindicalistas por las pensiones y la ley laboral, aunque el gobierno de Duque insiste en que esas propuestas no existen.
Los grupos de estudiantes acusan al ejecutivo de incumplir parcialmente un acuerdo para mejorar la financiación de la economía alcanzado tras una ola de protestas el año pasado. Duque incrementó el presupuesto educativo a lo que dijo que es su mayor nivel en la historia de Colombia, pero los activistas estudiantiles señalan que siguen faltando fondos para la ciencia.
Los manifestantes evaluarán a lo largo del jueves qué acciones podrían tomar en los próximos días para mantener el movimiento vivo, explicó el líder estudiantil José Cárdenas.
“Lo que pasa en Chile es un mensaje contundente”, señaló.
Los analistas dudan que las protestas en Colombia se acerquen a las masivas movilizaciones de Chile y otros países de la región, apuntando a una serie de diferencias clave, incluso aunque existan paralelismos en factores económicos subyacentes como la profunda desigualdad y el aumento del costo de la vida.
Por un lado, los votantes rechazaron ampliamente al partido gobernante en las recientes elecciones municipales, lo que sugiere que muchos siguen viendo una opción de cambio en los partidos de la oposición, dijo Basset.
“Esto habla más bien de un sistema que tiene alternativas”, apuntó. “Es bastante distinto”.
Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, señaló que la respuesta de las autoridades a las protestas tendrá mucha importancia.
“No es inapropiado dar una respuesta de seguridad a las amenazas de seguridad”, dijo. “El desafío real será asegurarse de que esté dirigida correctamente y que se mantiene dentro de los límites apropiados”.

Los saqueos y daños incluso afectaron a un par de iglesias católicas en la capital chilena y a la catedral metropolitana. Como muchos comercios, bancos, edificios institucionales, de consultas médicas y de tiendas por departamento, han blindado sus puertas y ventanales con madera y metal.
Los desmanes no han frenado las protestas que se suceden casi a diario ni los anuncios del presidente centroderechista Sebastián Piñera, que ha ofrecido leves mejoras sociales y un histórico acuerdo de todos los partidos políticos --excepto los comunistas-- para convocar en abril próximo a un plebiscito que preguntará a los chilenos si quieren una nueva Constitución y quiénes tendrían que escribirla.
Aquí un vistazo a lo que ocurre en el país sudamericano.
¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LAS PROTESTAS?
En la primera semana de marchas pacíficas participaron centenares de miles, hasta reunirse 1,2 millones de personas sólo en una céntrica plaza de Santiago, punto de reunión diario en la capital. Los manifestantes son de todas las edades. Hay estudiantes, profesionales, padres con sus hijos, ancianos --la mayoría jubilados-- obreros y empleados.
Los manifestantes llevan pancartas de todo tipo con sus demandas. Además portan banderas nacionales, negras y mapuches, la mayor etnia originaria que habitaba Chile y que resistió 300 años a los conquistadores españoles.

El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo informaron el martes sobre la muerte de tres personas. Nadia Cruz, Defensora del Pueblo dijo que los fallecidos fueron identificados como Deybi Posto Cusi, de 31 años, Edwin Jamachi Paniagua y un tercer fallecido aún no identificado.
En tanto, el fiscal Williams Alave explicó que se realizan las autopsias a los cuerpos.
La policía y las Fuerzas Armadas realizaron por la mañana un operativo con un convoy de autos cisternas para transportar combustible hasta La Paz desde la planta de gas en el barrio de Senkata, en la vecina ciudad de EL Alto, tras la escasez que dejó el bloqueo carretero hace cinco días por personas afines al expresidente Evo Morales.
Cruz explicó que en un informe preliminar los fallecidos habrían sido por impacto de arma de fuego. “Se desconoce las circunstancias en que ocurrió el hecho”, agregó.
La representante también pidió la desmovilización de las Fuerzas Armadas a fin de evitar que se produzcan más muertes.
“Es un operativo sorpresa. Nosotros lo que queremos es abastecer a la ciudad. Nosotros esperamos que no haya disturbios en exceso”, dijo el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora a la televisora ATB.
Agregó que unas 23 cisternas lograron pasar para abastecer de combustibles la ciudad.
El ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que las Fuerzas Armadas no usaron armas de fuego en el operativo.

Los rehenes, el estadounidense Kevin King y el australiano Timothy Weeks, fueron liberados en la provincia sureña de Zabul, en el distrito de Now Bahar, una región mayormente bajo control talibán, según un miembro de la milicia que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar su nombre.
Los dos rehenes, profesores de la Universidad Americana de Kabul, fueron entregados a fuerzas estadounidenses y trasladados desde la zona en un helicóptero estadounidense.
La entrega llegó horas después de que el gobierno afgano liberase a tres prisioneros talibanes y los enviara a Qatar. Entre ellos estaba Anas Haqqani, hermano menor del número dos del Talibán, Sirajuddin Haqqani, que también lidera la temible red Haqqani.
Al parecer, los insurgentes se habían negado a entregar a los dos profesores hasta recibir pruebas de que sus hombres habían llegado a Qatar.
La Universidad Americana de Afganistán confirmó la liberación, indicando en un comunicado que su “comunidad comparte el alivio de las familias de Kevin y Timothy, y estamos deseando proporcionar todo el apoyo que podamos a Kevin y Tim y sus familias”.
El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, anunció hace una semana la “liberación condicional” de los tres talibanes, indicando en una rueda de prensa emitida en vivo por televisión que había sido una decisión muy difícil que sentía debía tomar en interés del pueblo afgano.
King y Weeks fueron secuestrados en 2016 ante la universidad donde trabajaban.
El intercambio pretendía facilitar un reinicio de las conversaciones para poner fin a los 18 años de guerra en Afganistán y preparar la futura retirada de las tropas estadounidenses en el país.
Estados Unidos estuvo cerca de un acuerdo con el Talibán en septiembre, pero una nueva oleada de violencia en la capital afgana, en la que murió un soldado estadounidenses, frenó en seco las negociaciones y un acuerdo inminente.