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Cuando entre en vigor el 1 de abril, los trabajadores de comida rápida en California tendrán el salario base garantizado más alto de la industria. El salario mínimo estatal para todos los demás trabajadores ( 15,50 dólares por hora ) ya se encuentra entre los más altos de Estados Unidos.
El gobernador demócrata Gavin Newsom firmó la ley el jueves en medio de una multitud de trabajadores y líderes sindicales que lo vitoreaban en un evento en Los Ángeles. Newsom descartó la opinión popular de que los trabajos en comida rápida están destinados a que los adolescentes tengan su primera experiencia en el mundo laboral.
"Esa es una versión romántica de un mundo que no existe", dijo Newsom. "Tenemos la oportunidad de recompensar esa contribución, recompensar ese sacrificio y estabilizar una industria".
La firma de Newsom refleja el poder y la influencia de los sindicatos en el estado más poblado del país, que han trabajado para organizar a los trabajadores de la comida rápida en un intento por mejorar sus salarios y condiciones laborales.
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El líder republicano expuso su estrategia el miércoles a puertas cerradas, cuando exhortó a su díscola mayoría a trabajar juntos. Ha dispuesto una votación de ensayo para el viernes, en la víspera del vencimiento del plazo para el cierre, sobre un proyecto de extrema derecha que reduciría en un 8% el presupuesto de muchos organismos y endurecería la seguridad en la frontera. Pero el presidente Joe Biden, los demócratas y su propia ala derecha lo han rechazado.
“Quiero resolver el problema”, dijo McCarthy a la prensa en el Capitolio después de la reunión.
Pero ante las preguntas de cómo haría para aprobar un plan de gastos republicano si su propia ala derecha lo rechaza, McCarthy tuvo pocas respuestas. Rechazó de plano el proyecto bipartidista del Senado, que financiaría el gobierno hasta el 17 de noviembre, agregando 6.000 millones de dólares para Ucrania y 6.000 millones para ayuda en los desastres mientras continúan las negociaciones. Insistió, como siempre, que no dejará de intentarlo.
El Congreso está en una encrucijada días antes de un cierre del gobierno federal que detendría el pago de salarios a millones de empleados públicos federales y las fuerzas armadas, cerraría muchos organismos y dejaría a la deriva a los estadounidenses que dependen en mayor o menor medida del gobierno.
McCarthy exige que Biden se reúna con él para discutir la seguridad en la frontera. Pero el presidente de la cámara tiene poco con qué presionar a la Casa Blanca si no cuenta con el respaldo de todo su bloque y después de haber abandonado el acuerdo sobre endeudamiento al que llegó con Biden meses atrás y que ahora es ley.
En la otra ala del Capitolio, el líder de la mayoría, el demócrata Chuck Schumer, inició la sesión con una advertencia contra los extremistas de derecha que “parecen regocijarse con el cierre del gobierno”.
“Un cierre irresponsable no sirve a propósito alguno”, dijo Schumer.
En una muestra inusual de coincidencia con su contraparte demócrata, el líder del bloque republicano, Mitch McConnell, exhortó a sus correligionarios de la cámara baja a tomar en cuenta el proyecto temporario del Senado que mantiene la financiación en sus niveles actuales, además de los fondos para Ucrania y los desastres en el país, y abandonen la estrategia del cierre.
STEPHEN GROVES
Stephen is a correspondent based in South Dakota.
(Foto AP /J. Scott Applewhite)
BY LISA MASCARO AND STEPHEN GROVES
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El gobierno federal ya grava la venta de armas y municiones con un 10% o un 11%, según el tipo de arma. La ley que firmó Newsom agrega otro impuesto del 11% a eso, lo que convierte a California en el único estado con un impuesto separado sobre armas y municiones, según el grupo de defensa del control de armas Brady.
El dinero pagará mejoras de seguridad en las escuelas públicas y una variedad de programas de prevención de la violencia armada, incluidos aquellos dirigidos a jóvenes pertenecientes a pandillas. El dinero del impuesto federal, que ha estado vigente durante más de 100 años, financia programas de conservación de la vida silvestre y educación de cazadores.
Las leyes fueron algunas de las casi dos docenas de medidas de control de armas que Newsom firmó el martes. Pero reconoció que muchas de estas leyes podrían no sobrevivir a los desafíos legales ahora que la Corte Suprema de Estados Unidos ha impuesto un nuevo estándar en la interpretación de las leyes sobre armas del país. La semana pasada, un juez federal anuló una ley de California que prohibía las armas con cargadores desmontables que llevan más de 10 balas, uno de los tres principales casos pendientes que cuestionaban las restricciones de armas de California.
“Puede que no signifique nada si los tribunales federales los desestiman”, dijo Newsom. “Creemos firmemente que estos proyectos de ley cumplen con el (nuevo estándar) y fueron redactados en consecuencia. Pero no soy ingenuo respecto de la imprudencia de los tribunales federales y la agenda ideológica”.
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Trump, en cambio, viajó a Michigan en un intento de sacar provecho a la huelga del sindicato United Auto Workers y de atraer a los obreros sindicalizados en un estado crucial que podría ayudar a decidir la elección general. Sus competidores, mientras tanto, se negaron a participar en un juego propuesto por los moderadores en la Biblioteca Ronald Reagan al estilo de los reality show, eligiendo a quién descartarían de la pugna o votarían “fuera de la isla”.
El tono del debate estuvo muy alejado de una campaña marcada por los ataques de Trump contra sus rivales y las instituciones democráticas, así como por sus quejas por una serie de procesos penales y civiles contra su persona y sus negocios. Los moderadores no preguntaron por los cargos contra Trump ni por qué las personas en el escenario estaban más cualificadas que Trump, y en su lugar plantearon temas como educación, política económica y la frontera entre México y Estados Unidos.
Trump, en cambio, viajó a Michigan en un intento de sacar provecho a la huelga del sindicato United Auto Workers y de atraer a los obreros sindicalizados en un estado crucial que podría ayudar a decidir la elección general. Sus competidores, mientras tanto, se negaron a participar en un juego propuesto por los moderadores en la Biblioteca Ronald Reagan al estilo de los reality show, eligiendo a quién descartarían de la pugna o votarían “fuera de la isla”.
El tono del debate estuvo muy alejado de una campaña marcada por los ataques de Trump contra sus rivales y las instituciones democráticas, así como por sus quejas por una serie de procesos penales y civiles contra su persona y sus negocios. Los moderadores no preguntaron por los cargos contra Trump ni por qué las personas en el escenario estaban más cualificadas que Trump, y en su lugar plantearon temas como educación, política económica y la frontera entre México y Estados Unidos.
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El juez Arthur Engoron, al fallar en una demanda civil presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, concluyó que Trump y su compañía engañaron a bancos, aseguradoras y otros al sobrevaluar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio neto en la documentación utilizada para hacer negocios y obtener préstamos.
Engoron ordenó que algunas de las licencias comerciales de Trump fueran rescindidas como castigo, lo que les dificultaría o imposibilitaría hacer negocios en Nueva York, y dijo que continuaría teniendo un monitor independiente que supervisara las operaciones de la Organización Trump.
Si no se apela con éxito, la orden despojaría a Trump de su autoridad para tomar decisiones estratégicas y financieras sobre algunas de sus propiedades clave en el estado.
Trump, en una serie de declaraciones, criticó la decisión, calificándola de “antiestadounidense” y parte de un complot en curso para dañar su campaña para regresar a la Casa Blanca.
“Mis derechos civiles han sido violados y algún tribunal de apelaciones, ya sea federal o estatal, debe revocar esta horrible decisión antiestadounidense”, escribió en su sitio Truth Social. Insistió en que su empresa había “hecho un trabajo magnífico para el estado de Nueva York” y “hizo negocios perfectamente”, calificándolo de “¡Un día muy triste para el sistema de justicia del estado de Nueva York!”.