ROMA (AP) — El papa Francisco instó el jueves a los sacerdotes a evitar la “hipocresía clerical” y a tratar a su congregación con misericordia, en una larga serie de órdenes a los sacerdotes de Roma al inicio de la Semana Santa.

El pontífice, con una apariencia más fuerte, presidió la misa del Jueves Santo en la Basílica de San Pedro, durante la que se bendijeron los óleos para los servicios religiosos. Más tarde en el día, viajará a la principal cárcel de mujeres de Roa para el ritual en el que lavará los pies a las reclusas como símbolo de humildad y servicio.

Francisco, de 87 años y que este invierno sufrió problemas respiratorios, parecía en buen estado en la misa matinal. Leyó una larga homilía, tras renunciar a leer su texto en el último minuto durante la misa del Domingo de Ramos el pasado fin de semana.

En sus palabras, el papa advirtió a los sacerdotes que no cayeran en la “hipocresía clerical”, o en predicar una cosa a sus fieles y hacer otra en su propia vida espiritual. En su lugar, les instó a mostrar siempre misericordia hacia los fieles y a no juzgarlos, sino a llorar por sus propios pecados.

Hacer esto, apuntó, “significa mirar hacia dentro y arrepentirse de nuestra ingratitud e inconstancia, y reconocer con dolor nuestra duplicidad, deshonestidad e hipocresía”.

La misa fue la primera gran liturgia papal en la basílica desde que el gran baldaquino de Bernini fue cubierto con andamios para su renovación y limpieza.

Francisco tiene por delante unos días de mucha actividad que pondrán a prueba su resistencia.

El viernes por la noche irá al Coliseo para asistir a la procesión del Vía Crucis, en la que se representa la crucifixión de Cristo. El sábado por la noche presidirá una Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro y, unas horas más tarde, la misa del Domingo de Resurrección en la piazza, en la que pronunciará su discurso Urbi et Orbi al mediodía, destacando los conflictos y desastres mundiales que afligen a la humanidad.

(AP Foto/Gregorio Borgia)

BY NICOLE WINFIELD

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Las pandillas han intensificado sus ataques en el centro de la capital de Haití, incendiando una escuela y saqueando farmacias frente al hospital público más grande del país.

Los ataques que comenzaron el lunes y continuaron hasta las primeras horas del martes marcan casi un mes desde que hombres armados comenzaron a atacar infraestructura clave en Puerto Príncipe , incluidas estaciones de policía, el principal aeropuerto internacional que permanece cerrado y las dos prisiones más grandes de Haití, liberando a más de 4.000 reclusos.

"La violencia y la inestabilidad en Haití tienen consecuencias que van mucho más allá del riesgo de la violencia misma", dijo el martes Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, en un comunicado. "La situación está creando una crisis de salud y nutrición infantil que podría costar la vida a innumerables niños".

Según UNICEF, el número de niños en Haití que se estima que padecen desnutrición aguda grave ha aumentado un 19% este año. Además, alrededor de 1,64 millones de personas están al borde de la hambruna. "Esta crisis de desnutrición es enteramente provocada por el hombre", dijo Russell.

La violencia ha obligado al cierre de carreteras y de ciertos hospitales y ha impedido que los grupos de ayuda entreguen suministros críticos en el momento en que más se necesitan.

Según UNICEF, sólo dos de los cinco hospitales de Haití están operativos en todo el país. Además, la violencia en Puerto Príncipe ha impedido la distribución de suministros de salud y nutrición para al menos 58.000 niños que padecen emaciación grave, dijo la agencia.

Decenas de personas han muerto en los ataques en curso y unas 17.000 han quedado sin hogar mientras la Policía Nacional de Haití sigue abrumada por bandas fuertemente armadas que controlan el 80% de la capital.

El martes, el presidente estadounidense Joe Biden aprobó hasta 10 millones de dólares en asistencia de emergencia para las fuerzas de seguridad haitianas para “proteger a los civiles y la infraestructura crítica contra ataques de pandillas organizadas y selectivas”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Jean-Pierre dijo que los fondos provienen del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y pueden usarse para materiales que incluyen armas, municiones, chalecos antibalas y cascos.

Mientras tanto, los miembros de un bloque comercial regional conocido como Caricom han presionado para acelerar la formación de un consejo presidencial de transición con la esperanza de que pronto pueda ayudar a sofocar la violencia actual.

Las bandas criminales de Haití se han opuesto durante mucho tiempo al actual Primer Ministro Ariel Henry, culpándolo de profundizar la pobreza, pero los críticos de las bandas los acusan de intentar tomar el poder para ellos mismos o para políticos haitianos no identificados.

El consejo de transición sería responsable de elegir un nuevo primer ministro y un consejo de ministros. Henry, que fue excluido de Haití cuando comenzaron los ataques, ha dicho que dimitirá una vez que se cree el consejo.

Sin embargo, múltiples reveses siguen retrasando la formación del consejo, que estará compuesto por nueve miembros, siete de ellos con poder de voto.

El lunes renunció René Jean Jumeau, nominado para representar al sector religioso de Haití sin derecho a voto.

"La necesidad de acciones concretas es demasiado fuerte para permanecer impotente en la postura de espectador", afirmó en una carta dirigida al consejo.

Mientras tanto, el coronel Himmler Rébu, ex coronel del ejército de Haití y presidente del Gran Rally para la Revolución de Haití, partido que obtuvo un escaño en el consejo, dijo a Radio RFM 104.9 el martes que cree que el consejo fracasará.

Rébu dijo que los funcionarios deberían pasar rápidamente al Plan B, que según él debería implicar otorgar poderes a un juez de la Corte Suprema de Haití para seleccionar a los nuevos líderes del país.

Entre los partidarios de ese plan se encuentra la Federación Protestante de Haití. El lunes emitió una declaración respaldando la selección de un juez de la Corte Suprema que actuaría como presidente interino y ayudaría a elegir un primer ministro.

Los funcionarios caribeños dijeron que no están previstas reuniones adicionales con los miembros nominados del consejo para la semana, ya que han pedido más tiempo para trabajar en varios asuntos internos no identificados.

El periodista de Associated Press Bert Wilkinson en Georgetown, Guyana, contribuyó a este informe.

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(Foto AP/Odelyn Joseph)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los migrantes venezolanos suelen responder rápido a la pregunta sobre la parte más difícil de su viaje por ocho países hasta a la frontera de Estados Unidos, y no es la caminata de varios días por la selva entre Colombia y Panamá con sus víboras venenosas, arañas gigantes y escorpiones. Es México.

“En la selva, tienes que prepararte para los animales. En México, tienes que prepararte para los humanos”, dijo Daniel Ventura, de 37 años, después de tres días recorriendo el Tapón del Darién y cuatro meses esperando en México para entrar de forma legal en Estados Unidos utilizando el sistema de citaciones online del gobierno, llamado CBP One. Él y su familia de seis se dirigen a Fort Atkinson, Wisconsin, donde vive un familiar.

La campaña de México contra la inmigración de los últimos meses — a instancias del gobierno de Joe Biden — ha afectado especialmente a los venezolanos. Esto muestra hasta qué punto Washington depende de México para controlar la inmigración, que ha alcanzado niveles sin precedentes y es una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a las presidenciales de noviembre, en las que el Biden busca la reelección.

Las detenciones de migrantes que cruzan de forma ilegal desde México bajaron este año tras alcanzar su máximo histórico en diciembre. El mayor descenso se dio entre los venezolanos, con 3.184 arrestos en febrero y 4.422 en enero, frente a los 49.717 de diciembre.

Aunque dos meses no marcan una tendencia y los cruces ilegales siguen siendo altos en comparación con los niveles históricos, la estrategia de México de mantener a los migrantes cerca de su frontera con Guatemala, en lugar de en la que comparte con Estados Unidos, es un alivio temporal para el gobierno de Biden.

Un gran número de venezolanos comenzaron a llegar a Estados Unidos en 2021, primero tras volar a México y luego, cuando el país impuso restricciones de visa, a pie y en autobús. En septiembre, los venezolanos reemplazaron brevemente a los mexicanos como la principal nacionalidad en cruces fronterizos.

Las medidas mexicanas incluyeron obligar a los migrantes a bajar de los trenes en los que viajaban, llevarlos al sur en avión y bus y devolver a algunos a Venezuela.

La semana pasada, México anunció que daría alrededor de 110 dólares mensuales durante seis meses a cada venezolano que deporte, con la esperanza de que no regresen. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, amplió el martes la oferta a ecuatorianos y colombianos.

“Si se apoya a la gente en sus lugares de origen, se reduce considerablemente el flujo migratorio, pero eso requiere de recursos y eso es lo que no ha querido hacer el gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador, a quien las limitaciones del mandato le impiden aspirar a la reelección en junio.

Los migrantes cuentan que deben pagar a funcionarios corruptos en los frecuentes puestos de control del gobierno para evitar ser enviados a las ciudades del sur de México. Cada revés es costoso y frustrante.

Yessica Gutierrez, de 30 años, salió de Venezuela en enero con un grupo de 15 familiares entre los que hay niños pequeños. Dijo que evitaron algunos de los controles caminando entre la maleza. El grupo espera ahora en la Ciudad de México a conseguir una cita para cruzar de forma legal a Estados Unidos. Para poder usar CBP One, los solicitantes deben estar en el centro o el norte de México, por lo que su grupo duerme en dos tiendas de campaña donadas frente a un centro para migrantes y consultan la aplicación a diario.

Más de 500.000 migrantes han utilizado la app para entrar a Estados Unidos por los pasos fronterizos terrestres desde México desde que comenzó a usarse en enero de 2023. Pueden quedarse en el país durante dos años en virtud de una autoridad presidencial, que también les permite trabajar.

Los venezolanos son la gran mayoría de los 73.166 migrantes que cruzaron el Tapón del Darién en enero y febrero, y la cifra va camino de superar el récord del año pasado de más de 500.000, según el gobierno panameño, que sugiere que los venezolanos siguen huyendo de un país que ha perdido más de siete millones de habitantes por la agitación política y el declive económico. Las autoridades mexicanas pararon a migrantes venezolanos más de 56.000 veces en febrero, casi dos veces más que en los dos meses anteriores, según sus datos.

“La cuestión de fondo aquí es: ¿Dónde está los venezolanos? Están en México, pero ¿dónde?”, dijo Stephanie Brewer, que cubre México para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo que monitorea los abusos de derechos humanos.

México deportó a apenas 429 venezolanos durante los dos primeros meses de 2024, lo que supone que casi todos los demás están esperando en el país.

Mucho temen aventurarse al norte de la Ciudad de México por si son asaltados o devueltos al sur del país. Estados Unidos admite a 1.450 personas al día a través de las citas de CBP One, que se conceden con dos semanas de antelación.

Aunque consigan esquivar a las autoridades mexicanas, los migrantes se sienten amenazados por bandas que secuestran, extorsionan y cometen otros delitos violentos.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha elogiado sus propios esfuerzos para explicar la reciente reducción en los cruces ilegales en su estado, donde la Patrulla Fronteriza realiza al menos el 95% de las detenciones de venezolanos. Entre otras cosas, instaló alambre de espino, una barrera flotante en el río Bravo y planea construir una nueva base para la Guardia Nacional.

El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, atribuyó en gran parte a México el descenso de los arrestos fronterizos.

Pero algunos venezolanos siguen rumbo al norte a pesar de los peligros.

Marbelis Torrealba, de 35 años, llegó esta semana a Matamoros, al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas, con su hermana, su sobrina y las cenizas de su hija, que se ahogó en un naufragio en Nicaragua. Contó las autoridades mexicanas y las bandas les robaron y que fueron devueltas varias veces al sur de México.

Un albergue consiguió que puedan entrar de forma legal a Estados Unidos por motivos de emergencia humanitaria, pero estaba preparada para cruzar la frontera de forma ilegal.

“A mí ya me pasó lo peor: ver a su hijo muriéndose en tu cara y sin poder hacer nada”, afirnó.

Spagat informó desde Tijuana, México, y Gonzalez desde Matamoros, México. La periodista de The Associated Press Rebecca Santana en Washington, D.C., contribuyó a este despacho.

BY CHRISTOPHER SHERMAN, ELLIOT SPAGAT AND VALERIE GONZALEZ

(Foto AP/Fernando Llano)

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Los jueces que supervisan un juicio de derechos humanos de alto perfil en Argentina condenaron el martes a 11 ex funcionarios por crímenes de lesa humanidad, en el primer caso que se centra en la práctica pasada por alto de la ex dictadura militar de cometer violencia sexual contra mujeres transgénero. .

El juicio en el tribunal de La Plata, un suburbio al sur de la capital, duró casi cuatro años y añadió nuevos detalles y conocimientos a las atrocidades narradas anteriormente, profundizando la comprensión de la nación sobre su traumática historia. Los demandantes transgénero subieron al estrado de los testigos por primera vez en una serie de audiencias escalofriantes que pusieron de relieve tanto el sufrimiento de la comunidad transgénero como la táctica generalizada de violencia sexual bajo la dictadura de derecha que gobernó Argentina de 1976 a 1983.

Grupos de derechos humanos estiman que 30.000 personas sospechosas de oponerse al gobierno militar fueron secuestradas, torturadas sistemáticamente en centros clandestinos de detención y “desaparecidas” durante ese tiempo.

En el tan esperado veredicto, 10 acusados ​​fueron condenados a cadena perpetua y uno a 25 años de prisión por su papel en un plan de represión violenta que incluyó asesinatos, torturas, violencia sexual y el secuestro de niños nacidos en cautiverio, entre otras presuntas Crímenes ocurridos en cuatro centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires. Los jueces absolvieron a un exfuncionario.

“Lo diferente de este juicio es que por primera vez en Argentina y en el mundo se condenan crímenes de lesa humanidad cometidos contra mujeres trans en el contexto del terrorismo de Estado”, dijo la fiscal Ana Oberlín a The Associated Press. "Fue un buen veredicto, estamos más que satisfechos".

La dictadura militar promovió los valores católicos tradicionales y consideró a los argentinos LGBTQ como subversivos en la sociedad heterosexual. Incluso ser abiertamente gay podría llevar a la cárcel.

El juicio del martes involucró a 600 víctimas y testimonios de cientos de testigos que sacaron a la luz relatos de abuso sexual dirigido específicamente a mujeres transgénero, así como casos de soldados que robaron bebés a sus madres detenidas antes de entregarlos en adopción a miembros de la dictadura y sus leales. Un ex médico de policía que supervisó los nacimientos de mujeres en cautiverio se encontraba entre los condenados a cadena perpetua.

Cientos de hombres y mujeres en Argentina han crecido con identidades falsas , ajenos a sus verdaderos orígenes como hijos de “desaparecidos”.

Ocho de las demandantes relataron haber sido violadas y torturadas en uno de los centros clandestinos de detención más grandes de Argentina, conocido como Banfield Pit.

Los gritos de “¡Genocida, genocida!” estalló en la sala llena de sobrevivientes y familiares de las víctimas. Después de leer el veredicto, lloraron y se abrazaron. Muchos portaban retratos de sus seres queridos desaparecidos y carteles con el lema: “Somos 30.000” y “Fue un genocidio”.

El veredicto se produce mientras el presidente de extrema derecha Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, han cuestionado el reconocimiento legal de los abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, un esfuerzo que fue defendido por sus predecesores de izquierda. Organizaciones argentinas de derechos humanos han expresado especial preocupación por los vínculos familiares de Villarruel con el ejército y el activismo en favor de las víctimas de crímenes cometidos por guerrillas de izquierda a principios de los años 1970. Las víctimas de la dictadura ven esa defensa como una justificación implícita de la represión estatal que siguió.

Villarruel y Milei han puesto en duda públicamente la cifra de 30.000 desaparecidos, señalando que una comisión independiente sólo pudo identificar a 8.960.

La mayoría de los acusados ​​en el juicio del martes ya han sido condenados en otros casos y trasladados a arresto domiciliario debido a su edad y al deterioro de su salud. Sintonizaron la audiencia por videollamada. El tribunal ordenó a los acusados ​​bajo arresto domiciliario someterse a nuevos exámenes médicos para determinar si podían regresar a prisión.

Desde que el gobierno argentino derogó en 2004 las leyes de amnistía que protegían a ex soldados, los tribunales del país han dictado 321 sentencias por crímenes de lesa humanidad y condenado a 1.176 personas. El esfuerzo histórico para responsabilizar a los líderes militares por abusos pasados ​​continúa, y aún hay más de una docena de juicios en curso en el país.

Los activistas elogiaron el veredicto del martes como un paso adelante muy esperado para el movimiento por los derechos de las personas transgénero de Argentina, que ganó un impulso sin precedentes bajo el ex presidente socialmente liberal Alberto Fernández.

Los periodistas de Associated Press Isabel DeBre y Víctor Caivano en Buenos Aires, Argentina, contribuyeron a este informe.

POR  DÉBORA REY

(Foto AP/Gustavo Garello)